El juicio al desarrollista Ribeiro ingresó al tramo final y se convertirá en leading case
Si bien ya hubo un pronunciamiento jurisdiccional en el mismo expediente, fue en un abreviado. Por primera vez en Córdoba habrá una sentencia en un proceso abierto sobre
el presunto complot para defraudar a inversores. La fiscalía estima el perjuicio en US$ 15 millones. Se pedirá decomiso de los bienes incautados, en su mayoría inmuebles aunque
también figuran vehículos y hasta un avión. Para los abogados de Ribeiro sólo hubo “incumplimiento contractual”.
ACUSADORES. El fiscal Enrique Gavier, quien comenzó su alegato la semana pasada, junto a uno de los abogados querellantes. |
Cedoc Perfil
Hay expectativa en los tribunales provinciales por la sentencia que dictará la Cámara 10ª del Crimen en el expediente por presuntas estafas inmobiliarias de la firma Ribeiro Construcciones SRL. Si bien la Justicia local tiene pronunciamientos en hechos similares, es la primera vez que se aplica la figura de asociación ilícita, es decir un complot entre más de tres personas para defraudar a inversores inmobiliarios.
Están acusados el arquitecto Jorge Ribeiro; sus hijas, Georgina María y Ana Lucía Ribeiro, y sus yernos Carlos Hernán Castro y Marcos Javier Lío. El expediente tenía otros acusados que aceptaron sus responsabilidades y acordaron un juicio abreviado. Ellos son Tomás Ribeiro, hijo de Jorge; Natalia Meosi, su esposa, y Guillermo Adrián Taberna. Recibieron condenas el 29 de octubre del 2020 por parte del Juzgado de Control N° 7 a cuatro años y cinco meses; tres años y 11 meses y tres años y cinco meses de prisión, respectivamente.
El juicio oral y público, que entró en la etapa de alegatos, comenzó en septiembre del año pasado. Cuando se inició, hubo un intento de acuerdo para un abreviado, pero se cayó porque Ribeiro se negó a pagar las indemnizaciones que pretendían los clientes estafados. Con ese antecedente, se espera que existan pedidos de condenas.
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La semana pasada comenzó su alegato el fiscal Enrique Gavier, que interviene como acusador ante la Cámara. Viene haciendo una descripción pormenorizada de los 35 hechos y está previsto que continúe el próximo martes por la tarde.
En un tramo de sus conclusiones, Gavier fue desentrañando la trama con que la que –según su convicción– se concretó la asociación ilícita desde que iniciaron los proyectos de edificios de departamentos y cocheras. Vendieron nueve en total y uno se proyectó en Villa Carlos Paz. “La obra que más avanzó llegó a una ejecución del 50 por ciento”, puntualizó Gavier. El resto quedó en los papeles.
Habló de “incumplimiento sistemático” y “vaciamiento de fideicomisos” a la par que se verificaba “el crecimiento patrimonial de los imputados”. También señaló que no llevaron contabilidad ni ofrecieron un cuadro verídico de los negocios. “No tenían libros ni registros”, puntualizó y dijo que “la empresa nació insolvente”.
JORGE RIBEIRO. Acusado de jefe de una asociación ilícita que vendía departamentos que no se construyeron, habría operado desde 2009 a 2018. Estuvo detenido, ahora se encuentra en libertad.
Se puede decir que las presuntas estafas narradas fueron tridimensionales: a los inversores, a los dueños de las tierras que adquirieron y a los proveedores de materiales de construcción.
En el caso de los terrenos sobre los cuales edificarían, fueron “comprados” a través de canjes. Los Ribeiro no desembolsaron, aparentemente, ni un solo peso para las transacciones. A los dueños les ofrecieron departamentos en pozo que jamás construyeron. Actualmente, los lotes figuran bajo la titularidad de los diferentes fideicomisos.
Las mismas promesas extendieron a corralones que entregaron material para el poco avance que alcanzaron las obras. Tampoco les habrían pagado un solo peso.
Las maniobras arrancaron en 2009 y se extendieron hasta mediados del 2018.
El negocio que ofrecieron a personas con cierto poder adquisitivo consistía en inversiones de inmuebles en pozo detrás de la imagen de una pujante y eficiente empresa familiar, dedicada a la construcción y venta de inmuebles bajo el sistema de fideicomisos para la construcción de viviendas al costo.
A quienes compraron les entregaron recibos, pusieron en marcha algunas construcciones y fingieron rendir cuentas de manera regular. Así, consolidaron la imagen de una verdadera oportunidad para contratar y disponer de ahorros o bienes e invertirlos o confiarlos a ellos.
Todo ello con la supuesta ventaja de precios al costo, justamente porque la adquisición del inmueble se hacía en pozo. Tuvieron varias sedes, una que funcionó en calle Artigas al 450 y luego otra sobre la Cañada, en Marcelo T. de Alvear 940.
Ribeiro es considerado la cabeza de la organización. El empresario asumió el papel de fiduciario de los fideicomisos y era el rostro visible de la empresa. Para cada uno de los edificios denominados RAE, con designación numérica ascendente, se creaba un fideicomiso. De ahí se habrían transferido ingresos y propiedades a la SRL familiar.
El resto de los acusados tenían diferentes roles gerenciales: financiero, administrativo, de marketing, diseñador y firmante de los proyectos, etc. Los inversores entregaron desde US$ 60.000 a US$ 180.000. Pero hubo un caso particular: la firma La Maluca SRL compró 107 cocheras y entregó US$ 950.000. Expectativa por decomisos. El fiscal posiblemente solicitará el decomiso de los bienes incautados. Entre los elementos registrables hay autos y un avión y también hay inmuebles, por caso una vivienda en el barrio La Rufina a nombre de Lavisse, esposa de Jorge Ribeiro; otras casas en La Cuesta, Altos de Villa Warcalde y en el housing Barrancas del Cerro.
GABRIEL LOYO FRAIRE Y JORGE GONZÁLEZ. Los codefensores de Jorge Ribeiro sostienen que no se cometieron estafas sino incumplimientos. Pedirán la absolución porque, alegarán, no hubo dolo.
La posición defensiva. En diálogo con este medio, Gabriel Loyo Fraire, codefensor de Ribeiro junto a Jorge González, anticipó que pedirán la absolución de su cliente. Refutó la hipótesis de la asociación ilícita y las estafas porque “ambas figuras requieren dolo y acá sólo existieron incumplimientos contractuales”. Destacó que entre los querellantes no están todos los damnificados porque “el resto fue a reclamar donde corresponde hacerlo por los incumplimientos”.
