El juicio, entre abrir o no pesquisas penales a las autoridades políticas de Seguridad

Desde el inicio del juicio en la Cámara 8ª del Crimen –integrada con jurados populares– se esperaba la palabra del exministro de Seguridad Alfonso Mosquera sobre el crimen policial del adolescente Valentino Blas Correas, ocurrido el 6 de agosto de 2020. El jueves finalmente declaró el actual legislador.

Lo antecedió quien, con cargo de subsecretario, era considerado su segundo en la cartera, el abogado Lucas Mezzano. Fue la semana de las testimoniales políticas.

A la desmemoria e imprecisiones de Mezzano le siguió la sólida exposición, con explicaciones para todo, de Mosquera quien le puso título al operativo policial que terminó con la vida del adolescente: un grave hecho de violencia institucional.

La audiencia está en desarrollo y hay que esperar hasta el final para tener certezas de qué investigaciones se abrirán a partir de este juicio. Hay ya un anuncio concreto: el miércoles pasado el fiscal Marcelo Hidalgo dijo durante el debate que “el Ministerio Público Fiscal remitirá antecedentes” contra el excomisario Gonzalo Cumplido, en este caso por encubrimiento. La misma tesitura podría alcanzar a otros mandos intermedios. Ya hay un grupo de policías bajo investigación administrativa y judicial por no asistir a Blas moribundo, aunque la aplicación de sanciones fue cuestionada por estar prescripto el hecho.

Sobre los responsables políticos, ¿podría desprenderse también alguna nueva investigación? Hasta el momento no se avizora tal situación. Los hechos que se les podría endilgar tienen en parte una respuesta.

El auto de Cumplido. Solo hay un aspecto que no está del todo claro: la entrega de un Toyota Corolla a Gonzalo Cumplido y los gastos derivados del combustible y su mantenimiento. En su testimonial Mosquera dijo que fue “un favor personal”. Conociendo que “había un funcionario (del Ministerio) que tenía dos (autos), uno en desuso, se lo pedí porque era por un tiempo, algo transitorio”. “Dos tickets de combustible –continuó– los pagó Mezzano y yo pagué el seguro y Rentas”. Cuando le consultaron a título de qué asumió esos gastos, enfáticamente respondió que “se los pagó a Mario Valverde (dueño del auto)”. “Fue una gauchada que me puso incómodo con una persona que había hecho un favor”, culminó. Al parecer, el auto sigue en poder de Cumplido.

El cargo prometido. Varios minutos le insumió al exministro explicar “el contexto” de su relación con el excomisario Cumplido. Dijo que él intercedió, por pedido del policía, para que no pasara a retiro años atrás. Después de eso elogió su desempeño durante las exequias del exgobernador, José Manuel de la Sota; el Congreso internacional de la Lengua Española; la apertura del Parque del Chateau; el torneo internacional de tenis; los operativos durante la pandemia, y explicó que por todos esos acontecimientos se construyó un vínculo de confianza. “Yo analicé la posibilidad de que se incorpore a mi equipo”, dijo y despegó el fracaso de esa incorporación de la investigación por el crimen de Blas. En realidad, el 27 de noviembre de 2020 fueron detenidos los comisarios Jorge Galleguillo y Walter Soria y tres días después Mezzano le comunicó a Cumplido que debía retirarse. Las coincidencias mantienen las suspicacias.

Alarcón reprobado. Otro aspecto que se escudriñó durante las testimoniales fue la razón por la cual el policía Javier Alarcón, acusado en el juicio por homicidio calificado, estaba en la calle portando armas si no había aprobado el curso de tiro. Mosquera dijo que él siempre fue informado de que los efectivos en tareas operativas “son idóneos”. “Si hubiera sabido que no era idóneo yo hubiese sido el primero en presentar una denuncia”, sostuvo y dijo que eso depende de la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía. La actual jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, era la titular en el momento del crimen de Blas. Cuando ella declaró en el juicio, semanas atrás, explicó la situación. Dijo que a Alarcón se lo intimó en un plazo de 30 días, establecido por norma, para que realizara un nuevo curso. El tema es que esa advertencia ocurrió dos semanas después del crimen.

UNA MADRE QUE PUSO EN FOCO LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

Alfonso Mosquera, en un radical cambio de posición, habló de violencia institucional ante el jurado. Equiparó la acción policial a las peores épocas de la dictadura. El mérito de semejante exposición es de Soledad Laciar. Desde que pudo erguirse tras el crimen de su hijo exigió que se asumiera la existencia de falencias estructurales en la formación y control para erradicar prácticas policiales que vulneran los derechos de las personas.

Aceptó las disculpas, las agradeció y expresó su anhelo de que el reconocimiento público del exministro sirva para modificar las cosas, “para que no haya otros Blas”.

El primer paso se ha dado. Se le puso nombre: violencia institucional. Lo que no está claro es si de este juicio surgirán responsabilidades penales sobre eso. Y si, en la faz política, habrá cambios efectivos. Claudio Stampalija, actual secretario de Seguridad, fue asesor durante la gestión de Mosquera en la cartera.