¿Cómo, dónde, cuándo, a quién y por qué? Bajo esas premisas deberá iniciarse la investigación para determinar si Córdoba también tuvo a sus vacunados vip. El fiscal federal N°2 Carlos Casas Nóblega tendrá, desde ahora, la enorme tarea de establecer si hubo alguna irregularidad en el plan de vacunación cordobés.
La investigación judicial surge luego de una presentación del diputado Luis Juez y del senador Ernesto Martínez. En la denuncia no se aportaron nombres, lugares, posibles maniobras, ni tampoco potenciales delitos. Según los denunciantes, la intención es que la Justicia pueda esclarecer las sospechas y rumores de posibles vacunados vip en Córdoba.
El primer paso del fiscal fue exigir a las autoridades del Ministerio de Salud que presenten de manera detallada el desarrollo del plan de vacunación, pero lo más relevante que solicitó es la lista completa y registrada de todos los vacunados. En ese registro deberán figurar el nombre, DNI, ocupación y edad de los vacunados y si están contemplados dentro del orden de prioridades. Desde la fiscalía esperan que durante esta semana los datos estén disponibles para la Justicia.
A última hora del viernes, desde el ministerio le pidieron a la fiscalía una “exclusión del deber de confidencialidad”, como paso previo a enviar la información. La Provincia quiere evitar inconvenientes a futuro, en caso de que algún particular presente una demanda por una posible violación a la ley de Protección de Datos Personales.
Desde la fiscalía hubo un pedido expreso a la Provincia para que toda la información, y principalmente la lista de vacunados, sea condensada en un formato de planilla de Excel para clasificar la información de manera más rápida y ágil.
En ese documento “tiene que figurar la cantidad de vacunas que ingresan y esa misma cantidad tiene que estar inoculada”: esa es la lógica que seguirán desde la Justicia para la investigación. El fiscal pidió la trazabilidad de las vacunas.
Información clave. La fecha de inoculación será uno de los primeros factores a evaluar por parte del fiscal. Con el reporte y los datos que brinde el Ministerio de Salud se pondrá el foco en establecer a quiénes fueron destinadas las primeras vacunas que llegaron, los criterios que se utilizaron, qué cargos tenían y por qué se decidió que sean esas personas las que recibieran las dosis. En definitiva, se buscará concluir si se respetó el orden de prioridades y si hubo privilegios a la hora de vacunarse.
Otro de los factores que analizará el fiscal es si todas las vacunas que llegaron a la provincia fueron inoculadas y en caso de existir faltantes determinar la diferencia.
Además, la investigación pondrá el foco en la distribución de las vacunas en el interior: allí se investigará cómo actuaron intendentes, jefes comunales y directores de hospitales. “En ese reparto de vacunas tenemos un cono de sombras”, admiten fuentes judiciales.
En dialogo con PERFIL CÓRDOBA, el fiscal Casas Nóblega aseguró que “el objetivo es analizar la regularidad o irregularidad del proceso de vacunación. En caso de encontrar alguna inconsistencia se tendrá que analizar si se trató de una falencia administrativa o determinar qué delito se podría haber cometido y, en ese caso, establecer los responsables. La sociedad exige una respuesta. Todo el sistema vacunatorio tiene un reglamento sobre cómo tienen que ser distribuidas las vacunas, sus prioridades y a qué población está dirigida. Ese plan de vacunación no debería tener excepciones y si las hubo tenemos que investigar, por qué se actuó de esa manera y deberán explicarlo”.
“Personal estratégico”. En el listado del nuevo Monitor Público de Vacunación se incluye uno de los sectores más polémicos de los vacunados, el denominado ‘Personal Estratégico’, donde se establece que esa población está comprendida por las fuerzas de seguridad y armadas, docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, responsables del funcionamiento del Estado y personal del Servicio Penitenciario. En cuanto al Personal Estratégico, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, estableció un nuevo esquema para transparentar la vacunación de ese sector. Se resolvió que los involucrados de los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), deberán especificar los alcances de su función, el grado de exposición y el riesgo que implica su desempeño al solicitar una autorización para ser inmunizado. La norma define como personal estratégico a las “personas que desarrollen funciones de gestión necesarias y relevantes para el adecuado funcionamiento del Poder Ejecutivo, a representantes del Estado argentino en organismos internacionales y personas que realicen viajes al exterior como miembros de delegaciones oficiales”. El listado deberá ser público. Oficialmente, la Provincia informó que, como personal estratégico, fueron vacunados el gobernador Juan Schiaretti; el vice, Manuel Calvo, y los ministros Diego Cardozo, Walter Grahovac, Juan Carlos Massei, Sergio Busso y Alfonso Mosquera. De todos modos, la lista es más amplia e incluye a legisladores y colaboradores cercanos tanto del gobernador como del vicegobernador.
