El miércoles 8 de febrero se reanudará en la Cámara 8ª del Crimen el juicio oral y público contra 13 policías por el crimen y posterior encubrimiento de Valentino Blas Correas, ocurrido el 6 de agosto de 2020. Ese día está previsto que se concreten seis testimonios y un careo entre efectivos que ya ofrecieron su versión de lo sucedido.
El tribunal dispuso que se realicen seis jornadas este mes y otras tantas en marzo con miras a concluir con el veredicto a fin del mes próximo o en los primeros días de abril.
Durante gran par te de enero, los fiscales Fernando López Villagra y Marcelo Hidalgo continuaron trabajando. En una de las oficinas desplegaron dos enormes cuadros. Uno incluye la línea de tiempo, con precisión de minutos, de lo sucedido aquella madrugada, cuando un control policial disparó contra el auto en el que se conducía Blas con un grupo de amigos, causándole la muerte. Y, a partir de ese instante, la secuencia de actos que habrían configurado el encubrimiento del crimen policial. En esa cronología un elemento importantísimo es el arma plantada para sostener la versión de un intercambio de disparos y justificar el innecesario desenlace fatal.
El otro cuadro, que apunta precisamente a ese encubrimiento, está compuesto por todos los cruces de llamadas y mensajes telefónicos entre los acusados y entre estos y algunos jefes y autoridades de Seguridad de la Provincia.
El juicio intenta determinar las responsabilidades penales de los policías que dispararon, Lucas Damián Gómez (35) y Javier Catriel Alarcón (31), y los 11 restantes que intervinieron en los instantes sucesivos. Calificaciones legales. Gómez y Alarcón están acusados por el homicidio de Blas y la tentativa de homicidio del resto de los jóvenes que iban en el Fiat Argo atacado. En todos los casos, calificado y agravado. Los 11 restantes están acusados de “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente (el homicidio)”.
Qué puede deparar el juicio. El debate oral y público, con participación de jurados populares, procura en primer término confirmar o desestimar cada una de las acusaciones a los 13 policías que están sentados en el banquillo. Pero, además de eso, los fiscales trabajan en nuevas hipótesis surgidas de lo que se escuchó durante el juicio que comenzó el 7 de septiembre pasado. Eso podría dar lugar a ampliar la acusación a algunos de los imputados. Un capítulo aparte es la posibilidad de que nuevas personas sean investigadas.
¿Qué pasará, por ejemplo, con Alfonso Mosquera, exministro de Seguridad provincial? Entre otras cosas, su testimonio tuvo elementos que contrastaron con el que brindó el entonces jefe de la Policía de Córdoba, Gustavo Vélez. Sobre el arma plantada aquella madrugada, mientras Mosquera dijo que se enteró tres días después, Vélez advirtió que en las primeras horas del 6 de agosto ya le había comunicado el dato.
