El viernes pasado, durante una reunión mixta presencial y virtual las cabezas de los Poderes Judiciales de todo el país realizaron un planteo inédito: pidieron que la Nación pague las deudas pendientes a las provincias cuyas cajas previsionales no fueron transferidas.
El planteo fue expuesto por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, Domingo Sesín, quien estuvo conectado virtualmente porque no pudo viajar a Buenos Aires por el paro general.
Estaba presente en el encuentro el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien se comprometió a trasladar la petición a los funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación.
Un total de 13 de los 24 estados subnacionales que no transfirieron sus sistemas jubilatorios tienen disímiles, pero acuciantes, situaciones que comprometen las cuentas públicas. Y por eso los ministros de cortes provinciales están preocupados.
En Córdoba, la situación motivó una reforma previsional -llamada Ley de Equidad Jubilatoria- que ya tiene los primeros pronunciamientos judiciales que concedieron medidas cautelares ordenando a la Caja de Jubilaciones no afectar los ingresos de jubilados. En un expediente también avaló el reclamo de trabajadores activos.
Primera reunión de Jufejus del año
El contexto en que se produjo la novedad reseñada es la primera reunión anual de la comisión directiva de la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y Ciudad de Buenos Aires (Jufejus).
Fue encabezada por la presidenta de la entidad, Emilia María Valle. Participaron 41 ministros y ministras de cortes provinciales, de los cuales 17 estuvieron presentes en la Sede de la Junta, Av Alem 1074 en Caba, mientras que 24 lo hicieron de manera virtual.
Se trataron diversos temas sobre la gestión para el año que se inicia.
Amerio informó que la partida presupuestaria comprometida para garantizar la continuidad de la implementación de la plataforma de interoperabilidad judicial “BUS Federal” ya había sido transferida para garantizar el trabajo que se viene realizando. Se trata de una plataforma estándar digital que permite la interoperabilidad entre organismos judiciales, entidades públicas y privadas, integrando sus sistemas y procesos de gestión digital con los poderes judiciales del país.
También expuso el especialista en ciberseguridad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Santiago Paz, organismo con el cual se desarrolla un acuerdo de colaboración para acelerar la transformación digital de la justicia en las 24 jurisdicciones provinciales.
Este fue el contexto en el cual Valle invitó a Sesín a exponer la preocupación que había manifestado previamente a sus colegas de otras provincias.
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Cuál es el argumento planteado
A causa del déficit previsional por la deuda que Nación no regulariza con las provincias, en varios poderes judiciales provinciales se han reducido los haberes de los salarios de magistrados, funcionarios y empleados, tanto activos como pasivos.
Según expuso Sesín el recorte salarial materializado por diferentes vías afecta directamente la independencia de la Justicia.
En diálogo con este medio, el presidente del TSJ y miembro de Jufejus valoró positivamente la posibilidad de expresar el problema y dijo que Amerio mostró una “excelente predisposición” para “conversar con el Ministerio de Economía”.
El tiempo dirá si causó efecto el planteo o el gobierno nacional continúa impermeable a los reclamos que llegaron incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
