En medio de la corrida del dólar, el cierre del acuerdo con el FMI, las tensiones por los cambios en el Central y el inicio de un profundo programa de ajuste fiscal, la situación del sistema previsional no ha copado aún el centro de la agenda porque está garantizado su financiamiento en el más corto plazo. Sin embargo, este es el momento en el que hay que comenzar a debatir un modelo que garantice su estabilidad para los próximos 30 años. Desde PERFIL Córdoba empezamos a profundizar el análisis del este crucial tema crucial: en esta oportunidad, con el Economista Jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel), Santiago Urbiztondo.
-¿Cuál es el diagnóstico que hacen del sistema previsional? ¿Se volvió inviable en el corto plazo?
-El sistema no es inviable en el corto plazo, dado que su financiamiento por medio de transferencias del sector público -vía impuestos- permite pagar las distintas prestaciones.
El problema es que cada vez, con las reglas vigentes, se requieren más impuestos. Esa mayor demanda de ingresos se debe a decisiones tomadas en la década pasada que duplicaron el número de beneficiarios incorporando población que realizó aporte parciales o simplemente población sin aportes, el cese progresivo de aportes por las moratorias, la incorporación de nuevos pasivos bajo el régimen de la prestación universal (PUAM), las mayores erogaciones por el programa de reparación histórica, y/o la actualización de beneficios por mecanismos de indexación que resultan neutrales con inflación constante pero aumentan los gastos reales si la inflación desciende.
A ello se agrega la persistencia de incentivos a mantenerse fuera del sistema, que presionará en el futuro sobre el déficit del sistema o sobre los beneficios que otorga.
Por ende, la inviabilidad del sistema es de largo plazo, implicando costos crecientes para el conjunto de la sociedad (incluidos los jubilados) en la medida en que el gasto público consolidado resulta inviable y requiere financiamiento vía mayor presión impositiva, deuda pública o emisión que impiden el desarrollo productivo.
-¿En dónde radican las mayores distorsiones estructurales? ¿Es más complicada la situación del sistema nacional o de las cajas provinciales?
-Las distorsiones deben definirse según la correspondencia o no entre aportes y beneficios: si quienes reciben beneficios no realizaron aportes, o si quienes realizaron aportes no reciben beneficios, ahí hay una distorsión.
En conjunto, ocurre que se otorgan más beneficios que los aportes recibidos (las moratorias de la última década fueron elocuentes), pero también hay fuertes penalizaciones para quienes aportan durante su vida activa mucho más de lo que luego reciben. Esta falta de correspondencia entre aportes y beneficios es el germen central de la inviabilidad de largo plazo del sistema previsional argentino.
Algunas cajas provinciales se han adecuado a los parámetros del sistema nacional, mientras que otras cajas (La Pampa por ejemplo) mantienen parámetros que profundizan la insostenibilidad del sistema.
-Las últimas medidas adoptadas por la gestión Macri ¿colaboraron a ir a un saneamiento del sistema o complicaron el camino?
-En 2016 se tomaron medidas respecto de las moratorias, institucionalizando la prestación universal (PUAM) en un 80% de la jubilación mínima (sin beneficios a familiares dependientes), lo cual representó una mejora relativa respecto de la incorporación previa indiscriminada de no aportantes al haber mínimo.
No obstante, este beneficio debería definirse en conjunto con una revisión general de la estructura de beneficios respecto de los montos y años en los que sí se realizaron aportes, aunque insuficientes para acceder a una jubilación ordinaria (con 30 años de aportes en general). Esto representaría una mejora en términos de justicia (mayor correspondencia) y eficiencia (mayores incentivos a realizar aportes al sistema aún sabiendo o creyendo que no será posible cumplir con 30 años de aportes a lo largo de la vida laboral activa).
La modificación de la fórmula de actualización realizada a fines de 2017, aunque razonable desde distintos puntos de vista (particularmente el fiscal) es muy poco relevante en términos de la viabilidad del sistema en el mediano o largo plazo. Además, claramente, no avanza en absoluto respecto de mejorar la correspondencia y corregir incentivos para cerrar en el mediano o largo plazos el financiamiento impositivo del sistema previsional.
-El Gobierno nacional anunció que estudiaría la situación de los regímenes especiales ¿en qué medida estos regímenes están complicando el financiamiento del sistema y qué se debería hacer al respecto?
Persisten regímenes especiales que –tal como se logró en el pasado para un subconjunto de los regímenes provinciales– deben ser adecuados a los parámetros del sistema nacional.
-¿A medida que avance la ejecución del acuerdo con el FMI, podrían aparecer exigencias para el sistema previsional?
-Esta pregunta parece haberse respondido por la realidad, no hubo ningún condicionamiento. Y ello tiene lógica: la forma en que los argentinos decidimos asignar el gasto público (incluyendo los beneficios previsionales), mientras podamos cubrirlo con los impuestos que los propios argentinos pagamos, es un problema de los argentinos.
Por otra parte, el acuerdo de stand by tiene un horizonte de corto plazo (36 meses de duración, y con claras connotaciones de urgencia de corto plazo), mientras que una reforma del sistema de pensiones forma parte de una agenda de reformas estructurales que debe encarar la Argentina en los próximos años.
-Argentina fue y vino respecto de la privatización del sistema. ¿Para darle viabilidad de largo plazo, considera que habría que insistir con una nueva privatización? ¿Hay modelos alternativos?
-La experiencia con las AFJPs en la Argentina fue decepcionante, no porque los rendimientos logrados fueran bajos sino por la inexistente defensa del sistema realizada en 2008 por las propias AFJP y sus dueños (básicamente el sistema financiero doméstico). Esta experiencia deja de lado la opción de un sistema de capitalización como parte del menú de opciones, al menos durante un buen tiempo.
Se puede mantener una administración pública centralizada del sistema como ocurre actualmente (excepto por las cajas provinciales no transferidas) mejorando la correspondencia entre aportes y beneficios, y haciendo que al momento de cumplir con la edad mínima para el retiro se contabilicen todos los aportes realizados para sumar beneficios por sobre un monto mínimo universal mucho más bajo que el 80% del haber jubilatorio mínimo actual.
-Si no se logra avanzar en ese sentido ¿cuál es el panorama?
-Sin una reforma de este tipo se acentuará la tendencia a tener un número menor de aportantes y un número mayor de beneficiarios, requiriendo aumentar el número de años con aportes para recibir una jubilación superior al 80% de la mínima y/o aumentar la edad mínima para acceder a la jubilación. Claramente, si no se empiezan a hacer las reformas necesarias, se acentuará en el mediano y largo plazo el desbalance inicial hasta que, finalmente, la abrumadora mayoría de los trabajadores sólo podrá acceder a una jubilación mínima universal y existirá un puñado de aportantes formales expoliados, mientras el conjunto de la sociedad vivirá en la informalidad y la precariedad económica y social.
