El presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, contador Beltrán Corvalán, y la primera vocal, doctora Fernanda Leiva, se presentaron en Tribunales 2 para radicar una denuncia penal contra Caminos de las Sierras por incumplimiento de los deberes de funcionario público de sus directivos y autoridades. El organismo de control asegura que solicitó información sobre rendición de cuentas en reiteradas oportunidades sin obtener respuesta alguna por parte de la empresa.
Corvalán fue contundente al explicar los motivos de la presentación: "Tenemos serias sospechas de sobreprecio en las contrataciones, de trajes a medida, y no se cumple con el deber constitucional porque si vos administrás fondos públicos tenés que rendir cuentas, tenés que ser transparente. Estos fondos públicos son de todos los cordobeses".
Una cadena de negativas que derivó en la denuncia
La denuncia penal es el desenlace de un cruce institucional que se extendió por meses. Desde diciembre de 2025, la Secretaría de Fiscalización Presupuestaria del Tribunal de Cuentas envió al presidente de Caminos de las Sierras, contador Julio Bañuelos, al menos cuatro series de requerimientos formales de documentación: sobre el servicio de corte de pastos y mantenimiento de la red de accesos a Córdoba, sobre las cabinas de peaje, sobre los procedimientos de compras y contrataciones, y sobre el personal en relación de dependencia y locaciones de servicio, todo ello correspondiente al período 2022-2025.
En todos los casos, la respuesta de Bañuelos siguió el mismo patrón: sostener que los ejercicios 2022, 2023 y 2024 ya habían sido auditados y aprobados sin hallazgos por el propio Tribunal y que las cuentas de inversión habían sido ratificadas por la Legislatura provincial, por lo que consideraba agotado el control sobre esos períodos. El Tribunal rechazó esa postura y respondió en cada ocasión que la ausencia de hallazgos previos no limita sus facultades de auditoría, dado que el control de legalidad es una potestad continua e irrenunciable, respaldada por el artículo 127 de la Constitución Provincial y la Ley 10.930.
Las irregularidades bajo la lupa
Por su parte, la vocal Leiva detalló los casos más sensibles. Uno de ellos es el contrato de prestación del servicio de alimentos para los más de setecientos empleados de la empresa, vigente desde 2014, que se renueva sin proceso licitatorio, sin redeterminación de precios y bajo acuerdos directos entre partes cuyo monto exacto se desconoce. El otro involucra la Autovía de la Ruta 38, obra que comenzó con un presupuesto determinado y terminó con un incremento del 150%, distribuido en distintos tramos adjudicados sin licitación mediante contrataciones directas.
A esto se suma que la empresa cuestionó incluso la competencia del Tribunal para requerir cierta documentación técnica vinculada a las cabinas de peaje, argumentando que esas atribuciones corresponden al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP). Para el Tribunal, esa postura implica arrogarse la potestad de definir cuáles son las facultades del organismo de control, algo que consideran jurídicamente inaceptable.
La figura penal y el encuadramiento legal
La denuncia apunta directamente a Julio Bañuelos en su carácter de presidente del directorio de una sociedad cuyo capital pertenece en un 100% a la Provincia de Córdoba, lo que lo equipara a un funcionario público a todos los efectos legales. La conducta descripta fue encuadrada en el artículo 249 del Código Penal, que tipifica el incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque los denunciantes dejaron abierta la posibilidad de que la investigación revele otras figuras penales aplicables.
El Tribunal de Cuentas remarcó que administrar fondos públicos implica una obligación constitucional de transparencia y rendición de cuentas, y que la negativa sistemática de Caminos de las Sierras a brindar información dejó al organismo sin otra alternativa que la vía judicial. La denuncia abre ahora una nueva etapa en el control de una empresa que maneja recursos de todos los cordobeses.
