El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió abrir un sumario administrativo a la fiscal de Instrucción del 2° turno de Bell Ville, Isabel Reyna, después de un análisis preliminar de la denuncia que había presentado, en octubre pasado, la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (Agepj).
La Oficina de Sumarios, a cargo de Tristán Quiles, le notificó la decisión para que designe un defensor técnico. En el plazo de cinco días hábiles debe presentar su descargo. Así lo confirmaron a Perfil Córdoba fuentes del TSJ.
La denuncia, publicada en exclusiva por este medio el 11 de este mes, contiene numerosos hechos reñidos con los valores y normas que deben regir la actuación de una magistrada.
Isabel Reyna asumió como fiscal de Bell Ville en el año 2018, pero tomó gran notoriedad a nivel provincial y nacional en febrero de este año cuando quedó a cargo de la investigación por la desaparición de Lian Flores, de tres años de edad, en Ballesteros Sud. Sin embargo, fue esquiva a las declaraciones públicas y quienes explicaron las medidas que se iban tomando fueron los fiscales generales Juan Manuel Delgado y la adjunta Betina Croppi.
Como se sabe, luego se conformó un equipo de fiscales provinciales y federales para continuar investigando el caso.
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Múltiples conductas reprochables
La denuncia que se tramita en la Oficina de Sumarios tiene varias aristas.
Una está relacionada con el maltrato que dispensaría a sus dependientes. La Fiscalía General debió reorganizar y trasladar a personal. En las últimas dos semanas, una funcionaria debió pedir carpeta por razones de salud.
Ya comenzó a intervenir la nueva Oficina de Violencia Laboral que depende del TSJ, integrada por especialistas designados recientemente. Está previsto que se constituya en el lugar y releve testimonios.
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Pero lo que más llama la atención en la denuncia es el modo con que se dirige a ciudadanos que acuden a la fiscalía o la Unidad Judicial a presentar denuncias.
Hay testimonios que dan cuenta de un manifestaciones xenofóbicas, desprecio o mirada peyorativa, hacia la comunidad boliviana, justamente a la cual pertenece la familia del niño Lian, de quien no se conoce aún el paradero.
También habría tenido manifestaciones gordofóbicas.
No sólo serían expresiones utilizadas en público, sino que habrían embebido su desempeño como fiscal retardando la recepción de denuncias o el trámite de las causas, tiñendo su actuación con percepciones negativas hacia víctimas y damnificados.
Después de la publicación de la primera nota, Perfil Córdoba recibió comentarios respecto a ese tipo de situaciones. Una fuente judicial calificada de Bell Ville refirió que “los justiciables lo sufren, que no se les tomen las denuncias o reciban destrato es inaceptable”.
