La Unión Transitoria de Empresas (UTE) Represas Patagonia se transformó en el primer escenario de una batalla legal de fondo que dará el Gobierno nacional con una empresa del ‘riñón K’ involucrada en los cuadernos de las coimas, la cordobesa Electroingeniería SA (Eisa).
Represas Patagonia –que está integrada por China Gezhouba Group, propietaria del 56%; Eisa, 34% e Hidrocuyo, 10%– ganó la licitación para construir la obra llamada Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz, que incluye las represas La Barrancosa (a 170 kilómetros de Comandante Luis Piedra Buena) y Cóndor Cliff (a 130 kilómetros de El Calafate).
El lunes pasado, ejecutivos de Gezhouba se trasladaron a los obradores pioneros ubicados en las estancias Rincón Grande y La Enriqueta (donde se encuentra el personal que se ocupa de levantar las viviendas para los trabajadores) con el fin de “hacerse cargo de la dirección y control del proyecto y desplazar a la gente de Electroingeniería”, confirmó a PERFIL Córdoba una fuente de la representación legal en Argentina de la compañía china.
Según el vocero, “este es el primer paso de un proceso que llevará a una paulatina desvinculación de Electroingeniería de la UTE”. De acuerdo a lo explicado por esta fuente, se trata de un “proceso acordado que demandará unos meses, durante el cual el 34% (en manos de EISA) se irá reduciendo hasta llegar a cero. Se deben cumplir con una serie de requisitos legales y lógicamente incluirá un resarcimiento económico (para Electroingeniería)”, explicó el representante de los intereses de Gezhouba.
Consultada la sede de Eisa con base en Córdoba acerca de estos hechos sorprendió la absoluta desmentida. En relación a las versiones que “indican que Electroingenieria SA dejará de formar parte de la sociedad que lleva adelante la construcción del Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz informamos que las mismas son incorrectas”, dijo la empresa cordobesa a través de un comunicado. Y enfatizó: “Electroingeniería sigue formando parte del proyecto”.
¿Por qué entonces fueron desplazados de su gestión?, se le preguntó. “Debido a la necesidad de contar con financiamiento inmediato para la aceleración de las actividades de construcción, que se dificulta por la crisis económica y financiera del país, se ha acordado que sea China Gezhouba Group quien lidere las actividades de construcción civil en respaldo a la obtención de crédito externo”, respondió Eisa.
La trastienda. Antes del viaje hacia Santa Cruz, los ejecutivos de Gezhouba se reunieron con el secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel. Allí el mensaje del Gobierno a los empresarios chinos habría sido muy claro: “Los US$700 millones que pone el Estado para arrancar la obra no pueden pasar por las manos de Electroingeniería y la queremos fuera del proyecto”. El 85% del financiamiento restante (US$4.000M) proviene de bancos chinos.
La obra es clave para cumplir con el programa de independencia energética del país, dado que en pleno funcionamiento tendrá una potencia instalada de 1.310 megavatios (4% del consumo total nacional).
Aunque concretarla es estratégico, en la decisión del Gobierno nacional estarían pesando dos antecedentes: el reconocimiento del ex director Comercial de la empresa, Jorge Guillermo Neira, de haber pagado US$200 millones de coima a “instancia y conocimiento del ingeniero (Gerardo) Ferreyra” y las irregularidades que se dieron en el proceso licitatorio de las represas, con la presunta activa participación de Carlos Zannini y Julio De Vido en beneficio de Electroingeniería.
En efecto, la UTE Represas Patagonia había quedado en tercer lugar por su oferta económica, pero en virtud de una Carta de Descuento presentada en el mismo acto de apertura de los sobres (lo cual no estaba previsto en el pliego licitatorio) la redujo en 17,4%, ofertando así $18.947 millones (por debajo de los $20.479 millones que había presentado el grupo ganador). ¿Lo llamativo? Ese monto que le sirvió a la UTE para ganar era un 52% inferior al costo real de la obra.
Quienes conocen el historial de aquel proceso (ocurrido en 2013) aseguran que fue una orden de Cristina Fernández de Kirchner la que orientó a Zannini y a De Vido a actuar en favor de Gerardo Ferreyra, convertido entonces en el “empresario eje” del círculo K a raíz de que Lázaro Baéz comenzaba a ser víctima de las primeras denuncias de Leonardo Fariña; y a Cristóbal López, De Vido le había “sugerido” no presentarse a esta licitación.
Este círculo de intereses se vio completado este año cuando trascendieron, por informes periodísticos, correos electrónicos que prueban que la esposa de De Vido, Alessandra Minicelli, asesoró a Ferreyra en la presentación para la licitación de las represas, mientras aún tenía un cargo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Golpe a las finanzas. La virtual desvinculación de Electroingeniería SA (Eisa) de la UTE Represas Patagonia podría ser un golpe mortal para sus finanzas.
La agencia FIX SCR (afiliada a Fitch Ratings) considera que “las obras de Eisa podrían verse afectadas por las investigaciones y las acciones judiciales vinculadas a su director y vicepresidente en licencia Gerardo Luis Ferreyra”.
En opinión de la calificadora, “la capacidad de generación de fondos de la compañía quedaría seriamente limitada ante un retraso o paralización de sus obras, ya que el 94% de su backlog se encuentra concentrado en solo dos obras”, señaló el analista de Fix, Pablo Andrés Artusso.
El backlog (cartera de proyectos pendientes de ejecución) de Eisa se limita a las represas de Santa Cruz y a la Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II (en la localidad de Campana, Buenos Aires). “No obstante, existe un elevado nivel de incertidumbre en cuanto a la continuidad de dichas obras”, agregó Artusso.
En Córdoba, la empresa tuvo a su cargo diferentes tramos de las redes troncales de gasoductos. Finalizó la etapa 1 de los tramos Sur y Norte (Makena – Malena y Sarmiento-Villa Gutiérrez- AvellanedaTulumba) por un presupuesto de $525 millones. Mientras, tiene en desarrollo la etapa 2 del tramo Norte, por otros $667,7 millones. En su reporte dado a conocer este último jueves FIX afirma que “la compañía se encuentra en una situación financiera frágil”.
A diciembre del 2017, la caja de libre disponibilidad cubría alrededor del 29% de los pasivos financieros corrientes, mientras que la deuda total ajustada alcanzaba unos $2.193 millones. La prueba de fuego será el 18 de noviembre cuando debe cancelar Obligaciones Negociables (ON) Clase 1, que se emitieron en 2015 por $400 millones.
