Elevan a juicio la causa contra cinco dirigentes piqueteros por los cortes de calles en Córdoba
Lo dispuso el fiscal Ernesto de Aragón. Es por la protesta del 5 de abril pasado en el centro de la capital cordobesa. Los imputados son referentes locales del denominado “Movimiento Piquetero Nacional”.
El fiscal de Instrucción del Distrito IV Turno 1, Ernesto de Aragón, dispuso la elevación a juicio de la causa contra cinco dirigentes piqueteros por los cortes de calles de la protesta realizada a comienzos del mes de abril en la ciudad de Córdoba.
A los imputados se les atribuye la supuesta comisión de los delitos de “desobediencia a la autoridad” e “impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos”, según confirmó De Aragón a Perfil Córdoba.
Los imputados pertenecen a las agrupaciones Polo Obrero, MTR, MST, Libres del Sur, y al gremio ATE Córdoba.
Entre ellos se encuentran Emanuel Berardo, del PO, y Federico Giuliani, secretario General de ATE Córdoba, según trascendió extraoficialmente a los medios cuando esos dirigentes fueron imputados.
Protesta
La Fiscalía consideró que durante la protesta realizada el 5 de abril en la capital cordobesa “existió un plan, ejecutado por estos referentes para producir cortes de manera deliberada e ilegal en diversas calles y rutas de acceso a la ciudad de Córdoba”.
“En ese marco se desoyeron y desobedecieron las directivas policiales que procuraban mantener la libre circulación y se obstaculizó e interrumpió el tráfico vehicular en un punto neurálgico de la zona céntrica de la ciudad de Córdoba. Esto afectó a los medios de transporte público y privado”, indica un comunicado del Ministerio Público Fiscal.
Argumento
“El argumento de llevar a cabo una protesta, representando intereses de grupos cuyos derechos se entienden vulnerados, no brinda una coraza o salvoconducto para valerse impunemente de medios delictivos como instrumento para visibilizar el reclamo”, sostuvo el fiscal en su argumentación.
Artículo 194. “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
Artículo 239. “Será reprimido con prisión de 15 días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal”.
