El primer pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sobre un caso de vientre subrogado, provoca un fuerte impacto en la práctica médica que permite a dos personas convertirse en padres, aunque estén imposibilitados de gestar.
El máximo tribunal no permitió a una pareja gay inscribir a nombre de ambos –excluyendo a la gestante– al niño que había nacido en el año 2015. Sugirió como solución la adopción por integración, un instituto previsto para otro tipo de situaciones.
El fallo no fue unánime. Por el rechazo al pedido de los progenitores se pronunciaron Horacio Rossati, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti. En disidencia votó Juan Carlos Maqueda.
La posición mayoritaria sostuvo que hay límites precisos para declarar inconstitucional una norma, en este caso el artículo 562 del Código Civil que establece que los niños nacidos de técnicas de reproducción asistida son hijos de la mujer que los da a luz y de quien prestó su consentimiento previo para la práctica.
El pronunciamiento puede interpretarse como un retroceso, aunque también tiene un aspecto positivo. Interpela en forma directa y urgente al Congreso de la Nación para que legisle y, de ese modo, se terminen las situaciones discrecionales e irregulares.
En los últimos 15 años se presentaron 21 proyectos de ley con propuestas para aprobar y regular la gestación por sustitución en Argentina, según el reporte de la Dirección de Información Parlamentaria al que accedió PERFIL CÓRDOBA.
El primero ingresó a la Cámara de Diputados mucho antes de que se aprobara la modificación del Código Civil y Comercial, el 11 de marzo de 2009. Su autora fue la legisladora Adriana Raquel Bortolozzi de Bogado, del PJ de Formosa. Propuso incorporar el artículo 63 bis al Código, sobre la “nulidad expresa de acuerdos de maternidad subrogada”.
El último se presentó la semana pasada, con autoría del diputado nacional por Córdoba, Oscar Agost Carreño.
En el medio, entre iniciativas ingresadas por primera vez e insistencias a raíz de que perdían estado parlamentario, hubo 19 intentos. Nunca llegó a aprobarse ningún proyecto.
Los que más insistieron en la regulación de la maternidad subrogada fueron el radical mendocino Julio Cobos, quien a título personal interpuso cuatro veces sus proyectos en la Cámara Baja, y diputadas de Unidad Ciudadana, Unión por la Patria, Frente para la Victoria y Peronismo para la Victoria, las diferentes denominaciones que tuvo el kirchnerismo a lo largo de la última década. La firma de la legisladora cordobesa Gabriela Estévez estuvo presente en muchos de esos proyectos.
Lo notorio es la transversalidad. Si se repasa la lista de las firmas de autores o coautores de las iniciativas, hay diputadas y diputados del PRO, de la UCR y del GEN, es decir de la mayoría de los bloques, excepto rúbricas de libertarios.
El tema no está en la agenda legislativa para este año. Tampoco hubo pronunciamientos de dirigentes de La Libertad Avanza ni del gobierno que encabeza Javier Milei, después del fallo de la Corte.
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Con este panorama, ¿qué pasará de aquí en más con la práctica?
Hasta ahora, en Córdoba las parejas que encaraban la subrogación de vientre firmaban un consentimiento informado con la mujer gestante y los tribunales de Familia habilitaban la inscripción del bebé a nombre de los padres procreacionales, los que manifestaban su voluntad de tenerlo como hijo o hija.
Todos los fallos de tribunales inferiores en casos concretos que están firmes no se tocan; nadie puede cuestionar las filiaciones.
En esas sentencias algunos jueces declararon inconstitucional el artículo 562 del Código Civil; otros lo consideraron inaplicable al caso concreto que les tocó resolver y basaron sus fallos en la voluntad procreacional de quienes solicitaron la práctica.
Las dudas surgen sobre qué sucederá de aquí en más. La Corte sentó jurisprudencia y rechazó la posibilidad de declarar inconstitucional la norma de fondo.
El riesgo de dejar crecer el negocio montado sobre el alquiler de vientres
La gestación por sustitución quedó fuertemente herida a partir de dos causas penales en las que se investiga el presunto sometimiento de mujeres gestantes.
El primer expediente se tramita en Córdoba y hay nueve personas imputadas por el delito de trata de personas, entre las cuales se encuentran dueños de dos clínicas, psicólogas y abogados.
El segundo destapó una red de comercialización que ofrecía la práctica en el exterior a través de agencias. Claramente, el abuso y la codicia en la implementación de gestación por sustitución terminaron por romper la práctica.
El vacío legal existente contribuyó a que eso ocurra. De hecho, en uno de los tramos del voto de Horacio Rosatti en el fallo de la semana pasada, formula la pregunta sobre si el “comercio o alquiler de vientres” que “no está validado en el país” podría conducir a la “explotación de sectores vulnerables”.
Desde que trascendieron los detalles de la causa federal que investiga el fiscal Enrique Senestrari, con intervención del juez Alejandro Sánchez Freytes, los expedientes que ya estaban abiertos en los Tribunales de Familia no se interrumpieron y continuaron su trámite. Las parejas que habían pedido la autorización para la práctica no desistieron de sus acciones. Por el contrario, hay varias que están siendo analizadas.
En todos los casos la Justicia profundiza los estudios médicos, psicológicos y ambientales a las gestantes, con el fin de alejar cualquier sospecha de sometimiento de la voluntad para aceptar una intervención médica absolutamente invasiva.
Es destacable que en la mayoría de los dictámenes fiscales y fallos de los juzgados que se conocen, los tribunales instaron al Congreso Nacional para que apruebe una ley que, a esta altura, resulta impostergable. Lo mismo que hizo la Corte Suprema.
