En 2022 el congelamiento de subsidios al transporte se enfocaría en el interior

En los próximos días la Municipalidad de Córdoba comenzará a operar 11 líneas que tenía la empresa transporte urbano de pasajeros ERSA. Lo hará a través de la estatal Tamse, que recibirá a más de 570 empleados en sus filas. A la vez, la empresa municipal compró 80 unidades para lo que se invertirán $1.436 millones. Así, estamos ante una nueva foto del transporte de Córdoba, que entraría en una etapa de mayor presencia estatal: la compañía municipal controlará el 26% del sistema, tres veces lo que tenía antes del traspaso de líneas que tenía ERSA.

El cambio de líneas habla, en el fondo, de las complicaciones que generó la pandemia a los prestadores privados que ya venían de una situación crítica, pero también del manejo centralizado de los subsidios: el 85% queda en AMBA. Para analizar el sistema y cómo puede evolucionar PERFIL CORDOBA dialogó con Gabriel Bermúdez, ex subsecretario de Transporte de la Nación y actual asesor técnico del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. “Creo que, si el sistema de transporte urbano sigue así, va a seguir en crisis”, plantea.

-¿Qué diagnóstico se puede hacer del transporte cuando la pandemia va quedando atrás?
-Hay temas centrales. Los sistemas de transporte en el mundo son sistemas masivos. La pandemia alteró ese concepto. Pasó a transportarse entre un 10% y un 30% de la cantidad de pasajeros que se movilizaba antes de la pandemia. Y en esto no hay magia. Los transportes se mueven con recursos económicos y el principal ingreso es la tarifa que pagan los usuarios. Si los usuarios no suben se desfinancia el sistema automáticamente. En todo el mundo los Estados han invertido fuertemente para sostener los sistemas. Los subsidios no son mala palabra, el tema es cómo se reparten.

Bermúdez remarca que la Nación aún mantiene a su cargo líneas nacionales, de las cuáles el 99% conectan CABA y Amba y que se designaron en la época de la antigua Capital Federal. “Esas líneas nacionales debieron dejar de existir, no hay ninguna razón para que el Estado nacional intervenga en dos jurisdicciones que son independientes como CABA y provincia de BsAs. La Nación debería quedarse con la administración de las líneas de trenes y colectivos de larga distancia o con las líneas de aviones. Esto hace que la distribución que Nación realiza se base en un concepto antiguo, que es el de AMBA. Y genera una discriminación hacia el interior por la falta de homogeneidad en la aplicación de las políticas. Entonces, por ejemplo, llegamos a un punto en que ni Córdoba, ni Mendoza ni Rosario, las tres ciudades más grandes, tienen la SUBE con atributos sociales. Y eso no pasa porque significaría que el Estado tenga que poner un montón de dinero además de la tarjeta”.

-Pero para AMBA ese dinero sí se invierte, tienen SUBE con atributos sociales.
-En AMBA lo ponen exactamente. Hay que decir que en CABA y en AMBA las líneas nacionales, también las líneas de CABA que son intra CBA y las líneas provinciales se administran profesionalmente, todos los colectivos tienen GPS. Es sencillo saber cuántos kilómetros hace el sistema mensualmente, el costo por km, etc. Hay una polinómica que define cuánto cuesta el sistema por mes. Se puede controlar. En el interior, si bien es cierto que las provincias reclaman algo que les corresponde, es difícil hacer que todas las jurisdicciones cumplan y que todas las jurisdicciones tengan tecnología para controlar. Rosario, Córdoba, Mendoza, San Juan, Salta tienen tecnología de punta, se puede controlar. Pero no pasa en todos lados en el interior.

-¿Cuánto puso el Estado para sostener el sistema en pandemia?
-En 2019 con la gestión de Macri se pusieron $5.000 millones en subsidios al interior. En 2020 el Estado nacional destinó $20 mil millones, en 2021 pasaron a ser $27 mil millones y lo presupuestado para 2022 que ingresa al Congreso vuelven a ser $27 mil millones. No hay una perspectiva de crecimiento, pero aún no se debatió ese Presupuesto.

-Habría un ajuste en términos reales muy grande para 2022.
-La intención de Economía es plancharlo, sí. Una caída en términos reales. Lo que puso el Estado sirvió para pagar sueldos, para que las empresas no se endeudan más. Hay un tema de fondo que es que se atrasó la renovación del parque de colectivos de manera muy notoria.

-¿Cómo es la distribución actual de subsidios entre AMBA e interior?
-Hay que terminar el año, pero históricamente, hasta 2015 siempre fue 70% 30%. Con el macrismo se fue a 90% para AMBA y 10% para el interior. Hoy debe estar en 85% AMBA y 15% todo el interior. Lo cual es muy desigual porque si analizamos la cantidad de colectivos vemos que en todo el interior hay 34 mil colectivos y en AMBA hay 52 mil unidades. Por eso hay que hacerse cargo de lo que no funciona. En ese sentido es importante lo que está haciendo la Municipalidad de Córdoba porque los privados no están en condiciones de hacer inversiones desde hace 5, 6 años.

-¿Vamos a más presencia del Estado?
-A ver, yendo a lo que pasó en Córdoba con ERSA hay que decir que es inviable que un operador tenga el 75% del sistema. Es una posición monopólica insoportable para cualquier Estado. No se debería haberse llegado a eso. Y Tamse tampoco debería tener una posición monopólica, debería ser una empresa testigo para saber cómo se opera, para testear el sistema. En situaciones como la actual no le queda otra al Estado que invertir y mantener el servicio, pero siempre haciéndolo de manera profesional y con management que conoce del tema. Si se la maneja políticamente no sirve, porque caes en empresas que se manejan con controles laxos, con presupuesto en lugar de rentabilidad. La decisión de Córdoba es valiente, pero no hay que repetir los mismos errores del pasado.