El próximo miércoles se realizará la audiencia en un juicio que será histórico. Se celebrará en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Córdoba. Por primera vez, un grupo de proxenetas que explotó sexualmente a mujeres entre 2001 y 2012, en whiskerías del centro de la ciudad, serán condenados también por el delito de lavado de activos.
Se rematarán sus bienes y el producido irá a resarcir y reparar a las víctimas. La indemnización se fijó en más de $31 millones. El miércoles pasado, el Ministerio Público Fiscal (MPF), con participación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y de la Dirección Nacional de Recupero de Activos de la Procuración General de la Nación, alcanzó un acuerdo con los abogados defensores de siete acusados por trata de personas. Son los hermanos Fabio Ricardo (49) y Daniel Alejandro Barey (42) y su madre, Mafalda Edith Ceballos (73), representados por el defensor oficial Rodrigo Altamira; la tía de los hermanos Barey, Selva del Valle Ceballos (81) y María Cristina Andino (48), ambas patrocinadas por el defensor oficial Julio Aliaga; Marcela Elizabeth Guzmán (47), defendida por Enrique Pérez Aragón, y Graciela Mabel González, cuyo abogado defensor es Luis Obregón.
Del acuerdo participaron, además de los acusados y sus abogados, el fiscal general ante el TOF2, Carlos Gonella, y la cotitular de Protex, Alejandra Mangano.
Los hermanos Barey fueron juzgados en 2014 por el TOF1 y fueron absueltos por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Aquella sentencia fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó un nuevo juicio. Mientras ello ocurría, se abrió una nueva causa por los mismos delitos en diferentes hechos y se sumó otra por lavado de activos.
Gonella destacó el “minucioso trabajo” efectuado por el fiscal Enrique Senestrari en la instrucción para individualizar cada uno de los bienes adquiridos con el dinero obtenido a partir de la explotación de las mujeres.
En efecto, la condena incluirá el remate de tres inmuebles y cinco vehículos –al cual prestaron acuerdo los acusados– para reparar a 30 mujeres identificadas en el expediente como víctimas.
El próximo miércoles, en sala unipersonal integrada por la vocal Noel Costa, el TOF2 realizará la audiencia para homologar el acuerdo alcanzado entre los acusados y el MPF. A partir de ahí, se pondrá en marcha el proceso de remate y la indemnización a cada una de las mujeres explotadas sexualmente en las whiskerías de los hermanos Barey.
El cálculo. Las cifras que le corresponde a cada una de las mujeres ya están determinadas. El monto menor es $2.600 y el mayor $5,7 millones y depende de cuántas jornadas fueron explotadas.
Para precisar cuánto percibirán, Protex utiliza dos fórmulas que se aplicaron en juicios similares.
Una de ellas es referida a las pérdidas personales o lucro cesante, expresada del siguiente modo: período en el que la víctima fue explotada por salario predominante, aplicable para el tiempo y el lugar, más horas extras. El estimado se hizo en base al convenio colectivo del sector hotelero y gastronómico, con un sueldo básico de unos $38.000 y conformado de $52.000 a septiembre de 2021 y se contempló también el aguinaldo.
Y la otra fórmula contempla el beneficio o ganancia que obtuvieron los explotadores para lo cual se estableció el siguiente cálculo: período en el que la víctima fue explotada por el promedio de clientes por unidad de tiempo, por el promedio de la ganancia para el tratante. por cada acto de explotación sexual de la víctima.
Teniendo en cuenta ambos cálculos se confeccionaron las planillas con el nombre y el monto que recibirá cada mujer en concepto de indemnización.
A la vez, los tratantes tendrán condenas: Fabio Ricardo y Daniel Alejandro Barey, cuatro años de prisión condicional y Selva del Valle Ceballos y Marcela Elizabeth Guzmán, tres años de prisión en suspenso.
QUE SE REMATARÁ
Tras analizar cada uno de los inmuebles propiedad de los hermanos Barey y las personas que actuaron como prestanombres en las operaciones comerciales, la Justicia resolvió enviar a remate cinco vehículos y tres inmuebles. El procedimiento será realizado también por el TOF2.
Los autos son: un Audi A4, un Audi A3, un BMW, un Suzuki Swift y una Suzuki Vitara.
En tanto, los inmuebles están ubicados en calle La Rioja 390 al 394 –donde funcionó una de las whiskerías más famosas–, un departamento en calle Roma 1176 y una casa en calle Becú 2750.
De ahí saldrán los fondos para pagar la reparación económica por $31.419.562,63 a 30 mujeres identificadas como víctimas de la explotación sexual por ser alternadoras sometidas en los locales que regentearon los Barey.
CARLOS GONELLA
Un cambio de paradigma en casos penales
“Las víctimas están destruidas”, fue la primera reflexión del fiscal Carlos Gonella al ser consultado por PERFIL CÓRDOBA sobre el acuerdo alcanzado y la proximidad de la audiencia de juicio abreviado. Por ese motivo, si bien la resolución de la causa plantea aspectos muy novedosos, consideró que “es un primer paso”.
“Hay que devolverles la dignidad”, destacó Gonella al señalar que a partir de acá se pretende un abordaje integral para lo cual solicitará que la sentencia se informe al Comité Federal de Lucha contra la Trata que tiene programas de capacitación rentada en organismos públicos y, por convenios, en el sector privado.
Gonella remarcó en varias oportunidades que el resarcimiento económico es un aspecto de la reparación porque es necesario que las mujeres accedan a cuestiones elementales como trabajo, vivienda, salud para ellas y sus hijos, para lo cual hay contactos con el municipio y el Ministerio de Justicia.
NOEL COSTA
El 15 de octubre, cita con las damnificadas
Apenas recibió la notificación del acuerdo celebrado el miércoles pasado entre MPF, Procuración General y los acusados, la jueza Noel Costa citó a audiencia para el próximo miércoles para escuchar a todas las partes y, si no hay contratiempos, homologar el acta y dictar la sentencia.
Costa adelantó a este medio que también prevé informar a cada una de las 30 víctimas para lo cual fijó otra audiencia para el viernes 15 de octubre, donde les explicará el acuerdo, sus derechos reconocidos, cómo se llegará a la indemnización y les otorgará la palabra para que también puedan expresarse.
