Este jueves, al mediodía, cientos de funcionarios de los tribunales provinciales presentarán reclamos administrativos salariales en la Dirección de Administración General del Poder Judicial, ubicada frente al Paseo Sobremonte. La movida es inédita. Las presentaciones, dirigidas al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), serán individuales. Hasta ayer calculaban 600. Una delegación la formalizará de modo presencial.
La razón es la ineficacia actual de la Ley de Equiparación con los salarios de la Justicia Federal por el incremento de aportes a la Caja de Jubilaciones y a Apross. Los montos que el gobierno liquida por una vía, los reduce por otro.
En la última reunión de jueces en el Centro Núñez se enfatizó la necesidad de unidad con el reclamo de empleados y fue muy fuerte el señalamiento político respecto de la falta de fondos para cumplir una ley que tiene más de una década de vigencia. Señalaron la responsabilidad del Poder Ejecutivo y del TSJ que es cabeza de poder y no un mero observador.
¿Hay o no hay negociaciones?
Hay conversaciones -no oficiales- pero no hay oferta. Así lo dejaron trascender fuentes consultadas por Perfil CÓRDOBA en el TSJ.
Ayer, miércoles, se realizó una masiva movilización del personal de las sedes tribunalicias de Capital hasta el Panal. También fue algo inusual, por la cantidad de trabajadores que se manifestaron.
Así comenzó un nuevo paro por 60 horas que afectará a los tribunales de la ciudad de Córdoba y por 72 horas, al interior.
Suba de aportes, el gran problema
Los aumentos que liquida la administración provincial, según dispone la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hacen que la equiparación quede virtualmente anulada. Si bien hay disposiciones que establecen que los jueces y funcionarios judiciales cordobeses deben percibir el equivalente del 90% de sus pares federales, ese porcentaje quedó en el 77%.
La situación es aún peor en el escalafón del personal porque el año pasado se acordó la equiparación en tramos que se completarán recién en 2028.
La causa es el incremento de aportes a la Caja de Jubilaciones que dispuso el gobierno de Martín Llaryora a partir de la declaración de la emergencia previsional. Llevó los descuentos del 6 al 8 por ciento. Además, subió un punto porcentual el concepto de aporte a Apross.
