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Enfermera cordobesa demandó al Estado y al laboratorio AstraZeneca por efectos adversos de la vacuna contra el Covid-19

Se trata de la segunda demanda del año en la provincia contra el laboratorio. La mujer alega que las secuelas de su inoculación implicaron una variedad de tratamientos médicos, derivando en un cuadro depresivo.

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Una enfermera de 57 años de Córdoba presentó una demanda contra el Estado y el laboratorio AstraZeneca por $220 millones, alegando que la vacuna contra el Covid-19 le provocó graves problemas de salud. La mujer asegura que tras recibir la tercera dosis en noviembre de 2021, comenzó a experimentar síntomas que más tarde fueron diagnosticados como síndrome de Sjogren y púrpura trombocitopénica inmune (PTI), enfermedades autoinmunes que afectaron de forma significativa su calidad de vida.

La mujer explicó que su cuadro de salud desmejoró en un viaje a Mendoza, donde notó la aparición de petequias y hematomas en su cuerpo. Al regresar a Córdoba, fue internada de urgencia con niveles extremadamente bajos de plaquetas y recibió un diagnóstico que derivó en tratamientos psquiátricos. Además, sostuvo que las secuelas incluyen una discapacidad laboral total y permanente del 46%.

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La enfermera afirma que no fue informada sobre posibles efectos adversos de la vacuna y que nunca firmó un consentimiento informado. En su demanda, también cuestionó la falta de claridad sobre la composición de las vacunas y las cláusulas de confidencialidad establecidas en la Ley 27.573.

El caso, que se tramita en el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, es la segunda demanda multimillonaria en la provincia relacionada con efectos adversos de la vacuna. En febrero, otra mujer y su pareja demandaron al Estado y a AstraZeneca por $100 millones tras alegar que la vacuna le provocó síndrome de Guillain-Barré con incapacidad laboral del 75,6%.

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Según informó La Voz, la enfermera reclama al laboratorio la doble suma de $99 millones "en concepto de daño emergente, incapacidad sobreviniente, proyecto de vida, pérdida de chance y consecuencias no patrimoniales", y $61 millones "por presunto daño punitivo". Además, pidió que el Estado le abone $58 millones en concepto de fondo de reparación.