El fiscal de Instrucción, Alfredo Villegas, elevó a juicio una causa en la que acusó a seis policías que integraron la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 5° de robar diferentes elementos en los allanamientos que realizaban. Muchos de esos procedimientos fueron ordenados por la Justicia, pero otros no. Era tal la impunidad con la que obraron -según la investigación preliminar- que en uno de los casos se presentaron en más de una oportunidad a la misma vivienda, incluso sin la correspondiente orden para efectuar la requisa.
La causa se abrió porque una damnificada a la cual le habían sustraído un celular reclamó el aparato, acreditó ser la titular y señaló que quería recuperarlo porque en la memoria del teléfono había fotos de su esposo recientemente fallecido. Fue uno de los últimos hechos en que actuó la brigada porque a partir de ahí la Justicia puso bajo la lupa los procedimientos que el grupo de policías había practicado hasta ese momento y comenzaron a saltar las irregularidades.
Al cabo de la pesquisa, el fiscal Villegas firmó el requerimiento de elevación a juicio contra el subcomisario Claudio Daniel Rodríguez y el oficial Paulo Marcelo Torres -como jefes de la banda- y los efectivos Néstor Ezequiel Ávila -de la División Motocicletas CAP Sur-, Sabrina Lourdes Cejas, Alberto Iván Tapia Manera y Maximiliano David Merlo.
Los delitos por los que se los acusa, según el caso, son asociación ilícita, hurto agravado, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, violación de los medios de prueba y encubrimiento.
Por el turno en el que se desempeñaban, el grupo de efectivos investigados eran los que realizaban la mayor parte de allanamientos ordenados en jurisdicción de la Unidad Judicial N° 9 que abarca los barrios San Vicente, Colonia Lola, Campo de la Rivera, entre otros.
Se pudo llegar hasta abril de 2015. La tarea del fiscal tomó como fuente inicial de análisis el libro de allanamientos que llevaba la propia brigada, donde se dejaba constancia de los sumarios en los que se ordenaban los mismos. Analizó cada uno de los sumarios mencionados y entrevistó a un grupo de moradores de las viviendas allanadas. “Me permito aquí subrayar que resultó una ardua tarea atento la poca precisión, incongruencias y errores que se advirtieron en dicho registro”, observó el fiscal en el requerimiento.
La maniobra que finalmente se pudo individualizar consistía en que, azarosamente o según la posibilidad de las víctimas de contar con el respaldo documental de sus pertenencias, se habrían apoderado de manera ilegítima –con el pretexto de averiguar la procedencia- de diferentes bienes que encontraron en los domicilios a allanar. No dejaron constancia en la mayoría de los casos o labraron actas de secuestro que luego desaparecieron. Cuando los propietarios de los objetos se presentaron para reclamar su devolución no los encontraban o no estaban asentados en ningún documento.
Rodríguez y Torres fueron dados de baja de la fuerza.
