El domingo último, PERFIL CÓRDOBA publicó información exclusiva sobre la apertura de un expediente reservado en la causa en la que es investigado el atentado a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de este año. La pista detectada en Córdoba refiere a una conversación en un bar de nuestra ciudad entre dos hombres, uno de los cuales mantenía una comunicación telefónica y a viva voz lanzó la consigna “Cristina presa o muerta”, entre muchas otras aseveraciones que incluyeron agravios al gobernador, Juan Schiaretti, y a su esposa, la senadora nacional Alejandra Vigo.
El episodio se produjo a media mañana del mismo día del intento de magnicidio. Los testimonios que lo refieren fueron tomados a mediados de octubre en los tribunales federales de esta ciudad, con cuestionario elaborado por la jueza María Eugenia Capuchetti. Desde la fiscalía, a cargo de Carlos Rívolo, –donde se encuentra el expediente en la actualidad– respondieron a este medio que no proporcionarán información mientras la investigación siga en la condición actual.
La Justicia debe corroborar si la conversación escuchada tiene vínculos con el intento de magnicidio. En ese caso, identificar a los interlocutores y su eventual responsabilidad. ¿Hay un contexto en Córdoba que haga factible un hecho de estas características? ¿Siguen operando grupos vinculados a la ex-Side (Secretaría de Inteligencia del Estado)?
Trasladamos estas preguntas a Miguel Robles, especialista en Seguridad quien, además, fue subsecretario del área a nivel nacional entre 2010 y 2012 durante la gestión de Nilda Garré. Actualmente se dedica a la docencia e investigación sobre Violencia Institucional.
—¿Cree que hay un contexto político-ideológico en nuestro país que permita un magnicidio?
—En el ‘55 a (Juan Domingo) Perón si lo hubieran podido matar, lo mataban. Lo digo desde el punto de vista de su seguridad personal en un contexto político. La seguridad de un presidente o presidenta depende de dos factores: los niveles de crispación de sectores de poder que buscan su salida o caída a cualquier costo y las posibilidades reales de su reemplazo por la vía democrática. La violencia política no es otra cosa que la larga mano de la impotencia.
—¿Observa ese escenario en la actualidad?
—El discurso político está radicalizado, en algunos casos con componentes fascistas extremos que cristalizan una tradición represiva de 100 años. En Córdoba, algunos sectores lo han naturalizado y admiten el asesinato y la muerte como un modo de control social y político. Esto ha calado hondo en las estructuras policiales. Se justifica el asesinato de personas percibidas como enemigas, como los jóvenes de los barrios populares y los que cometen hechos menores contra la propiedad; no delitos económicos, corrupción o estafas complejas. También, los sectores políticos denominados ‘zurdos’. Los integrantes de la Policía de Córdoba son portadores casi unánimes de una mirada política de extrema derecha. Los asesinatos de Valentino Blas Correas, Joaquín Paredes o Jonatan Romo son recientes pero se conectan con una historia de legitimidad y justificación institucional, tradición de un pasado que se percibe como glorioso, donde los equipos de inteligencia policial tenían vía libre para cometer todo tipo de delitos, so pretexto de, supuestamente, combatir el delito y el terrorismo. A esto se suma que, en el ámbito nacional, las últimas gestiones en Seguridad e Inteligencia fueron lamentables. Lejos de retomar el contralor y el gobierno fáctico de las fuerzas policiales y de seguridad con una mirada democrática, permitieron que estos sectores se radicalizaran y organizaran. Son cuadros en actividad y retirados o jubilados. Por la naturaleza misma de la actividad, alcanzan su jubilación a una edad productiva y se reinsertan en el mercado laboral en su especialidad. Contrariamente a lo que se supone, no es mano de obra desocupada sino mano de obra redistribuida, con un pensamiento de extrema derecha y sin control del Estado. La sumatoria de todo esto da como resultado un cóctel explosivo.
—El atentado a Cristina Fernández, ¿era imprevisible?
—No, para nada. El odio a su persona es cierto, real, declamado y público. Objetivamente, más allá de cómo la perciben sus simpatizantes, tiene una centralidad política que no tiene nadie en la realidad política actual. Si unimos esto a que su seguridad personal era más un grupo de relaciones públicas que de verdadera protección de su intimidad, su vida e integridad física, y a la tradición argentina donde siempre las palabras han precedido a las balas, el atentado a la vicepresidenta aparecía absolutamente probable. Todo esto se iba a cristalizar en algún momento; solo faltaba tiempo. Ahí es donde se ve que la gestión en seguridad e inteligencia ha sido un verdadero desastre.
—Hay quienes sostienen que el intento de magnicidio es autoría de tres locos y que responde a la necesidad de la vicepresidenta de victimizarse. ¿Cuál es su opinión?
—Por lo general, en este tipo de hechos los ejecutores son siempre lúmpenes, personas o grupos con existencias grises o poco significativas a las que se les hace creer que, cometido el hecho, serán héroes, cuando la realidad es que terminarán en el mejor de los casos encarcelados y aislados. Buscan trascendencia pública a través del acto criminal, convencidos de que asesinando a figuras notorias tomarán inmediatamente su altura. Pero esa es solo una parte de la historia. Es ridículo, malintencionado o tendencioso minimizar un intento de magnicidio, reduciéndolo a un grupo de enajenados. Hay grupos que pugnan por el poder y que instigan o generan las condiciones para que un hecho de estas características se produzca. Y para que, consumado o no, no haya modo de relacionar a los ejecutores materiales con los asesinos intelectuales. Un magnicidio o su intento es una investigación policial compleja. Es más: los autores materiales y más allá de que la calificación legal los equipara, pasan a un segundo orden de interés. Lo más relevante es quién o quiénes lo han ideado. Eso implica investigar judicialmente sectores del poder, algo que no suele ser una realidad en nuestro país.
—¿Cómo ve hasta acá la investigación judicial del atentado?
—Cualquier magnicidio o intento de magnicidio debe ser investigado por un equipo altamente capacitado, certificado y con experiencia enmateria de delitos complejos. Y eso no está ocurriendo en este caso. Pocos saben que en el magnicidio del vicepresidente de Paraguay, Luis María Argaña, se solicitó la intervención de un equipo de investigadores de la Policía Judicial de Córdoba. Pudieron avanzar hasta cierto punto, porque es un hecho político con apariencia policial donde el poder real pone los límites de la investigación. En el caso de la pesquisa que llevaba adelante la jueza Capuchetti y ahora el fiscal Rívolo se advierten dos aspectos notorios: las desprolijidades y el denodado esfuerzo de no avanzar ni un centímetro más allá de los autores materiales. Lo llamativo es que estando en el gobierno sectores afines a la vicepresidenta de la Nación, no se haya conformado un equipo de investigadores que reúna y analice toda la información obrante en la causa, de manera sistemática, y no de manera fragmentada como pretenden los directores de la investigación judicial.
—¿Hay elementos de inteligencia en el atentado a Cristina Fernández?
—Respondería al revés: es prácticamente imposible que en un intento de magnicidio no haya intervención de personas o grupos relacionados a seguridad e inteligencia. La infraestructura necesaria, el estudio de las posibles variables, el soporte material y técnico no es algo de aparición simple y espontánea. Y mucho menos lo es la captación de las personas encargadas de la última fase, de la materialidad del hecho. Es ilógico pensar que porque el brazo ejecutor no tuvo efectividad, porque la muerte no se concretó, todo lo demás no existió. Que el hecho haya pasado totalmente desapercibido para los equipos de inteligencia estatal y de la seguridad presidencial habla de su ineficiencia y tal vez su complicidad, pero también de cierta efectividad en el accionar profesional en los autores del hecho, materiales e intelectuales. Y esa efectividad no la logra un grupo de trasnochados, sino profesionales que hacen del secreto (de los otros) el eje central de vida laboral.
LA ´INTELIGENCIA´ EN CÓRDOBA
—¿Qué estructura tiene el servicio de inteligencia en Córdoba?
—En Córdoba había dos bases, la más importante era la tradicional oficina conocida como Ojota (Observaciones Judiciales de la ex-Side), integrada por personal de inteligencia, en alguno de los casos con doble pertenencia. También prestaban servicios (sin que fuera público), para la Dirección de Contrainteligencia. Cuando Ojota se disolvió quedaron como líberos. Algunos fueron jubilados y otros quedaron cumpliendo funciones en la otra base que era ínfima y tenía poca operatividad. Las oficinas de ‘reunión’ más importantes están en Caba y en Provincia de Buenos Aires. La inteligencia argentina tuvo siempre problemas de federalismo. Más allá de la concentración de recursos, hay personas en Córdoba que se dedican a ‘reunión’, es decir, a recolectar información de manera subrepticia y secreta que pasa a formar parte del trabajo de analistas que, supuestamente, le dan sentido a un conjunto de datos aparentemente inconexos y que posteriormente pasa a otros funcionarios que finalmente la distribuyen.
—¿Cómo definiría el perfil de esa gente que actuó o actúa en esta provincia?
—Mucha fue nombrada en la época del brigadier Andrés Antonietti, el señor cinco de Carlos Menem. Ingresó personal relacionado a sectores militares, la mayoría familiares de oficiales de las distintas fuerzas. Tenían aspecto y modos muy marciales, marcadamente militares o policiales. Y como dije anteriormente, estas personas alcanzan su retiro o jubilación a veces a corta edad (20 años Side) pero siguen vinculadas a la actividad por el resto de sus vidas. Las personas que ingresaron en esa época y particularmente en Córdoba, si bien no eran militares o policías, podríamos decir que eran afines el ‘partido militar’. El expresidente (Carlos) Menem les dio mucho poder, con salarios generosos. Eso fue cambiando y con el tiempo se reubicaron.
—¿Por qué es importante el control?
—Porque la disputa es por los datos sensibles sobre los que no se da cuenta a nadie. Son casi imposibles de reconstruir judicialmente. En Argentina, la inteligencia ha sido encriptada y compartimentada. Siempre ha estado orientada a la derecha o extrema derecha. En eso ha sido monolítica: no hay ningún agente de inteligencia que simpatice con una fuerza de izquierda, ni uno solo. Esa coincidencia no es un dato que hable de las cualidades democráticas de una institución estatal. Los agentes, cuando finalizan su corta carrera laboral, continúan reproduciendo sus acciones y saberes generalmente en el campo privado o político.
