En uno de los expedientes que reunió más casos por presuntas estafas a aseguradoras de riesgos de trabajo, la Cámara de Acusación confirmó en su totalidad la hipótesis que había planteado el fiscal de Instrucción, Alfredo Villegas. De ese modo confirmó la elevación a juicio a 13 personas, abogados y médicos, de los cuales cuatro tendrán que afrontar el juicio también por asociación ilícita, además de los delitos de estafa procesal y falsificación de certificados médicos que les cabe a todos.
Es posible que las defensas planteen un recurso para que esta resolución sea revisada por el Tribunal Superior de Justicia. No obstante, lo relevante es que hasta ahora para la Justicia el entramado de conductas plantea la existencia de una organización con fines delictivos que consistían, en la práctica, iniciar juicios laborales con demandas para cobrar indemnizaciones de diferentes ART pero de personas que no tenían las dolencias por las que se reclamaba.
Por esa razón se considera que se consumaron las estafas. Las maniobras datan de 2006 y 2007.
En efecto, los camaristas Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies, objetaron la decisión del juez de Control, Gustavo Hidalgo, de sobreseer a los abogados Carlos Enrique Ardanaz y Luciano Adolfo Cafure; al médico Ariel Gonzalo Ayub y a Diego Luis Flores Ahumada y exculpándolos de la acusación por asociación ilícita.
Ahumada fue considerado un reclutador de clientes, la mayoría trabajadores de Tucumán a los que se les extendían certificados médicos haciendo constar patologías laborales incluidas en las nóminas de cobertura de las ART.
Acusación analizó los hechos subrayando el detalle de que habían montado verdaderas empresas para captar esos clientes con folletería, una línea gratuita telefónica 0800, página web donde ofrecían sus servicios. En la mayoría de casos se presentaron y tramitaron las demandas laborales y se cobraron los honorarios causando un perjuicio multimillonario a diferentes aseguradoras, entre las cuales figuraban Mapfre, Consolidar y Liberty.
Pericias. Si bien existieron otras investigaciones referidas a las mismas maniobras, ésta analizó casi 300 casos. De ese total se practicaron pericias en el 80% (240) y el resultado fue que nunca se comprobaron todas las dolencias que decían los certificados médicos.
Así, el expediente subió a Acusación por apelación del fiscal al sobreseimiento por asociación ilícita tal como se explicó y también por recursos de las defensas de otros imputados.
Al valorar por qué el juez mantuvo acusaciones para unos y no para otros, el tribunal lo calificó de “contradictorio”. Indicó que valoró los hechos para rechazar las oposiciones de las defensas y no aplicó el mismo criterio al disponer los sobreseimientos.
Imputados. Además de los cuatro mencionados, hay imputaciones por estafa procesal y falsificación de los certificados médicos para los abogados Sebastián Lanza Castelli, Telmo Alejandro López Dauría, Mónica y Emiliano Pérez Elorrieta, y los médicos de las ART Sergio Mario Locícero, Daniel Eduardo Nates, Oscar Alberto Visconti. Y también para María Elvira Torres y Daniel Conca Cattapan.
PALO Y A LA BOLSA
Durante la investigación preliminar de la causa se incorporaron intercambios de correos electrónicos entre algunos imputados y conversaciones telefónicas que evidenciaron el modus operandi. Coimas.
En una conversación, Ayub le manifiesta a Cafure: “…te quería pedir que en los casos de Mapfre y Arcor repartamos 50 y 50, ya que tengo que absorber la cometa del médico…”.
En otro, Ayub le pregunta a Cafure: “…¿le damos 100 mangos por cada certificado al doc?”, a lo que éste le contesta “…manejalo vos al tema de honorarios del médico, vos me decís cuánto y le pagamos…” De allí el fiscal infiere, en conjunción con otros elementos, que quien abonaba el dinero a los médicos de la ART -a cargo de las certificaciones que daban pie a la homologación de los acuerdos para que las emitieran indicando falsamente cierto grado de incapacidad laboral, era el médico Ayub.
Certificados falsos. Otros correos sugieren la falsedad de los certificados. Ayub le señala a Cafure: “…yo ya voy a entrenar a los peritos…”. Con relación a un listado de trabajadores y su porcentaje de incapacidad le dice: “…ninguno tenía nada. Cerralos así y somos Gardel y Lepera…”.
Hay una intervención telefónica elocuente. Una mujer dialoga con Ardanaz y le pregunta qué hace con las ART. El abogado le responde que presenta reclamos por enfermedades profesionales, como síndrome cervicobraquial e hipoacusia, que hay un trámite administrativo en el que hace dos “pavadas” y luego pasa a la órbita judicial. Y continúa describiendo que en la audiencia de conciliación buscan arreglarlo porque sabe que las aseguradoras tienen plata y están felices en arreglar. En Córdoba “…es una veta, es impresionante cómo camina (…) estábamos homologando los acuerdos con juntas médicas privadas (…) y meta palo y a la bolsa…”
La misma persona le consulta si puede llevar radiografías de otra persona y Ardanaz le dice “…mientras no sean de un cabrito…”.
