El fiscal Anticorrupción Matías Bornancini imputó al exintendente de Villa Santa Rosa de Río Primero José Raúl Rodríguez Moyano (PJ) por el desvío de $12,2 millones que estaban destinados a construir 52 viviendas bajo el programa nacional Techo Digno, perteneciente al Ministerio de Planificación de la Nación, durante la gestión de Julio De Vido.
El convenio se firmó en 2014, pero a pesar de que los fondos fueron recibidos en las cuentas del municipio cordobés, las obras no se completaron. El avance registrado fue del 40% según lo determinó la pericia ordenada por la Justicia, aunque se recibió el dinero como si las casas ya se hubieran terminado.
La hipótesis que manejan en la fiscalía es que el dinero fue usado para el pago de salarios y gastos de la comuna, modificando su destino específico.
Quien denunció los hechos es el actual intendente, Serafín Víctor Kieffer (UCR), después de que se hizo cargo del municipio en 2015.
Un dato llamativo es que durante el proceso electoral de aquel año, Rodríguez Moyano hizo campaña con la consigna “Por más viviendas y más trabajo”.
La semana pasada, Bornancini lo imputó por los delitos de abuso de autoridad y defraudación calificada en perjuicio de la administración pública. Además, fueron citados a indagatoria los entonces secretarios de Gobierno, Luis Martinelli; de Desarrollo Urbano, Ariel Mirra; y de Hacienda, Cecilia Giselle Companys.
A Mirra también lo hizo responsable por presunta falsedad ideológica porque fue quien firmó los certificados de avance de obra con datos falsos. De hecho, desde la Nación iban destrabando el envío de fondos a medida que recibían los informes técnicos sobre la ejecución de las casas que, según se comprobó, llegó a tan solo el 40% del proyecto inicial.
El último certificado que recibieron en Buenos Aires indicaba que la obra se había completado en un 98%, lo que a todas luces era falso.
Un nexo en Santa Cruz. El convenio requería la construcción de casas con un sistema especial, en base a modelos livianos y económicos. Fue éste el argumento para la contratación directa con una supuesta cooperativa, denominada “11 de Septiembre” con sede en Caleta Olivia, que tampoco pudo ser detectada.
Lo que sí se pudo comprobar es que se pagaron más de $3 millones a quien era, presuntamente, presidente de la entidad, Milton Bandiera, quien también se encuentra imputado. El hombre fue localizado y lo están notificando para que se presente ante la fiscalía.
Competencia discutida. Como estaban en juego fondos de la Nación, del Ministerio que manejó hasta ese momento De Vido, la denuncia se presentó en primer término en los tribunales federales. El juez Ricardo Bustos Fierro rechazó su competencia y la envió a la justicia provincial. Allí continuó el expediente hasta que el juez federal Claudio Bonadío lo reclamó. Se opuso el juez de Control Gustavo Hidalgo.
La discusión llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dirimió la controversia y confirmó la competencia local.
Ordenanza a medida. Bornancini también decidió imputar a cuatro concejales del oficialismo durante la gestión de Rodríguez Moyano. Son quienes aprobaron una ordenanza de presupuesto que modificó disposiciones anteriores que obligaban a llamar a licitación cuando las erogaciones superaban los $2.000.
La norma dio legitimidad a la compra directa que implicó el convenio con la supuesta cooperativa santacruceña, ejecutado un año antes. Lo cuestionable es que en el texto se señalaba que la ordenanza tenía efecto retroactivo.
Por ese hecho, el fiscal consideró que los ediles Clara Nelly Acosta, Héctor Constancia Rebuffo, Luis Daniel Casas y Andrea Giraudo son responsables del delito de abuso de autoridad.
