Facturas truchas de una usina aparecen en cuentas del Iaraf de Nadín Argañaraz

En la última investigación de una presunta gran evasión fiscal con el uso de empresas para generar facturas falsas, la semana pasada se levantó por unas horas el secreto de sumario. Eso posibilitó a las defensas de los 19 imputados conocer los hechos que le reprochan a cada uno. Luego, volvió a cerrarse el acceso por nuevas medidas solicitadas por el fiscal federal Enrique Senestrari al juez Ricardo Bustos Fierro.  

En principio, el corazón de la estructura es Matías Gonzalo Lafuente Sivilotti, el único detenido. Con la asistencia de su defensor, Ignacio Carranza, fue indagado el viernes, cuando negó los hechos que le atribuyen y se abstuvo de declarar. También está imputada su esposa, Ana Paula Ruffa, y sus padres, Francisco Adolfo Lafuente y Teresa del Valle Sivilotti.

La Afip detectó que generaron facturas para equilibrar crédito y débito fiscal de falsos contribuyentes a través de compras que jamás se hicieron. Las empresas que habrían permitido las maniobras son Industrial del Norte SA, que usaron para adquirir divisas pagos vista y pagos anticipados de importaciones de bienes, y La Masia SAS, para obtener divisas a partir de las exportaciones que registraban. Pero hay más firmas cuyos titulares también son investigados.

A la familia Lafuente-Sivilotti la acusan de infracciones al régimen penal cambiario porque declaraban operaciones autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para acceder al mercado oficial de cambio. Así, compraban la divisa norteamericana por encima de los cupos vigentes para realizar importaciones falsas; es decir, declaraban operaciones de comercio exterior pero, al parecer, no las hacían.

En la lista de imputados también está María Teresa Díaz, quien aparece junto a la madre de Sivilotti como creadora de la firma Franca & Asociados. Otro de los imputados es Gabriel Agustín Céspedes, amigo de Sivilotti. En tanto, Jorge Alfredo Centeno Novillo era el encargado, según se sospecha, de constituir las sociedades fantasmas. La Justicia no le es un ámbito extraño. Acarrea dos condenas previas de tribunales provinciales: una por adulteración de documento público y otra por estafas.

Sergio Eduardo Scaravaglieri, contador público, experto en comercio exterior, también fue señalado como partícipe en la estructura evasora. Además, hay menciones a una serie de empresas en las que el matrimonio Lafuente Sivilotti-Ruffa tomó el manejo. Entre ellas están Rural Space SRL, de Sergio Aram Derhagopian y Sebastián Toranzo, creada en 2014 con una facturación registrada de $20 millones; Tacuarembó SRL constituida en 2015 por Cristian Luis Ríos y Nicolás Ezequiel Reyna Ontivero, con facturación de $119 millones.

En 2019 Santiago Agustín Gobi Fenoglio y María Candela Burgos formaron Industrial del Norte SA; mientras que La Masia SAS fue creada por Claudio D´Abregú Vukovic y Eduardo Carlos de la Fuente.

Se presume que las personas mencionadas, también imputadas en el expediente, crearon esas firmas que luego dejaron en manos de Lafuente Sivilotti para la consumación de las maniobras descriptas. Todas figuran en el requerimiento del fiscal Senestrari. Las calificaciones legales atribuidas son: evasión impositiva, alteración dolosa de registros, lavado de activos e infracción al Régimen Penal Cambiario.

El capítulo Iaraf. ¿Cuál es el vínculo de Nadín Argañaraz? La investigación se centró en una serie de facturas apócrifas que fueron presentadas al Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Es decir que se usó dinero para pagos de servicios o productos ficticios. Por eso la imputación es por defraudación a la entidad. Las facturas salieron de la usina de Lafuente Sivilotti.

El contacto habría sido el asesor contable del Iaraf, Marcelo Daniel Ferraris, también imputado como partícipe necesario de la misma defraudación. En tanto, una empleada del instituto, Analía De Angeli es considerada partícipe secundaria. Si bien en el requerimiento fiscal formulado no figura el lavado de activos, el hallazgo de US$380 mil en el domicilio de Argañaraz el día del allanamiento, lo colocará en la necesidad de justificar el origen del dinero.