La semana pasada el fiscal Anticorrupción Matías Bornancini emitió una orden de presentación para obtener la documentación referida al proceso licitatorio de la recaudación impositiva tercerizada. PERFIL CORDOBA confirmó que el material ya se encuentra en las nuevas oficinas a las que fue trasladada la fiscalía, ubicadas en el primer piso de Tribunales I.
El objetivo es analizar cada uno de los puntos que denunciaron los legisladores opositores, Juan Pablo Quinteros, Liliana Montero y Aurelio García Elorrio, quienes alegan que la convocatoria fue hecha a medida para que ganaran las mismas empresas que antes integraron Kolektor.
La adjudicación se realizó el 28 de diciembre del año pasado. Resultó beneficiada la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por Servicios y Consultoría SA -perteneciente a Cristian y Hermann Karsten- y Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización SA, de Patricio y Guillermo Álvarez, padre e hijo.
El pedido de investigación que motivó la apertura de la causa en el fuero Anticorrupción se basa en una serie de cuestiones que los legisladores consideraron “irregulares” o que presentan indicios de que la adjudicación estuvo decidida de antemano para que ganaran los mismos empresarios, ahora con una nueva UTE.
Entre los aspectos que señalaron está el escaso tiempo que se dispuso para la presentación de ofertas, que fue de 30 días hábiles. No obstante, el trabajo preparatorio arrancó antes, a fines de junio. Es lo que analizan actualmente en la justicia.
La denuncia puntualizó, además, la garantía mínima solicitada de $200 millones y la omisión de establecer en los pliegos la situación laboral de los 900 empleados de la empresa Kolektor, que finalizaba el contrato. El último detalle marcado en la denuncia es que, a través de una ley que envió el Poder Ejecutivo -que fue aprobada por el oficialismo en la Unicameral- se abrió la posibilidad de que Servicios y Consultoría SA y Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización SA, puedan realizar tareas en otras áreas administrativas de la provincia además de Rentas, como Epec, Policía Fiscal, Registro de la Propiedad y Lotería SA.
Según pudo saber este medio, la tarea de los instructores de la causa es analizar cada aspecto denunciado que ahora sirve como hoja de ruta para la investigación. Por el momento, el análisis es documental. No se han incorporado testimonios. Si bien todavía no se resolvió, el fiscal Bornancini analiza solicitar un dictamen pericial al gabinete técnico contable que funciona en el Poder Judicial provincial.
