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CóRDOBA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Fiscal citará a declarar a peritos que participaron en la causa Taym

Es a pedido de la defensa de los dos imputados. El estudio técnico es el eje de las acusaciones por las consecuencias del aluvión del 28 de marzo de 2017.

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TAYM. La intensa lluvia caída formó un río que arrastró a su paso elementos almacenados en la planta de residuos peligrosos de la empresa del Grupo Roggio. El agua contaminada ingresó al canal Los Molinos. | Cedoc Perfil

En marzo se cumplirán cuatro años desde que una lluvia torrencial provocó un aluvión que atravesó la planta de residuos peligrosos de la empresa Taym en Córdoba, donde se almacenan derivados de petróleo, químicos, metales y plásticos, desechos industriales, farmacéuticos, arsénico, mercurio, colorantes, solventes y agrotóxicos, que llegan de todo el país.

En el marco de la causa abierta por contaminación ambiental, un grupo multidisciplinario de peritos analizó muestras de agua tanto en el interior del predio como fuera del mismo, en la desembocadura del canal Los Molinos. Llegó a la conclusión de que había elementos contaminantes, que ingresaron al curso de agua que abastece a la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas –perteneciente al holding Roggio, al igual que Taym– antes de que se cerraran las compuertas.

Por ese hecho, al grupo de vecinos que participa del expediente se sumó un nuevo querellante. Es un vecino que vive en barrio Jardín, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, cuyo servicio de agua potable tiene como insumo lo que se conduce a través del canal Los Molinos. Con el patrocinio letrado de Aurelio García Elorrio pidió ser parte y fue admitido. Esa incorporación fue apelada por la defensa de los dos responsables de la planta imputados y confirmada por el Juzgado de Control, pero un nuevo recurso objetando esa decisión hizo que el incidente llegara a la Cámara de Acusación, donde deberá ser resuelto.

En estos casi cuatro años, en base al informe pericial, el fiscal de Instrucción de Alta Gracia Alejandro Peralta Ottonello, en agosto de 2018 imputó por el delito de contaminación ambiental culposa a César Ernesto Rispky, apoderado y gerente de la planta, y a María del Milagro Aráoz Ferrer, responsable técnica. Sin embargo, recién pudieron ser indagados el año pasado ya que la defensa presentó diversos incidentes. En marzo de 2020 declararon por primera vez Ripsky y Araoz Ferrer, oportunidad en la que se abstuvieron de responder preguntas. Meses después solicitaron ampliar la declaratoria y aportaron extensos documentos con un análisis pormenorizado del expediente desde su perspectiva.

Pidieron, además, citar a declarar a peritos que participaron del estudio multidisciplinario. Para la querella de los vecinos se trató de un recurso dilatorio y se opusieron. No obstante, el juez de Control confirmó la decisión del fiscal Peralta Ottonello de convocarlos. La audiencia para escuchar a los técnicos se iba a realizar en diciembre, pero no pudo llevarse a cabo.

En los próximos días se fijará una nueva fecha con el fin de que aporten las aclaraciones solicitadas y amplíen los conceptos vertidos en el informe.