Fiscales quieren develar cómo opera el mecanismo de encubrimiento en la Policía

El miércoles pasado a las 10 de la mañana se abrió el debate oral y público para juzgar a 13 policías por el asesinato de Valentino Blas Correas (17) el 6 de agosto de 2020. El juicio se realiza en la Cámara 8ª del Crimen, integrada con jurados populares.

Hay dos policías, Lucas Damián Gómez (35) y Javier Catriel Alarcón (31), acusados de homicidio con dolo directo, calificado y agravado por el crimen de Blas, y de tentativa del mismo delito con idénticas calificaciones en relación a los otros cuatro jóvenes que iban en el Fiat Argo que recibió los impactos de balas.

Además, hay 11 efectivos de diferentes rangos que son juzgados por “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente” (el homicidio).

Qué pasó aquel día. El 6 de agosto del 2020, cuando comenzaron las primeras aperturas a la circulación por la pandemia de coronavirus, un control policial ubicado en Av. Vélez Sarsfield en intersección con calle Romagosa, hizo señas al conductor de un Fiat Argo blanco para que bajara la velocidad o se detuviera. Al ver que no lo hacía, el cabo Gómez empuñó el arma y realizó un primer disparo a una distancia de cinco metros. Mientras el vehículo se alejaba siguió disparando y se sumó el cabo Alarcón, quien también efectuó dos tiros más.

El resultado fueron seis impactos de balas de plomo que dieron en el techo del Fiat, el baúl, en un neumático y uno que ingresó por la luneta trasera y provocó el deceso de Blas. La autopsia concluyó que la causa eficiente de su muerte fue traumatismo de tórax debido a una herida causada por un proyectil de arma de fuego. Los otros cuatro jóvenes no sufrieron lesiones.

A los 45 minutos, según el relato de la acusación, la policía Wanda Micaela Esquivel arrojó en Av. Vélez Sarsfield al 1.700 un revolver calibre 22 con la numeración parcialmente limada. Media hora más tarde, en un simulado rastrillaje se hallaba casualmente el arma, montando un relato sobre una supuesta fuga de delincuentes que habían descartado el revólver y así justificar el procedimiento fatal. Yamila Florencia Mártínez, dupla de Gómez, también conoció todo lo sucedido y no denunció ni el operativo ilegal ni el arma plantada.

El ocultamiento de lo sucedido también les cabe a los subcomisarios Alejandro González y Enzo Gustavo Quiroga, y a los policías Leandro Alexis Quevedo y Ezequiel Agustín Vélez. Estos dos últimos habrían informado que había una denuncia de un motociclista sobre un altercado previo con los jóvenes del Fiat Argo, cuando en realidad esa presentación nunca existió. Así, pretendieron cubrir a sus compañeros del operativo fatal.

Finalmente, el techo de las responsabilidades penales en la investigación que llegó a juicio se ubica en los comisarios inspectores Eduardo Soria, Jorge Ariel Galleguillo y el comisario Antonio Gatica.

Galleguillo era jefe de las zonas sur, centro y oeste de la ciudad. En la oeste está el Distrito III, a cuya cabeza estaba Soria. Gatica no estaba de turno esa noche.

La “maquinaria tropera”. La narración secuenciada del operativo que provocó la muerte de Blas Correas evidencia un proceder aceitado para disimular y disfrazar el acto de homicidio. En el alegato de presentación a los jurados, los fiscales del juicio Fernando López Villagra y Marcelo Hidalgo, plantearon la existencia de una “maquinaria tropera”.

La idea puede sintetizarse así: los jefes procuran salvar el pellejo. Al trabajo sucio lo hace la tropa. La maquinaria tropera tiene piezas, engranajes, mecanismos y métodos que se activan cuando ocurre una atrocidad con el objetivo de que se salven todos. No es un sistema sofisticado. Solo tiene una condición: el ocultamiento. Se extrapola el sistema militar. Los suboficiales cometen hechos crueles –“se ensucian las manos con sangre”, se escuchó de boca del fiscal Hidalgo– y los jefes los encubren para no terminar eyectados de la fuerza.

Este será el meollo del juicio que comenzó el miércoles pasado y se extenderá hasta el 25 de noviembre, según el cronograma trazado por el tribunal. Cada semana habrá dos jornadas de audiencia.

El techo. ¿Hay posibilidades de que el juicio desnude responsabilidades de jefes superiores a los que están en el banquillo de los acusados? Fue la pregunta que formuló PERFIL CÓRDOBA a los fiscales. La respuesta fue cauta: “¿En este momento hay pruebas en la causa para eso? No. ¿Pueden aparecer? Sí”.

En la lista de 60 testigos que ofrecieron las partes hay varios que generan muchas expectativas. Los padres de Blas podrán detallar cada minuto de lo que vivieron desde que se consumó el crimen y ellos fueron anoticiados. Los sobrevivientes aportarán su vivencia en primera persona.

Y se espera que una declaración sea crucial: la del excomisario Gonzalo Cumplido, quien era el subdirector General de Seguridad Capital cuando asesinaron a Blas. La semana pasada se definió como “víctima de un sistema que hizo mucho daño”. En declaraciones a Radio Mitre dijo: “Voy a levantar la bandera para que haya justicia por Blas”.

Cumplido fue imputado inicialmente por no dar directivas presenciales al cabo del operativo ilegal que terminó con la vida del joven. Finalmente, el fiscal Anticorrupción, Franco Mondino, pidió su sobreseimiento y en junio del año pasado así lo resolvió el juez de Control del mismo fuero.

Un esquema dibujado. Hay un aspecto del encubrimiento que podría salir a la luz en el transcurso del juicio. En el voluminoso expediente, hay sospechas respecto a un episodio sucedido días después del crimen. Hay dudas sobre la información aportada por la Policía a la justicia sobre el organigrama de jefes que actuaron o debían actuar aquella madrugada del 6 de agosto. ¿Se pudo “dibujar” el esquema que se entregó a la Justicia? Si en la continuidad del juicio aparecen pruebas respecto a ese hecho los fiscales podrían advertirlo al tribunal y pedir la inmediata investigación sobre los presuntos responsables que puedan identificarse.

El homicidio de Blas Correas es un hecho terrible. Tan ignominioso como el crimen aparecen las complicidades internas en la Policía de Córdoba.

POR QUÉ LA CAUSA DE BLAS PODRÍA ALCANZAR AL MINISTRO MOSQUERA 

La “maquinaria tropera” no se estrenó con el crimen de Blas Correas. Tampoco terminó ahí. Es una marca que se observa en los casos de gatillo fácil antes y después. PERFIL CÓRDOBA relevó siete casos en la última década, que tienen similitudes en el modo en que se ejecutaron los crímenes y cómo la Policía buscó encubrirlos.

Cuando la misma Cámara 8ª del Crimen –que juzga actualmente el caso Blas– condenó a dos policías que asesinaron por la espalda a Güere Pellico en 2014, los jueces ordenaron investigar la complicidad policial hacia arriba. El móvil apareció con un balazo 9 mm provocado en la Jefatura para montar un relato de un tiroteo inexistente. Así procuraron justificar el homicidio como un “intercambio de disparos” y se comprobó que procuraron plantar un arma para atribuírsela a la víctima.

En ese mismo juicio, el policía Walter René Ferreyra, que era investigado por otro caso similar en 2012, terminó condenado por falso testimonio. Mientras tanto, había sido ascendido a comisario. Se desconoce si algún fiscal avanzó en investigar las derivaciones de aquel juicio.

El peligro de la repetición de conductas individuales que se suman y se amparan con el mecanismo de encubrimiento contiene un mensaje al interior de la fuerza y a la sociedad: es posible seguir repitiendo el mismo proceder. Por eso hay responsabilidades penales, administrativas y políticas ascendentes.

El ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, asumió en julio de 2018. Desde entonces, se sucedieron por lo menos cuatro hechos de gatillo fácil y encubrimiento de autoridades policiales. Lo paradigmático del juicio por el crimen de Blas está en que se pueda desnudar la maquinaria aceitada que permite asesinatos cometidos por policías en ejercicio de sus funciones e impactar en quienes, desde la gestión gubernamental, avalan el ocultamiento. Alcanzar condenas a los autores directos y a la línea jerárquica de la maquinaria tropera sería el mensaje deseable.

GATILLO FÁCIL EN CÓRDOBA 2012-2022

1. Cristopher Andrés Carreras (18). El 5 de abril del 2012 en Villa Cornú fue asesinado durante un operativo de control de motos. El policía Walter Ferreyra lo mató a una distancia de dos metros y desde atrás. Ascendido a comisario, Ferreyra luego sería el jefe de los agentes Lucas Chávez y Rubén Leiva, quienes asesinaron a Fernando ‘Güere’ Pellico.

2. Güere Pellico (18). Fue asesinado el 26 de julio de 2014 por los policías Lucas Gastón Chávez y Rubén Alfredo Leiva. Le dispararon por la espalda cuando iba en moto con su primo. Quisieron plantarle un arma y el móvil apareció con un impacto de bala que se lo produjeron los policías en la Jefatura, para montar un relato de un tiroteo que nunca existió.

3. Franco Amaya (18). Durante la madrugada del 22 de febrero de 2017 se dirigía en moto hacia su casa, junto con su primo, para cambiarse la camisa y salir a bailar. En el control policial del puente Los Gigantes, en Carlos Paz, el policía Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos le disparó en la espalda. Ni el agente, con seis meses de antigüedad en la fuerza, ni José Ezequiel Villagra, el oficial responsable del control –ambos alcoholizados– asistieron a la víctima mientras agonizaba.

4. José ‘Beco’ Ávila (35). El 4 de julio del 2020 el vendedor ambulante fue a Villa El Libertador para iniciar su jornada de trabajo. Fue controlado por una dupla policial y, asustado, salió corriendo e ingresó a un domicilio desconocido. El cabo Lucas Gonzalo Navarro disparó y lo hirió con un arma 9 mm en el abdomen. Ni Navarro ni su compañero, Sebastián Juárez, dieron conocimiento del hecho a sus superiores ni llamaron a una ambulancia.

5. Joaquín Paredes (15). Fue asesinado de un balazo policial por la espalda en la madrugada del domingo 25 de octubre del 2020 en Paso Viejo, departamento Cruz del Eje. Su crimen se produjo en el marco de una desmedida reacción policial contra jóvenes que estaban en la plaza, todos desarmados.

6. Isaías Luna (21). El 18 de diciembre de 2021 murió de un balazo a la altura de la nuca. Con dos cómplices, Cristian Araya y Martín Muñoz, habían cometido la entradera en una vivienda de barrio Urca. La investigación del fiscal Juan Pablo Klinger concluyó que ninguno de los asaltantes estaba armado. El arma hallada junto al cuerpo de Luna había sido ‘plantada’ por los uniformados. Siete policías fueron elevados a juicio por el homicidio y encubrimiento.

7. Jonatan Romo (36). Fue asesinado el 10 de julio del 2022 en medio de una crisis psicótica. Sin aplicar protocolos específicos para personas con problemas de salud mental, policías lo redujeron y asfixiaron causándole la muerte. Hay seis efectivos imputados por homicidio y encubrimiento que permanecen detenidos