En tres causas, dos fiscales provinciales y un juez federal ordenaron, y ya se concretaron, allanamientos en forma remota. Esto es posible porque un equipo de seis especialistas del Gabinete de Tecnología Forense de la Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información del Ministerio Público Fiscal (MPF), desarrolló un programa para acceder a dispositivos tecnológicos a distancia.
A la vez que garantiza la inalterabilidad de la prueba, tal como está en el dispositivo que almacena contenidos útiles para las investigaciones judiciales, ahorra tiempo y recursos a la Policía Judicial, porque es posible hacer varios al mismo tiempo, suprime la necesidad de viajes, viáticos y gastos en la salida del personal. La idea nació durante el aislamiento por la pandemia, ya que debían realizarse los procedimientos requeridos por los juzgados y fiscalías sin exponer al personal. Cómo es el procedimiento.
En la modalidad ‘remoto’ se provee al personal policial o investigador a cargo, pendrives que contienen software portable (es decir, que no necesita ser instalado), con copia doble para eliminar la probabilidad de que ocurra un error de lectura. El pendrive es montado en el dispositivo identificado como evidencia digital y, desde una computadora propiedad del Poder Judicial, un técnico informático accede de manera remota al contenido existente en la evidencia digital, verificando y extrayendo los elementos que resulten de interés para la causa.
Este tipo de procedimientos se realizan con computadoras, notebooks e impresoras. Para teléfonos o cámaras de seguridad continúa la modalidad de secuestro convencional. Al culminar el procedimiento se informan los resultados obtenidos al personal a cargo de la orden y se finaliza la conexión remota. Las labores efectuadas quedan detalladas en un acta que realiza el técnico.
La primera experiencia se realizó en una causa en la que se investigan presuntas defraudaciones y estafas al Pami, en la Justicia Federal. La orden partió del Juzgado Federal 1 y los técnicos de Policía Judicial provincial llevaron a cabo 18 allanamientos remotos en simultáneo, no sólo en la ciudad de Córdoba, sino también en el interior, en Villa del Rosario, Cosquín y Bialet Massé.
Pornografía infantil. El primer allanamiento remoto del interior provincial fue realizado en Villa María, donde se detectó a un ciudadano paraguayo que tenía y distribuía pornografía infantil. Hace 10 días se ordenó y ejecutó su detención. A cargo del expediente se encuentra la fiscal Juliana Companys, quien relató a este medio que comisionó a la división informática del Poder Judicial y “la apertura de las computadoras se realizó desde Córdoba”. De los aparatos se obtuvo la prueba que es incorporada al expediente.
Carnés truchos. La tercera experiencia en la que se usaron las nuevas herramientas tecnológicas fue en la investigación por la emisión de carnés aparentemente apócrifos en Mina Clavero. Son hechos de presuntas estafas que tiene a su cargo la fiscal Analía Gallarata. En este caso, se incluyó en el allanamiento a distancia un dispositivo diferente: una impresora. Hay tres detenidos que, se presume, contactaban a interesados en obtener la licencia de conducir. Recibían los pedidos por WhatsApp, las imprimían en la impresora de la Municipalidad y las entregaban en un local de Nono. Se efectuaron cuatro allanamientos en Cura Brochero, Nono y Mina Clavero.
EL PRIMERO FUE EN FARMACIAS POR MILLONARIAS ESTAFAS AL PAMI
El novedoso allanamiento a distancia se estrenó en una causa federal que investiga una presunta mega estafa al Pami a través de la venta de medicamentos. “El 16 de diciembre de 2020, a requerimiento del Juzgado Federal Número 1 de Córdoba (a cargo de Ricardo Bustos Fierro) se realizó el primer allanamiento con esta modalidad. Cinco técnicos del Gabinete de Tecnología Forense, contando con la colaboración de un administrativo que confeccionó las actas, realizaron 18 allanamientos en simultáneo de los cuales 14 eran domicilios en la ciudad de Córdoba, dos en Villa del Rosario, uno en Cosquín y uno en Bialet Massé”, comunicó oficialmente el Ministerio Público Fiscal.
Los allanamientos, que se iniciaron a las 7 de la mañana y finalizaron a las 16, fueron positivos y se aportó información en los mismos pendrives y en dispositivos de almacenamientos aportados por el tribunal.
Facundo Troncoso, secretario penal del tribunal, explicó a PERFIL CÓRDOBA que las farmacias mantienen sus computadoras conectadas en línea con las droguerías que permiten la provisión inmediata de los remedios a medida que los van vendiendo y son una herramienta de trazabilidad. Secuestrarlas implicaba dejarlas sin una herramienta esencial, por lo que se solicitó a Policía Judicial la realización de los secuestros en forma remota. Una vez que el titular de la farmacia aceptó el acceso al dispositivo, a través de un pendrive conectado al aparato, un técnico en línea extrajo los datos a distancia. Luego, esa información la consolidó en un soporte de almacenamiento, un disco duro, que quedó secuestrado en la causa.
El expediente tiene 14 imputados, entre los cuales se encuentra el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Germán Daniele, por presuntas estafas. Todos fueron indagados. Hay una lista de más de una decena de farmacias motivo de la investigación. Según precisaron desde los tribunales, se secuestraron recetas en blanco con firmas de médicos. Se habrían emitido, además, recetas apócrifas, en las que las farmacias sacaban el troquel en algunos remedios que no se vendían, pero que se facturaban a la obra social nacional.
Entre las medidas adoptadas, el Juzgado optó por ordenar que el Pami suspenda los pagos. Sin embargo, en enero –durante la feria– el juez de turno revirtió la medida cuando se presentó el consorcio de farmacias del Hospital Italiano reclamando por el perjuicio que les causaba la medida, al impedir ingresos mensuales por $16,5 millones.
