El PJ y sus aliados lograron aprobar los dos acuerdos financieros con la Nación, con el acompañamiento de sectores de la oposición, aunque con fuertes críticas al manejo de los recursos. En paralelo, el oficialismo ratificó la nueva estructura del gobierno de Martín Llaryora, rechazada por el juecismo y la UCR. La sesión dejó una foto política de la nueva etapa de entendimiento entre Llaryora y Javier Milei: respaldo para que ingresen fondos, pero disputa abierta por su destino, el endeudamiento y el tamaño del Estado cordobés.
La Legislatura de Córdoba aprobó los tres proyectos que marcaron el pulso político de la sesión y que, en conjunto, expresan la nueva etapa de entendimiento entre el gobierno de Martín Llaryora y la administración de Javier Milei. Por un lado, el oficialismo consiguió avalar formalmente los acuerdos que permiten disponer de recursos nacionales por $415 mil millones. Por otro, logró ratificar la modificación de la estructura orgánica del Ejecutivo llaryorista, aunque en este caso quedó expuesta una fuerte resistencia opositora.
La votación de los fondos mostró una particularidad política: el juecismo y parte del radicalismo —no todos levantaron la mano— acompañaron los acuerdos con Nación, aunque lo hicieron con cuestionamientos al manejo de las finanzas provinciales y con advertencias sobre el destino del dinero. El PRO, en cambio, optó por la abstención, mientras que el vecinalismo y la izquierda fueron por el rechazo.
El primero de los expedientes autoriza al Ejecutivo provincial a suscribir con el Estado nacional el acuerdo que establece las condiciones de desembolso, cancelación y demás estipulaciones vinculadas con el anticipo financiero autorizado por el Decreto Nacional 584/2026. La Nación ya había girado el lunes a Córdoba la totalidad de los $400 mil millones previstos en ese esquema.
El segundo proyecto habilita al Gobierno provincial a formalizar el acuerdo para imputar los $15 mil millones transferidos por la Nación en junio, correspondientes al pago a cuenta de la deuda vinculada con los ajustes de la Compensación del Consenso Fiscal 2017.
En ambos casos, el oficialismo presentó la aprobación como una cuestión de responsabilidad institucional y como una herramienta para fortalecer la posición de Córdoba frente a la Nación.
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Fuego discursivo
La legisladora Julieta Rinaldi sostuvo que los proyectos expresan la capacidad de la Provincia para administrar con previsibilidad y, al mismo tiempo, consolidan su posición en el reclamo de los recursos que Nación adeuda a Córdoba. Defendió los $400 mil millones como una herramienta de liquidez y planteó que demorar su aprobación significaría perjudicar a la Provincia.
La oposición acompañó, pero dejó claro que el voto favorable a los fondos no implica un cheque en blanco para Llaryora. Desde la UCR, Mauricio Jaimes planteó que la discusión no pasa por impedir el ingreso de recursos, sino por determinar qué hará el Gobierno provincial con esos fondos.
“La discusión no es si vienen los fondos, sino qué va a hacer el Gobierno de Córdoba, que desde que se fue (Juan) Schiaretti distribuyen todo discrecionalmente a los intendentes amigos”, lanzó el radical.
“Córdoba no para de caer, pasó de una obra pública como sinónimo de progreso a una obra pública sinónimo de sobreprecio y campaña política. ¿Dónde van a ir estos recursos?”, remató el miembro del bloque UCR.
Oscar Saliba, también desde el radicalismo, fue todavía más directo al poner el foco en el endeudamiento. Aseguró que el bloque aprueba el ingreso del dinero, pero advirtió que la oposición vigilará su destino y cuestionó el discurso oficial sobre el superávit: “No hagamos la alharaca de que hay superávit cuando le estamos pidiendo plata prestada al Gobierno nacional”.
El PRO, por su parte, decidió abstenerse. Oscar Agost Carreño cuestionó que el Gobierno provincial tome financiamiento mientras sostiene un discurso de superávit y planteó tres posibles explicaciones para el anticipo nacional: una urgencia financiera que no estaría siendo explicitada, la previsión de un estrés financiero próximo a las elecciones o la utilización de los fondos para una operación financiera.
Desde Construyendo Córdoba, Dante Rossi propuso que parte de esos fondos se coparticipen a los municipios y que se destine una porción a subsidiar el transporte público de la capital cordobesa para aliviar el impacto de las tarifas sobre los usuarios.
La discusión dejó así una paradoja política: la oposición no quiso bloquear el ingreso de dinero nacional a Córdoba, pero tampoco quiso otorgarle al PJ en el poder un respaldo sin condiciones. El nuevo vínculo entre Llaryora y Milei consiguió, de ese modo, una traducción legislativa concreta, aunque atravesada por controles, críticas y advertencias opositoras.
El auxilio nacional sin ajuste de Llaryora
La misma sesión tuvo como segundo gran escenario de disputa la modificación de la estructura orgánica de la gestión Llaryora. Por ley, se ratificaron los decretos 60 y 72, mediante los cuales el gobernador modificó la estructura del Ejecutivo establecida por el Decreto 2206/2023 y ratificada por la Ley 10.956. La reforma incorpora los cambios derivados de la última reestructuración del gabinete.
El oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para adaptar el funcionamiento del Estado al contexto económico y social. Leonardo Limia, miembro informante, sostuvo que la nueva orgánica busca dotar al Ejecutivo de mayor dinámica, capacidad de respuesta y cercanía con los cordobeses y los municipios, en un escenario marcado —según su argumento— por las restricciones de recursos provenientes de Nación.
La oposición leyó exactamente lo contrario. El juecismo convirtió la orgánica en una discusión sobre el tamaño del Estado y el gasto político. Walter Nostrala cuestionó que la Provincia mantenga una estructura con 13 ministerios, 26 secretarías —cinco con rango ministerial—, diez agencias y 14 entes, fundaciones y empresas estatales. Según su planteo, la modificación no representa una reducción sustancial de la estructura, sino un cambio de nombres y cargos.
“El pedido de asistencia financiera a la Nación es una muestra de cómo estamos en Córdoba”, fue el eje de su cuestionamiento. Para el Frente Cívico, si la Provincia necesita recursos nacionales, debería revisar primero el tamaño del aparato estatal. “Si necesita asistencia financiera es porque el Gobierno de Córdoba nunca ajustó”, fustigó Nostrala, quien retrucó con la crítica de que el PJ “sí ajustó sobre los docentes, policías y jubilados”. “No para la fiesta”, sostuvo en su dura crítica al responsabilizar al peronismo de haber construido “un Estado gigante”, que por eso “no achica” y reduce impuestos.
Desde la izquierda, Noelia Agüero apuntó contra el accionar del gobierno ante la situación de los trabajadores estatales y calificó la reforma como una continuidad de una política de ajuste. Por su parte, Agustín Spaccesi cuestionó la estrategia general de la gestión Llaryora y sostuvo que el problema no se resuelve cambiando posiciones dentro del gabinete, sino reduciendo impuestos, gasto y estructura estatal.
La bancada de la UCR también rechazó la propuesta de la nueva orgánica de Llaryora. El radical Miguel Nicolás habló de un “gabinete de campaña” y reclamó menos gasto político y más recursos destinados a las necesidades sociales. El argumento condensó una de las principales lecturas opositoras: la nueva orgánica no sería solamente una reorganización administrativa, sino una herramienta política del gobernador de cara al escenario electoral que comienza a tomar forma rumbo a 2027.
Los radicales de la tercer vía, Dante Rossi y Sebastián Peralta, optaron por la abstención. El planteo opositor coincidió en un punto: el Estado provincial debe dar una señal de austeridad antes de reclamar o tomar nuevos recursos.
El oficialismo respondió reivindicando las facultades constitucionales del gobernador para organizar su gabinete. En su réplica, Limia y Facundo Torres advirtieron que la oposición utiliza el debate sobre la estructura orgánica para desgastar al Gobierno provincial y vincularon las críticas con las elecciones que se avecinan.
Llaryora consiguió la ratificación de los acuerdos por los recursos nacionales en la nueva etapa de entendimiento con Milei. Pero no consiguió el mismo respaldo para su modelo de Estado. Allí donde estaban en juego los fondos de Nación, sectores de la oposición optaron por acompañar, aunque con críticas y bajo la promesa de controlar su destino. Cuando la discusión pasó por la estructura política y administrativa de la gestión peronista, esos mismos sectores se plantaron en contra. En la discusión, además, asomó el escenario electoral de 2027.
