La sesión especial del viernes en la que se trató el recorte de la jornada laboral de los empleados municipales y la prórroga por tres meses del descuento del 30% de los salarios del intendente, viceintendente, concejales, secretarios del gabinete y presidentes de entes descentralizados fue el tema que rompió la agenda coronavirus en Córdoba. El monotema covid-19 quedó opacado con el proyecto que anunció el intendente Martín Llaryora el miércoles, envió el Ejecutivo el jueves al mediodía, esa misma tarde se discutió en labor parlamentaria y anteayer se aprobó con los votos del oficialismo, la negativa de la concejala Laura Vilches (PTS) y la abstención Olga Riutort (Fuerza de la Gente).
El resto de los bloques opositores, Córdoba Cambia que lidera Juan Negri; UCR, presidido por Alfredo Sapp; Evolución, encabezado por Rodrigo de Loredo; y el vecinalismo con Juan Pablo Quinteros, estuvo en el debate pero a medida que iban manifestando su posición se fueron “levantando” de la sesión que se realizó a través de la plataforma Zoom y que presidió el viceintendente Daniel Passerini. El único presente en el recinto.
Discusión de fondo. Desde el comienzo del debate, todo el arco opositor manifestó que no se podía discutir sobre tablas el proyecto y que debía pasar por comisión. Que, para ser debatido en el recinto, debía contar con la aprobación de dos tercios del cuerpo y que con los 16 ediles del oficialismo no alcanzaba.
La respuesta oficialista fue que, al tratarse de una sesión especial, con ocho firmas se podía debatir y que la oposición se había quedado enredada en una cuestión de formas y no de fondo. “Durante años criticaron el gasto público del Municipio, se cansaron de plantearlo en campaña y ahora que hay que poner las cosas sobre la mesa, ponen excusas que van en contra de los intereses de la gente”, dijo una alta fuente del oficialismo en el legislativo municipal.
Y agregó además que la intención de la oposición de llevarlo a comisión era para dilatar la discusión; a lo que en la vereda de enfrente respondieron con la intención de aportar al proyecto, por ejemplo, con una iniciativa que tenía Riutort. Y que implicaba un desdoblamiento de jornada y atención en el municipio hasta las 20 como ocurre en dependencias provinciales. “Turnos de seis horas y sin pagar refrigerio”, reconoció la concejala a este diario.
Un debate con consecuencias. Con este panorama, la acalorada sesión del viernes, con la presencia por momentos del Suoem en las calles en medio de las restricciones por la cuarentena, dejó varias secuelas. Tanto en el oficialismo como en la oposición.
En el bloque de Hacemos por Córdoba hubo fricciones por el rol que intentó jugar el concejal Gustavo Pedrocca, quien además es secretario general de Suvico, el sindicato de los vigiladores.
El gremialista dudó hasta el viernes al mediodía acerca de su votación y esa postura molestó en el Palacio 6 de Julio. Enojo que perduró incluso después de la sanción de la ordenanza donde el edil votó en general pero no en particular. “Si tiene intenciones de conducir o no la CGT, es otra discusión. Ocupás una banca de un oficialismo que agarró un Municipio en emergencia y tenés que estar a la altura”, dijeron en la noche del viernes.
En la oposición, los que observan desde afuera cómo los representantes de sus partidos se movieron también mostraron su molestia. Sobre todo, por lo ocurrido en el bloque Córdoba Cambia compuesto por radicales, juecistas y macristas.
La molestia en este caso llegó por el rechazo que manifestaron las dos concejalas del PRO, María Eugenia Terré y María Iglesias. “No entendieron que podían agarrar algo del capital político que ahora monopoliza Llaryora. Era el gesto que viene pidiendo la sociedad, el rechazo al gasto público, pero no… se quedaron en la política chiquita”, se quejó una fuente del espacio amarillo de finos contactos con el PRO en Buenos Aires y sorprendido también por la postura de De Loredo.
En la oposición aseguran que volvieron a funcionar de manera articulada, como lo hicieron en la discusión por el traspaso del agua que ocurrió a principio de este año, y aseguran que hay una nueva estrategia del sector que juega en tándem: Negri-De Loredo-Quinteros, y donde a veces pivotea Sapp, como lo hizo el viernes para no darle los dos tercios.
Lo que viene. Superada la discusión con el gremio, que arrancó con el no pago de las prolongaciones de jornadas en marzo y abril, y siguió con el recorte de la carga horaria, en el llaryorismo aseguran que se viene una próxima escala en la disputa: las bonificaciones y el pedido de presentación de títulos.
“Es la primera vez en 40 años que el gremio pierde algo, que se le marca la cancha”, dicen en el Palacio 6 de Julio y agregan que el viernes, al recorte de la jornada, se le agregó también la inembargabilidad de las cuentas municipales y la reestructuración de la administración pública.
De esta manera, con lo sancionado anteayer, el oficialismo repite que se empoderará a la Asesoría Letrada del municipio que encabeza Andrés Varizat y que secunda Pablo García Aresca, hermano del intendente de San Francisco, y hombre de mucha confianza del jefe comunal capitalino.
En tanto, aseguran que la nueva avanzada será por las bonificaciones y el pedido de los títulos que el Municipio paga y de los que aseguran no se pide constancia.
“Hay bonificaciones de hasta el 50% que se paga en redes sanitarias y en áreas de Salud, está bien. Pero hay otras que se abonan en sectores que no corresponde y que hay que rediscutir”, señaló ayer una fuente municipal que además comparó el recorte con el impacto en lugares como la secretaría de Obras Públicas.
“En esa área el presupuesto anual es de 3.700 millones de pesos, y al año 2.600 se van en sueldos, quedan 1.100 para todos los gastos operativos. Un 68% se va en sueldos y hay reparticiones donde la erogación es más”, aseguraron.
Reunión de Llaryora con viguistas para acercar posiciones
Superada la acalorada sesión del viernes en el Concejo Deliberante, el intendente Martín Llaryora recibió anteanoche en el Palacio 6 de Julio a los legisladores provinciales, Leonardo Limia y Diego Hak, junto al diputado nacional, Paulo Cassinerio. Tres dirigentes del PJ capitalino que responden a la diputada nacional Alejandra Vigo.
Después de las tensiones que se vivieron en las últimas semanas entre las distintas vertientes del peronismo en la ciudad, los que conocieron detalles de las pizzas que cenaron los referentes del viguismo con el intendente, reconocieron que el encuentro se realizó con la intención de acercar posiciones entre el llaryorismo y el espacio que conduce la esposa del gobernador Juan Schiaretti.
En el entorno del jefe comunal capitalino aseguran que la intención es cerrar filas en todos los espacios: Concejo Deliberante, Municipio y con los representantes que tiene el PJ de la capital cordobesa en la Unicameral.
