Fuerte suba de delitos recrudece la discusión interna en tribunales, con un sistema al límite

El clima en los tribunales provinciales es denso. El avance de la violencia urbana y la delincuencia, colocó al sistema en tensión. PERFIL CÓRDOBA publicó el domingo pasado un informe que señala que, en los dos primeros meses del año, se incrementaron un 40% los casos de delitos en flagrancia que llegan al Centro de Recepción de Procedimientos con detenidos del Polo Judicial.

Son más de 1.000 detenidos por mes. Si ese número no baja, la proyección es que habrá por lo menos 12.000 durante todo el año. ¿Puede recibir ese volumen de causas un único Centro? El consultor del Poder Judicial Germán Garavano había advertido el año pasado que para esa cantidad de detenidos se necesitarían cuatro centros. Ahí radica un aspecto crucial de la frazada corta.

El problema se potencia aún más los sábados y domingos, cuando se incrementan las detenciones. Con cuatro sumariantes por turno es materialmente imposible cubrir la demanda. Por eso, la Fiscalía General reasignó empleados de las Unidades Judiciales (UJ) al Centro durante los fines de semana.

El gremio puso el grito en el cielo. Señaló que la medida “afecta el servicio de justicia y derechos de sumariantes de 19 Unidades Judiciales”. El argumento que enfureció a las autoridades del Ministerio Público Fiscal (MPF) fue que “se afectarían derechos laborales por alterar fines de semana trabajados y libres causando un exceso de horas en función”. “Desconocen que la Justicia es un servicio esencial”, “falta de compromiso” y “cobran un 25% más los fines de semana”, se quejaron las fuentes consultadas en la cabeza del MPF.

Hay un plan. Mientras se intenta dar una solución provisoria al Centro de Recepción, adicionando empleados los fines de semana, el Poder Judicial espera definiciones desde El Panal para avanzar en la reestructuración que permita priorizar el trámite judicial de flagrancias. Es el universo de delitos que atañe a la inseguridad que padece y por la que reclama la ciudadanía en todos los barrios de Córdoba.

El fiscal General Juan Manuel Delgado aseguró a este medio que se diseñó un plan en base a los recursos existentes y previendo la puesta en marcha de las 11 nuevas fiscalías creadas a través de la Ley de Seguridad sancionada en diciembre. No quiso brindar detalles del contenido hasta no contar con una devolución del Ejecutivo, que debe habilitar los fondos para concretarlo.

Ese proyecto es analizado por dos ministerios, el de Justicia, encabezado por Julián López, y el de Seguridad, a cargo de Juan Pablo Quinteros. Involucra desde los policías que proceden ante los delitos y los fiscales y jueces que tramitan en la Justicia cada expediente, hasta las cárceles donde deben ir los procesados o condenados. Hoy, el complejo carcelario de Bouwer está al tope. En un mes se incorporará un módulo para 400 internos más, que la demanda indica que apenas se inaugure quedará completo.

Aceitar todo el sistema es un reclamo acuciante. Que se explicite ese pedido es síntoma de que no está funcionando armónicamente. Ahí es donde aparecen los reproches internos.

Puerta giratoria. Las cárceles están repletas pero se sigue reclamando por delincuentes que reinciden sin quedar detenidos. Una paradoja. Dos fiscales de Instrucción se quejaron públicamente por esta situación. Raúl Garzón no sólo reconoció, “con vergüenza”, que en el Poder Judicial de Córdoba existe la puerta giratoria, sino que reclamó que “se construyan más cárceles”. La semana pasada otra fiscal habló de “fallas del sistema”. Silvana Fernández reconoció que una pareja de motochorros –la mujer está en el noveno mes de su embarazo– había protagonizado asaltos idénticos desde 2022. Había imputaciones vigentes y, sin embargo, estaban en libertad.

El caso reabrió el debate sobre la reincidencia –delincuentes condenados que vuelven al delito– y reiterancia –imputados sin condenas que no cesan en sus conductas delictivas–. ¿Por qué no quedan detenidos?

Desde Fiscalía General recordaron que desde 2022 rige una disposición que no todos los fiscales cumplen. Les ordena acumular los expedientes cuando una misma persona es detectada en infracción en más de una ocasión, para evitar la reiterancia. Todos los hechos deben acumularse en la Fiscalía que tramita el delito más grave. “No hay fallas del sistema, en realidad no cumplen con las directivas establecidas”, advirtieron.

UN PROYECTO DE LEY OBJETADO

El legislador radical Dante Rossi presentó la semana pasada un proyecto de ley para establecer cómo deben tramitarse las flagrancias. En 16 artículos propone fijar el procedimiento para enjuiciar a los delincuentes pescados in fraganti.

Algunos de los artículos son:

◆ Efectuada la aprehensión, el personal policial deberá dar aviso en forma inmediata, y sin dilación, y poner al aprehendido a disposición del Ministerio Publico Fiscal (MPF) que de manera inmediata le notificará el motivo de su detención.

◆ El fiscal formará las actuaciones en el plazo de dos días hábiles desde la certificación del decreto de designación de abogado defensor y elevará la causa al juez de Control con Competencia en flagrancia.

◆ El juez de Control fijará fecha de audiencia en un plazo de un día hábil desde la petición del artículo anterior, la que deberá desarrollarse en un plazo no mayor a dos días hábiles. En esta audiencia podrá requerirse la aplicación de Criterios de Oportunidad, Suspensión del Proceso a Prueba o Juicio Abreviado inicial.

◆ La víctima tiene derecho a participar como querellante.

◆ No procede la acción civil en el proceso penal de flagrancia.

◆ La Cámara del Crimen Unipersonal con competencia en flagrancia fijará fecha de audiencia en un plazo de 24 horas hábiles, la que deberá desarrollarse en un plazo no mayor a dos días hábiles.

En tribunales están de acuerdo con normar el proceso de flagrancias, aunque no están dispuestos a avalar el proyecto de Rossi. El comentario que deslizan es que, en las circunstancias actuales, es impracticable realizar un procedimiento con plazos perentorios tan escuetos