El fiscal del Fuero Penal Económico y Anticorrupción, Hugo Amayusco, librará esta semana un exhorto dirigido al juez federal de Curitiba, Brasil, Sergio Fernando Moro, quien investiga la causa conocida como Operación Lava-Jato.
El objetivo es conocer qué datos posee el juez referidos a Córdoba. Puntualmente, qué menciones hay sobre las licitaciones de gasoductos troncales de los años 2008/2009 en la lista con nombres y montos que confeccionó el cambista arrepentido Alberto Youssef y en la que figura un supuesto pago asignado a Córdoba de más de 60 millones de reales (36 millones de dólares a la cotización de 2014 cuando la nómina fue secuestrada).
Amayusco quiere precisiones sobre cómo Moro interpreta esa lista, ya que hay números muy dispares, algunos equivalentes al valor total de una obra y otros que podrían ser compatibles con pagos por tareas de lobby o consultoría.
PERFIL Córdoba pudo confirmar la decisión del fiscal de emitir el exhorto.
El oficio “está redactado, solo falta darle la forma final y la firma”, admitió una fuente de Tribunales a este diario. Una vez emitido por la fiscalía, el trámite llevará un tiempo. Irá al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, será traducido, enviado a la Cancillería Argentina y de ahí a la Cancillería de Brasil para su remisión al Juzgado Federal de Curitiba. ¿Cuál será la respuesta del juez brasileño? Eso es un enigma.
La misma fuente consultadaadmitió que, independientemente de si Moro remite alguna respuesta, es posible avanzar en el análisis de documentación local. “Es prácticamente imposible probar una coima porque el pago de un soborno, por lo general, no deja huella”, aseveró, pero “sí se podrían detectar otros delitos” como abuso de autoridad cuando hay decisiones contrarias a leyes vigentes, licitaciones hechas a medida de un oferente o sobreprecios si se comparan los montos presupuestados y ejecutados con el Sistema de Precios Testigo para compras y contrataciones de la administración pública. Nada de eso se ha probado aún.
La decisión de Amayusco de librar el exhorto se produce en la causa originada por la denuncia de los legisladores Juan Pablo Quinteros, Liliana Montero y Aurelio García Elorrio sobre los dos procesos licitatorios para construir gasoductos troncales en la provincia. Es casi calcada a la presentación que rebotó en la otra fiscalía Anticorrupción que estuvo a cargo del hoy juez Penal Económico, Gustavo Hidalgo.
La primera licitación, en 2008/2009, tuvo como oferentes a las empresas OAS S.A. y Andrade Gutiérrez S.A. Ambas compitieron en dos Uniones Transitorias de Empresas (UTE) asociadas en el caso de OAS, con Electroingeniería; y en el de Andrade Gutiérrez, con Iecsa S.A. y Britos S.A. Esta última propuesta ganó, pero el proceso quedó trunco por falta de avales de la Nación al financiamiento de las obras. La relicitación se produjo en 2015. Apareció una tercera empresa, Odebrecht, mencionada en la famosa Lista Youssef como pagadora de sobornos a 750 obras en toda América Latina. La firma, con su presidente Marcelo Odebrecht condenado y preso en Brasil, ganó y ejecuta seis de los diez tramos licitados por un total de $8600 millones de pesos.
Con estrategia de contraataque, la Fiscalía de Estado de la Provincia presentó copias de todos los expedientes de las licitaciones antes de que se los requiriera la Justicia. Abarrotó las oficinas de la fiscalía con 42 cajas. Desde el 27 de enero último, en que ingresaron al expediente, solo se elaboró un índice con el contenido. Queda clasificar y leer la voluminosa documentación.
