La pasada fue una semana corta pero intensa en el ala penal del Polo Judicial. En salas, pasillos y grupos de WhatsApp se pudo percibir un profundo malestar tras el anuncio de la Fiscalía General de importantes reformas en el esquema de tareas. Los cambios apuntan al trabajo ‘uno a uno’ de fiscalías con unidades judiciales y la eliminación de los turnos por distrito; el desglose de los sumarios por flagrancias hasta que se habiliten fiscalías específicas, y la edificación de una nueva sede que se construirá al lado del Hospital Neonatal –y por ende continuidad– del Centro de Recepción de Detenidos por delitos menores, que es fuertemente criticado por la mayoría de los fiscales.
Equipos técnicos de gestión y estadística del Ministerio Público Fiscal (MPF) y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) venían trabajando sobre estos temas desde hace meses. Sin embargo, el domingo pasado el fiscal General Juan Manuel Delgado, junto a tres de los cuatro adjuntos –Betina Croppi, Pablo Bustos Fierro y José Gómez Demel–; el presidente del TSJ, Domingo Sesín, y el vocal Luis Angulo, hicieron los anuncios en una nota periodística.
Por esa vía los fiscales de Instrucción y la Sala Penal del TSJ se enteraron de las medidas. Quedaron estupefactos.
Ni Aída Tarditti, Sebastián López Peña y María Martha Cáceres de Bollati fueron partícipes de la entrevista. El otro gran ausente fue Héctor David, el cuarto adjunto de la Fiscalía General.
PERFIL CÓRDOBA había publicado, el 26 de marzo pasado, que la Justicia proyectaba un sistema integral de flagrancias sobre el cual había consenso entre el MPF y el TSJ. Restaba definir cómo se llevaría adelante. La modalidad surgiría de un diagnóstico a partir de un relevamiento de la opinión y evaluación de las fiscalías – que se está realizando– y un estudio pormenorizado de la situación actual para ajustar y modificar aspectos concretos.
Para ofrecer el cuadro de situación, este medio contactó a fuentes de ambos poderes encabezados por Fiscalía General y Tribunal Superior. La inquietud era conocer cómo respondía el Poder Judicial a la ola de inseguridad desbocada que pone en crisis la productividad en la investigación, resolución de conflictos y sanción de delitos. Dio cuenta de un decidido afán de la Fiscalía General de avanzar en proyectos y prudencia en la cabeza del Poder Judicial. Diferentes tiempos.
Sorpresivamente, una semana después, Delgado salió con los anuncios. Sesín y Angulo le propiciaron el escenario: la sala de audiencias del TSJ.
Lejos de mostrar la adhesión del máximo tribunal, esa foto fue una bomba que detonó y cuyas esquirlas lastimaron, profundizando una grieta que se mantenía controlada por la prescindencia del TSJ, convertido en paraguas que cobijaba a todos los fiscales descontentos.
El lunes, las fiscalías, juzgados y cámaras del crimen fueron un hervidero. El martes, los camaristas penales se reunieron con el vocal López Peña. Ese mismo día hubo acuerdo del TSJ. La posición de Angulo no sorprendió. Sí la de Sesín. Mostrar un respaldo que no existía, al menos en forma unánime.
El miércoles, la Asociación de Magistrados emitió un duro comunicado cuestionando al fiscal General Delgado por no haberlos convocado para analizar los proyectos, cuando había un compromiso previo en tal sentido. Mañana, vía Zoom, el fiscal General explicará el alcance de los cambios y protocolos a implementar.
Tensiones de larga data. A fines de 2016, bajo la gestión del ministro de Justicia Luis Angulo, se creó la Comisión de reforma del Código Procesal Penal de la Provincia. Estuvo integrada por Marcelo Jaime, representante del TSJ; José Gómez Demel, por Fiscalía General; Maximiliano García, por el Colegio de Abogados; Nicolás Rins, por la Federación de Colegios de Abogados; Pedro Yanzi Ferrerya y Carlos Ferrer, por las Facultades de Derecho; José Caferatta Nores, por la Academia Nacional de Derecho, y Marcelo Novillo Corvalán, entre otros.
El trabajo avanzó con la incorporación de la oralidad a más instancias y el expediente electrónico. Se frenó abruptamente cuando se propuso crear una Cámara de Casación que le quitaría al TSJ el poder de fijar jurisprudencia en materia penal, reduciéndolo a un mero control de constitucionalidad.
Algunos partícipes memoriosos de aquella experiencia –que terminó en escándalo– admiten que desde entonces hay un “doble discurso” de los actores de la Fiscalía General, el ariete del gobierno para llevar adelante reformas que le fueran funcionales. La Cámara de Casación era el camino para acotar el poder del TSJ y generar un tribunal para designar jueces afines.
Por eso, la desconfianza recíproca es de años y se reactualizó la semana pasada a su máximo nivel. Hay quienes señalan que las posiciones, hoy, “son irreconciliables”.
Inseguridad desbordada. El Poder Judicial en su conjunto tiene su cuota parte de responsabilidad en la situación preocupante de la inseguridad.
La estadística del MPF evidencia el crecimiento del delito. Entre 2019 y 2022 subió más del 25% la cantidad de causas ingresadas. En el informe publicado por este medio –del 26 de marzo– se analizó que a pesar de esa suba, el Centro de Recepción seguía recibiendo entre 500 y 700 procedimientos mensuales. La interpretación fue que había un techo en la capacidad operativa policial.
Hay quienes endilgan responsabilidad al centro de recepción. Su titular, Bruna Sciolla, había asegurado que la demora promedio de un móvil policial para entregar un procedimiento es de dos a tres horas. Lo desmienten fiscales y fuentes del TSJ. Señalan que el tiempo se puede extender hasta las ocho horas. Critican la centralización, cuando la tendencia para una mayor productividad es la descentralización. El centro único (de detenidos) tampoco convence al Ministerio de Gobierno y Seguridad.
