Habrá remisión inmediata de antecedentes para abrir investigaciones a exfuncionarios

El viernes pasado culminó el primer proceso judicia l con condenas por el crimen policial de Valentino Blas Correas (17) y su posterior encubrimiento. Ocurrió el 6 de agosto del 2020 en el marco de un procedimiento policial en el cual los cabos Lucas Gómez y Javier Catriel Alarcón dispararon al Fiat Argo donde iban Blas y cuatro amigos: Juan Cruz Camerano Echavarría, Camila María Toci, Mateo Natali y Cristóbal Bocco Cámara, quienes sobrevivieron a los impactos de bala cuyas huellas quedaron en el auto.

Gómez y Alarcón recibieron condenas a prisión perpetua, por unanimidad de los jurados y el tribunal de la Cámara 8ª del Crimen de nuestra ciudad, integrada por Marcelo Jaime (presidente), Mario Centeno y Juan Manuel Ugarte.

De los 11 policías que llegaron acusados por los delitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución de delincuentes, de encubrimiento y falso testimonio, según cada caso, nueve recibieron condenas que van de los dos años y seis meses de prisión condicional –la más baja– hasta los cuatro años y 10 meses de cárcel. Dos efectivos, Leonardo Martínez y Rodrigo Toloza, fueron absueltos.

La parte resolutiva del veredicto contiene 24 páginas. La extensión da la pauta de la cantidad de decisiones que adoptó el tribunal. Además de las condenas y absoluciones mencionadas, un aspecto trascendente son las remisiones de antecedentes para las investigaciones que se desprendieron del debate oral y público que se desarrolló a lo largo de seis meses de audiencia.

Entre el 21 y el 24 de abril, la Cámara 8ª comunicará los fundamentos del fallo. Según pudo conocer PERFIL CÓRDOBA, un capítulo será especialmente dedicado a la descripción de los hechos y los motivos por los cuales se remiten antecedentes para continuar las investigaciones, en lo que se puede considerar será el Caso Blas Correas II.

Para que se abran esas pesquisas no habrá que esperar a que la sentencia quede firme, a través de una resolución del Tribunal Superior de Justicia, donde acudirán seguramente los defensores en casación. Los aspectos como condenas y decomisos sí deben esperar esa decisión para ser ejecutados. No así las remisiones ni las recomendaciones para modificar normativas y mejorar la capacitación del personal policial. Éstas se harán de modo inmediato, notificando el mismo día a los organismos correspondientes: el Gobierno de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal.

De las futuras pesquisas es prematuro aventurar quién las investigará. Si bien la Cámara las enviará en conjunto, dependerá de las personas a investigar, si son funcionarios en actividad o no y la calificación legal que, prima facie, se les atribuye. Eso no significa que estén imputados, ya que la Cámara sólo dirá qué hechos y conductas merecen ser profundizados con una investigación penal o administrativa.

Fuentes de la Fiscalía General precisaron a este medio que se analizarán primero los fundamentos de la sentencia para resolver el destino de los expedientes. ¿Podrían volver a la fiscalía que ya instruyó lo que acaba de ser juzgado, a cargo de José Mana? ¿Habrá sorteo entre el resto de fiscales? ¿Algo irá al Fuero Anticorrupción? Eso se definirá a fines de este mes.

El detalle no es menor. Soledad Laciar, madre de Blas Correas, dijo ser garantía para reclamar que se haga justicia en relación a todos los responsables del asesinato de su hijo. En innumerables ocasiones advirtió que esta sentencia es sólo el inicio de su larga lucha, que continuará sin bajar los brazos.

No es la primera vez que al cabo de un juicio se instan nuevas investigaciones. Ocurrió con el caso de Fernando ‘Güere’ Pellico, asesinado por policías y a quien también le plantaron un arma y sucedió con el juicio por el trágico asalto de Nueva Córdoba, para citar sólo algunos. Sin embargo, con el correr del tiempo parecen quedar en el olvido.

De ahí la importancia de la figura de Soledad, la madre de Blas, que desde el día en que asesinaron a su hijo se convirtió en el símbolo y la voz que reclama cambios institucionales en la fuerza de seguridad para que “no haya otro Blas”. Su persona condensó, como pocas, la interpelación al poder político que no reacciona y continúa en deuda.

Durante el desarrollo del juicio que culminó, los fiscales de Cámara Fernando López Villagra y Marcelo Hidalgo intentaron incluir hechos nuevos en la acusación de los policías que fueron condenados el viernes. De repente, por casualidad o causalidad, comenzaron a haber bajas entre los jurados populares. Eso motivó la decisión de acelerar el proceso para evitar que se extendiera en el tiempo y corriera riesgo su continuidad. Sin jurados, debía reiniciarse y eso no era tolerable.

Las partes, en ese momento, renunciaron a testigos, se incorporó toda la prueba y se enfiló hacia el tramo final de alegatos. Así se llegó a la sentencia.

Todos esos “hechos nuevos” para los mismos policías también formarán parte de las futuras pesquisas.

LAS CAUSAS QUE SE VIENEN

◆ A siete policías condenados el viernes (Alarcón, Esquivel, González, Soria, Galleguillo, Quiroga y Gatica) se pedirán nuevas imputaciones por falsedad ideológica.

◆ A Alfonso Mosquera (exministro de Seguridad) y Lucas Mezzano (funcionario de la misma cartera) por presunto abuso de autoridad. Mosquera ordenó y Mezzano ejecutó la entrega de un vehículo particular al excomisario Gonzalo Cumplido. ¿Qué hacía Mezzano entrevistando al jefe policial si no eran tareas atinentes a su área de responsabilidades? ¿Por qué le entregaron un auto y quién le pagó el combustible?

◆ A Liliana Zárate Belletti. Se le atribuye responsabilidad en la condición de Javier Alarcón, un policía que se encontraba en tareas operativas cuando no había aprobado el examen de tiro. En ese momento, la actual jefa era responsable de Recursos Humanos en la Policía de Córdoba.

◆ A Gonzalo Cumplido. Lo compromete especialmente el pedido telefónico que formuló a Soria y Galleguillo. Se comprobó durante el juicio que les ordenó que “sacaran el arma” porque “era un mamotreto”. Se refería al arma plantada sobre la cual se montó una mentira: que había sido arrojada desde el auto donde se conducían los jóvenes atacados. El objetivo era justificar los disparos policiales como si hubieran ocurrido para repeler una agresión. La falsa versión duró pocas horas.

◆ Al comisario Víctor Distéfano. También habría abusado de su autoridad al permitir el ingreso de personal no autorizado a la sala de videocámaras de la Jefatura de Policía.

◆ A todos los efectivos que rodearon el auto, en Chacabuco y Corrientes, donde Blas Correas estuvo agonizando, sin asistirlo para intentar salvarle la vida.

◆ A los integrantes del Tribunal de Conducta Policial por omisión de sus deberes al permitir que policías con causas abiertas estuvieran realizando tareas operativas y portando armas.

Un debate que precisará qué es la violencia institucional

La parte resolutiva del veredicto de la Cámara 8ª del Crimen que se comunicó el viernes consta de numerosas partes. Las primeras están referidas a las condenas y absoluciones de los acusados. Luego, el tribunal resuelve las remisiones de antecedentes para el Caso Blas II.

También hay recomendaciones al Gobierno provincial sobre la capacitación del personal policial en el manejo de armas, la conservación de la escena del crimen, de las evidencias, el trato a dispensar a las víctimas y el control y evaluación periódica del personal, “para que nunca más (sic) se repita lo acreditado en el presente proceso”.

Consta de recomendaciones a la Secretaría de Seguridad provincial y al Tribunal de Conducta Policial para que retenga el arma al personal que no apruebe la evaluación de tiro y que nunca más se usen las “líneas bajas” de comunicación, como alternativa a las vías oficiales. Se dispone el decomiso de instrumentos del delito y resarcimientos a las víctimas.

Un aspecto de extrema trascendencia refiere a la declaración de Blas Correas, su familia y los sobrevivientes de la balacera policial como víctimas de violencia institucional. Textualmente el tribunal decidió “reconocer a Valentino Blas Correas, Juan Cruz Camerano Echevarría, Camila María Toci, Mateo Natali, Cristóbal Bocco Cámara, María Soledad Laciar, Blas Miguel Fernando Correas, Juan Segundo Páez Laciar, Miguel Ángel Laciar, Ana María Chanaquir, Romina y Valeria Laciar y Gabriela Alejandra Correas como víctimas de actos de Violencia Institucional cometidos por miembros de la Policía de la Provincia de Córdoba”.

Se espera que en los fundamentos, los jueces conceptualicen una definición de semejante trascendencia.

LAS CONDENAS Y ABSOLUCIONES

Lucas Damián Gómez: Prisión perpetua.

Javier Catriel Alarcón: Prisión perpetua.

Yamila Florencia Martínez: Cuatro años y tres meses. Prisión domiciliaria.

Wanda Micaela Esquivel: Tres años y diez meses. Prisión domiciliaria.

Leando Alexis Quevedo: Cuatro años de prisión.

Ezequiel Agustín Vélez: Dos años y seis meses. Ejecución condicional.

Sergio Alejandro González: Cuatro años y diez meses de prisión.

Walter Eduardo Soria: Cuatro años y nueve meses de prisión.

Jorge Ariel Galleguillo: Cuatro años y ocho meses de prisión.

Enzo Gustavo Quiroga: Cuatro años y ocho meses de prisión.

Juan Antonio Gatica: Cuatro años de prisión.

Leonardo Alejandro Martínez: Absolución.

Rodrigo Emanuel Toloza: Absolución.