El viernes pasado, el juez federal N°1, Ricardo Bustos Fierro, homologó un acuerdo entre cinco estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y las autoridades universitarias por la toma del Pabellón Argentina en septiembre de 2018.
Alcanza a Delfina Borioli, Yazmín Ferrer, María Ojeda Delgado, Sabrina Céliz y Aisha Jalil. Con el patrocinio letrado de Mercedes Crespi, las cuatro primeras, y de Justiniano Martínez, la última alumna, habían propuesto a la UNC realizar trabajos para reparar el daño ocasionado durante la ocupación que paralizó las actividades en el edificio central de la Ciudad Universitaria en ocasión de una protesta estudiantil.
Hasta el viernes pasado, estaban procesadas por el delito de usurpación. Gracias al acuerdo de conciliación se extinguió para ellas la acción penal. Los acuerdos de conciliación son soluciones alternativas a los conflictos previstas en el Código Penal. En este caso, el delito tiene una pena teórica que va de los seis meses a los tres años de prisión, en el caso de llegar a condena.
El acuerdo. La iniciativa contó con el aval de las autoridades universitarias, representadas por el vicerrector, Pedro Yanzi Ferreira, y por el Ministerio Público Fiscal. Faltaba la anuencia del juez y se produjo el viernes último.
Las jóvenes se comprometieron a realizar trabajos comunitarios en el Observatorio de Derechos Humanos de la casa de altos estudios, durante tres meses, según el programa previsto para el próximo cuatrimestre.
Solución proporcional. Bustos Fierro opinó que el ofrecimiento es proporcionado al daño causado. “Un mes duró la toma y ofrecen tres meses de trabajo en la Universidad”, dijo. También destacó “la actitud de los estudiantes que desalojaron el Pabellón en forma pacífica y voluntaria, con la contribución activa del Vicerrector”.
Hay 22 estudiantes procesados que esperan el juicio. Pero el debate oral y público es prácticamente imposible que se realice este año.
Días pasados, otra novedad que se produjo en la causa fue la resolución del juez instructor, Hugo Vaca Narvaja, de dictar el sobreseimiento de la abogada Leticia Celli quien había sido imputada por haber asistido al lugar de la toma.
El magistrado entendió que no correspondía promover su procesamiento ni acusación porque desempeñó su tarea como abogada, acudiendo para asesorar a los estudiantes que realizaban la protesta.
La toma del Pabellón Argentina se desarrolló durante 30 días desde fines de agosto hasta fines de septiembre de 2018. Durante ese tiempo se impidió el ingreso de empleados, autoridades, investigadores a las instalaciones. Se trató de una protesta con reclamos presupuestarios y luego incluyeron una larga lista de reivindicaciones en defensa de la educación pública. Por eso la calificación legal que persiste para quienes esperan el juicio es “usurpación”.
La causa judicial se inició porque el vicerrector, Yanzi Ferreira, dio aviso a los tribunales; pero luego la UNC pidió expresamente no figurar como denunciante.
