El martes 10 de abril el fiscal Anticorrupción y Penal Económico del primer turno, Hugo Amayusco, vivió su último día de trabajo en las oficinas del segundo piso de Tribunales I. A esa función llegó en 2003 cuando asumió como primer fiscal del fuero creado por decisión del entonces gobernador José Manuel de la Sota. El objetivo era investigar a funcionarios y empresarios corruptos. El 11 de abril pasado comenzó una licencia que se extenderá hasta el 1 de julio próximo cuando se hará efectiva su renuncia para acceder a la jubilación ordinaria que ya le fue concedida por la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
Por su parte, a fines de diciembre de 2016, Gustavo Hidalgo dejaba vacante la fiscalía del 2° turno para asumir como juez de Control del fuero especial. De esta manera, en la actualidad, ambas se encuentran acéfalas. Por decisión del fiscal General, Alejandro Moyano, dos fiscales de instrucción subrogan las dos oficinas. Carlos Cornejo -la que deja Amayusco- y Horacio Vázquez -la que supo ocupar Hidalgo-. En los dos casos, el 30 de abril se extingue la asignación aunque puede ser prorrogada.
Mientras tanto, la sensación es que el fuero Penal Económico y Anticorrupción es un barco del cual no se conoce destino. Meses atrás surgió el rumor de que sería disuelto por decisión del actual gobierno. Pero quedó en las especulaciones ya que el oficialismo no tomó hasta ahora ninguna iniciativa legislativa y no hay certezas de que vaya a tomarla. Y si la encara, cuándo lo hará y de qué modo.
Cansancio. Amayusco tiene 62 años. Allegados comentaron a PERFIL CORDOBA que “está cansado”, motivo principal de su alejamiento de la tarea judicial. Opinan que durante los últimos años fue blanco de ataques constantes desde los oficialismos provincial y municipal, cierto sector de la prensa y la oposición. Marcan diferencias con Hidalgo, quien fue su par en el fuero, por la cantidad de causas que logró investigar llevando a juicio a varios políticos de peso, como respuesta a sus detractores que le endilgan ser “garante de impunidad”.
En los 15 años como titular de la fiscalía fue denunciado en tres oportunidades ante el Jury de Enjuiciamiento. Ninguna presentación prosperó.
Concurso. El Consejo de la Magistratura, en tanto, tiene en trámite avanzado el proceso de selección de los futuros fiscales Anticorrupción. Matías Bornancini y María Pía Mazzota aprobaron el examen escrito y el viernes realizaron la entrevista personal. Había un tercer postulante, Agustín Cafferata, pero desistió por razones personales. Solo queda por delante el análisis de los antecedentes en la Unicameral y la eventual designación del Ejecutivo.
INVESTIGÓ A KAMMERATH,GIACOMINO Y MESTRE
Por el escritorio de Hugo Amayusco pasaron denuncias contra dirigentes políticos de peso. Recibió cinco contra el exintendente Germán Kammerath. Una de ellas es la que culminó con una condena en juicio el resto de las demandas fueron archivadas.
Amayusco imputó por sobreprecios en el pago de servicios a Edgardo Schmal, expresidente del Ipam (actualmente Apross, la obra social provincial). El funcionario fue sobreseído por la Cámara de Acusación en un fallo sorprendente. Investigó de oficio al ex concejal Daniel Ingaramo, lo imputó pero luego la jueza de Control determinó que no había cometido delito.
Requirió investigación al juzgado contra el ex fiscal de Río Segundo, Luis Nazar, condenado a la postre por la Cámara 2° del Crimen por cobrar coimas. Por la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas, imputó al exintendente de esa localidad, Daniel Arzani, y a funcionarios provinciales, entre los cuales al ex secretario de Ambiente, Federico Bocco. La semana pasada el juez de Control, Esteban Díaz, confirmó la elevación a juicio a Bocco y a su antecesor en Ambiente, Raúl Costa por la autorización de un desarrollo inmobiliario en San Antonio de Arredondo de la empresa Gama. Esta causa también fue instruida por Amayusco.
Tramitó un cúmulo de denuncias contra el ex jefe comunal, Daniel Giacomino, y gran parte de su gabinete, varias de las cuales siguen abiertas en la actualidad.
Los archivos. En la lista de los expedientes cerrados hay varias denuncias que tuvieron gran difusión pública. Archivó una investigación por la construcción de la central Pilar de Epec al señalar que, de la pericia realizada, no habían surgido hechos delictivos. Igual tesitura sostuvo en una denuncia por presunta malversación de fondos del Plan de Manejo del Fuego y en otra demanda por los gastos derivados de la organización del Carnaval Cuartetero, durante el último gobierno delasotista.
Estuvo a punto de imputar al intendente Ramón Mestre y a sus funcionarios Marcelo Cossar y Juan Pablo Ostanelli por un viaje a Corrientes pagado por Ersa, prestataria en la ciudad de Córdoba. En un fallo escandaloso, la Cámara de Acusación, cuando debía analizar un incidente, avanzó más allá del tema a resolver y opinó que no había delito cerrando la investigación.
Le quedaron pendientes dos causas resonantes. Si Odebrecht pagó coimas en Córdoba por la obra de gasoductos. Libró un exhorto a la justicia brasileña para recibir información, pero no obtuvo respuesta. Y la de las armas desaparecidas de la Jefatura de la Policía de Córdoba. Después de más de 2 años solo pudo encontrar ocasionalmente un puñado en hechos delictivos donde fueron secuestradas. Le faltó determinar quiénes y por qué las sustrajeron.
En las dos causas las dudas siguen vigentes.
UPC TODAVÍA NO DEFINIÓ SI AVALARÁ DISOLUCIÓN DEL FUERO ANTICORRUPCIÓN
El 16 de mayo habrá una sesión especial pero no está garantizada la aprobación de la ley. A inicios de año sonó un rumor sobre la decisión del gobierno provincial de eliminar la competencia especial del Fuero Anticorrupción, cuestionado en ámbitos políticos y estrados judiciales por su escasa eficacia. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti -al reasumir esa función sobre fines del año pasado- recordó a este diario que ese cuerpo no había sido consultado cuando se creó el fuero. Tarditti criticó la eliminación de la figura del querellante en las causas y propició un observatorio de la corrupción para que los ciudadanos puedan conocer el estado de los expedientes de cada caso.
En la Legislatura, bloques opositores impulsan un proyecto de ley que elimine la existencia del fuero especial. Reunieron 28 firmas para habilitar una sesión extraordinaria que se realizará el 16 de mayo próximo. Juan Pablo Quinteros, en diálogo con PERFIL CORDOBA dijo que su “posición personal” consiste en proponer la eliminación de la competencia especial para casos de corrupción de modo que cualquier fiscal pueda investigar. Pero sumó, además, otra propuesta que consiste en que el tribunal de alzada no sea la Cámara de Acusación -que bloqueó en muchas causas las investigaciones sorteo las Cámaras del Crimen.
Unión por Córdoba todavía no dio a conocer su postura. Este diario consultó a Julián López, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Unicameral. A través de su agente de prensa dijo que el bloque no debatió el tema y que se expresará en la sesión especial del mes entrante. Sin los votos de UPC es improbable que salga la ley. No se descarta que la anulación de la competencia especial en casos de corrupción pueda ser promovida por el oficialismo en el paquete de reformas procesales que ya han comenzado a discutirse en el cuerpo legislativo.
