El fiscal Anticorrupción, Matías Bornancini, imputó al juez de Faltas municipal, Ricardo Héctor Scolari; al secretario, Hugo René Payero, y a los empleados, Gonzalo Ezequiel Ponce y Rodrigo Ignacio López (pasante) por la manipulación del sistema de datos de multas realizado desde el CPC de Barrio Empalme.
El lunes pasado, además, Ponce fue detenido por incumplir requisitos impuestos por el fiscal para el mantenimiento de su libertad.
Todos trabajaban en el Juzgado de Faltas N.º 17 de nuestra ciudad. En mayo pasado, desde el área de sistemas de la Municipalidad se detectaron asiduos errores en la carga de las actas de infracción que se realizaba en ese tribunal. Así, comenzó una investigación que desembocó en una denuncia penal.
Se estima que habrían omitido la carga o adulterado unas 5.000 actas de infracción. Si bien todavía la Justicia no pudo determinar el monto del perjuicio causado al municipio, la cifra es cuantiosa. Un simple cálculo permite deducir que el daño patrimonial alcanzaría unos 7,5 millones de pesos. Surge de multiplicar el monto promedio de cada multa ($1.500) por el número de facturas que no ingresaron o se anularon del sistema por las razones explicadas.
Las imputaciones son por abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público y defraudación calificada en perjuicio de la administración pública, para el juez y el secretario; mientras que a los dos empleados les pesa la acusación de defraudación calificada.
Cómo eran las maniobras. Lo que saltó a la vista, a partir de los allanamientos y secuestro de documentación, es que omitían la carga de las actas de infracción que labraban los inspectores; o al subirlas al sistema las adulteraban colocando datos inexactos con lo que terminaban anulándolas. Cuando el infractor asistía al Juzgado de Faltas hacían creer al contribuyente que debía abonar ahí, algo que está totalmente prohibido; porque todo pago debe realizarse en un banco o por ventanilla.
Las actas eran por multiplicidad de causas, como faltas de tránsito, poda de árboles, roturas de veredas. Aparte merecen analizarse las llamadas ‘actas preferenciales’. Refieren hechos más graves. La jurisdicción del CPC de Empalme tiene, además de domicilios particulares, varios emplazamientos industriales. Entre los documentos secuestrados figura un acta a una refinería por haber descargado productos contaminantes. Se supone que este tipo de infracciones son más onerosas que las comunes.
Tras imputarlos e indagarlos, Bornancini les impuso una serie de condiciones para el mantenimiento de libertad, como la prohibición de salir del país y requirió a cada uno una fianza real de $500 mil. El único que incumplió este último requisito fue Ponce. Por ese motivo, el lunes pasado, tras haberse ampliado el plazo y no haber presentado la garantía, quedó detenido.
Ponce es precisamente quien más veces fue detectado por el sistema informático como autor de los ‘errores’, aparentemente realizados en forma premeditada, para anular las actas.
