Cada año, de junio a diciembre, la Provincia de Córdoba atraviesa emergencias de distinta intensidad por incendios forestales. Algunos, desbocados, queman cientos de hectáreas. La reiteración del fenómeno, a lo largo de las últimas tres décadas, determinó que la actividad del fuego extinguiera más del 50% del bosque nativo, provocando heridas difíciles de cicatrizar al medio ambiente.
En las últimas semanas, el fenómeno volvió a producirse, aunque esta vez el fuego adquirió una voracidad inusitada y la zona de Potrero de Garay se vio particularmente afectada, con la destrucción de más de 80 casas, algo de lo que los especialistas no tenían registro en los últimos años.
Grupos ambientalistas y el Gobierno provincial sostienen, en forma unánime, que detrás del 99% de cada foco está la mano del hombre. Pero hay un profundo choque de miradas cuando se analizan las perspectivas desde las cuales lo plantean. Para los primeros, no caben dudas de que la recurrencia de la quema de arbustos y bosques tiene como fin alguna actividad económica: agropecuaria o inmobiliaria.
La Provincia no admite en sus discursos la misma hipótesis. La última campaña preventiva de incendios forestales lanzada habla de los “salames” o “cavernícolas” que prenden fuego y terminan devastando las sierras. Se cultiva la imagen del autor negligente o desaprensivo que no mide las consecuencias de la fogata que termina descontrolada.
El año pasado, aun con la pandemia y las consecuentes limitaciones a la circulación, se quemaron casi 300 mil hectáreas de bosque nativo en la provincia de Córdoba. La cifra es récord y hay que remontarse a 1998 para alcanzar un número similar. El bosque arrasado tarda decenas de años en recuperarse y, en algunos casos, directamente es eliminado.
Por la magnitud de lo sucedido, el año pasado se formalizaron dos denuncias penales que apuntaron a la forma en que se gestionó el manejo de los incendios. Una recayó en el Fuero Anticorrupción de la Justicia provincial y está actualmente a cargo del fiscal Matías Bornancini y la otra fue a los tribunales federales, donde el fiscal Carlos Casas Nóblega solicitó el archivo de la denuncia.
Justicia provincial. El año pasado, la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam) presidida por el biólogo Raúl Montenegro, solicitó que se investigue si los funcionarios provinciales eludieron pedir ayuda para combatir los focos de incendio, en especial los más agresivos. Plantearon la sospecha de que el gobierno, a sabiendas de una situación crítica, demoró el pedido de ayuda para contar con más personal y recursos.
El expediente se diligencia en la fiscalía Anticorrupción de Bornancini. Fuentes de esa oficina aclararon a PERFIL CÓRDOBA que, en caso de prosperar, la investigación debe ser realizada por el Juzgado de Control del mismo fuero especial porque la denuncia apunta al gobernador.
Como hay secreto de sumario, no fue posible conocer todas las medidas adoptadas. Sí trascendió que declaró personal de la Dirección de Bomberos de la Provincia, de Defensa Civil –cuyo titular es Diego Concha–, pero no el contenido de la información aportada.
Los denunciantes, patrocinados por el abogado Juan Smith, pidieron ser querellantes el 27 de julio último. Pero es poco probable que prospere la solicitud por la posición que tienen los tribunales locales de no admitir, en casos de presunta corrupción, a particulares, bajo la premisa de que si hay delito la damnificada es la Provincia.
Funam también incorporó al expediente una nota firmada por el secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Secretaría de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, en respuesta a un pedido formulado por el Foro Ambiental Córdoba. La entidad preguntó si Córdoba había pedido una alerta roja el año pasado, con el consecuente requerimiento de recursos. La respuesta, en dos frases, fue que tal solicitud no existió.
En los tribunales se analiza el tema pero hay quienes estiman que si bien pueden evaluarse las conductas de las autoridades como positivas o negativas, para que exista un delito debe haber dolo: es decir, la voluntad de producir daño o perjuicio u obtener un beneficio ilegal. “Es más político que penal”, comentó un dirigente que sigue de cerca los avatares de las causas judiciales que rozan al Gobierno provincial pero nunca llegan a incomodarlo.
UN INCENDIO POR PRACTICAS DE TIRO DEL EJERCITO
La otra causa judicial por los incendios acontecidos el año pasado, con una alta recurrencia en la zona de la Reserva Natural de la Defensa, entre la autovía que une Córdoba y Carlos Paz y La Calera, sí tiene información precisa sobre cómo se inició parte de los fuegos.
Increíblemente fue por prácticas de tiro de personal del Ejército. El dato está documentado en el expediente a cargo del fiscal federal Carlos Casas Nóblega.
En octubre del año pasado, la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (Codebona), con el patrocinio de Carlos González Quintana y Darío Ávila, pidió una investigación penal a la Justicia federal basándose especialmente en los fuegos que afectaron la Reserva de la Defensa. La organización planteó la hipótesis de posibles intereses especulativos, agropecuarios o inmobiliarios, detrás de los recurrentes focos que afectan la reserva cuya flora y fauna están protegidas.
Enumeró cuatro hechos entre el 19 de junio y el 29 de agosto contabilizando dos eventos en ese último mes. El fiscal federal Casas Nóblega solicitó la desestimación de la denuncia después de analizar los informes aportados por las delegaciones de bomberos voluntarios de la zona.
Si bien se indicó, en todos los casos, que el origen fue intencional, la imposibilidad de identificar a los autores llevó al titular del Ministerio Público Fiscal a pedir el archivo del expediente.
El juez Alejandro Sánchez Freytes se apresta a resolver si coincide con el dictamen o considera que la investigación debe profundizarse.
Lo más llamativo es que, en su dictamen, el fiscal cita lo informado por el jefe de Bomberos de La Calera sobre el incendio forestal acaecido el 19 de junio de 2020 que terminó afectando 360 hectáreas. Ese reporte fue presentado a la fiscalía federal recién el 3 de marzo de este año.
“Respecto del incendio del día 19/06/2020 la afectación total fue de 360 hectáreas, siendo el origen del mismo la realización de maniobras de tiro del personal del Ejército Argentino, al igual que el incendio ocurrido con fecha 13 y 14 de agosto, hechos que están siendo investigados en cuerda separada”, puntualizó Casas Nóblega en su dictamen.
Al pedir el cierre de la causa, señaló: “Valorándose los elementos de prueba reunidos a lo largo de la presente pesquisa, se torna al menos de momento, imposible lograr determinar al autor de los incendios ocasionados, desestimando de este modo la existencia de la relación causal entre incentivos económicos y los incendios forestales ocasionados, no advirtiendo el suscripto responsabilidad penal por omisión funcional de las autoridades del Gobierno de la Provincia a la hora de combatir los focos ígneos”.
