Desde 2005, la cantidad de demandas laborales, reclamos judiciales de empleados que manifestaban enfermedades, accidentes e incapacidades generadas en el ámbito laboral, experimentó un aumento progresivo. Esa curva in crescendo tuvo un pico máximo en 2009 cuando la cantidad de litigios en la provincia ascendió a más de 13 mil. Eso implicaba que Córdoba reunía casi el 30% del total de las demandas del país. “Eso encendió la alarma en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación que hizo denuncias y empezamos a investigar los patrones comunes que mostraban las denuncias. En dos años analizamos 5500 denuncias que fuimos agrupando en paquetes de demandas, según el empleador. Un paquete fueron denuncias por enfermedades de empleados públicos contra la aseguradora de riesgos de trabajo (ART) de la Municipalidad de Córdoba, otro paquete de empleados contra ingenios tucumanos y un tercero de empleados que demandaban a la ART del Hospital Italiano”, explica el fiscal Enrique Gavier, de la fiscalía 1 turno 1, quien llevó esas investigaciones. En el primer caso, el de la Municipalidad, se investigó una fracción de las denuncias (300 casos) y se constató que eran demandas fraudulentas. Con un escenario similar se encontraron cuando se investigó las denuncias contra los ingenios tucumanos (800 casos) y contra la ART del Italiano (140 casos).
Modus operandi. “La operatoria es muy similar en casi todos los casos. Estábamos antes masivos reclamos laborales por enfermedades laborales discapacitantes que al poco tiempo de presentada la demanda se llegaba a un acuerdo, antes de llegar a juicio. Las demandas estaban patrocinadas por los mismos abogados, los mismos médicos certificaban las incapacidades, las dolencias eran las mismas. Era imposible desde la probabilística. A los empleados los convencían los propios abogados laboralistas. Les cobraban un 20%, un 30% de comisión, en caso de llegar a un arreglo con el empleador demandado. De los 300 primeros casos que analizamos y revisamos médicamente de empleados de la Municipalidad, el 80% no presentaban enfermedades, el 15% eran el resultado de la edad del actor, el 5% era atendible, pero sólo el 1% correspondía ser indemnizado. Ahí vimos que había que ordenar medidas urgentes”, recrea Gavier.
Efectos. Mientras se espera que esas tres causas avancen judicialmente, Gavier remarca que el escenario de alta litigiosidad que concentró Córdoba derivó en un duro golpe contra la competitividad de las empresas ya que el costo de las pólizas de las ART llegó a ser hasta un 30% superior al que se pagaba en otras jurisdicciones: “en lo inmediato había un perjuicio contra la ART, pero luego contra el empleador al que se le encarecía la póliza y finalmente contra el empleado porque la empresa reducía su personal por no poder afrontar estos costos”, grafica Gavier. Desde 2009 a la fecha la cantidad de demandas laborales en Córdoba se reduje un 55%, contra un aumento nacional del 200%.
Nuevas demandas. Luego de esos tres “paquetes” de causas, la fiscalía que comanda Gavier tiene en carpeta otras 18 investigaciones, con varios decenas de casos cada una. Y con una particularidad: hay mayor grado de sofisticación en el armado de las demandas. “Las demandas que investigamos no revisten las características de los casos anteriores, podría sospecharse que hay un refinamiento de la modalidad delictiva”, dice Gavier.
En relación a la posición del Colegio de Abogados que advirtió que no existe una industria del juicio en Córdoba, el fiscal afirmó: “Esto que se investigó no es ficticio, era realmente una industria, una línea de montaje, empleados reclutados, los mismos abogados, los mismos médicos certificando, las mismas enfermedades. Podemos hablar de industria de juicio por lo que hemos comprobado. Defender esto institucionalmente, para solidarizarse con algunos colegas es medio discutible. Es como si yo defendiera a un juez coimero”, señaló.
