Inflación, recesión y devaluación se potencian y complican las cuentas de la Provincia

Los datos sobre el creciente número de personas en condición de pobreza de ingresos en el gran Córdoba (36,5%) y gran Río Cuarto (29,3%) plantean al gobierno provincial un interrogante y un desafío. La pregunta es por qué el gasto social, que desde hace seis meses se viene reforzando, no logra al menos revertir la tendencia al agravamiento de las condiciones de vida de las personas. El reto, por su parte, radica en cómo afrontar esta grave situación social con cada vez menos capacidades fiscales, por consecuencia del mismo ciclo económico que la provoca. Sin subestimar la relevancia de la primera cuestión, algunos datos recientes encienden alertas sobre el segundo aspecto de este dilema provincial que vale la pena revisar.

La magnitud de la recesión. El deterioro en las condiciones de vida de las personas está reflejando, entre otros puntos, la grave recesión económica provocada por la crisis financiera que se inició a mitad de 2018. En este sentido, otro indicador relevante que salió a la luz la semana pasada fue el Estimador mensual de actividad económica. El EMAE ofrece mes a mes una pauta acerca de la evolución de la economía real a nivel nacional, especificando además los resultados para cada sector en particular. Esta última publicación, correspondiente a enero de 2019, muestra una caída del 5,7% respecto del mismo período del año anterior. Por noveno mes consecutivo repite un resultado negativo, coincidiendo el inicio de esta tendencia con estallido de la crisis de mayo pasado. Los sectores más afectados por la recesión resultan, además, los de mayor impacto en la producción y la generación de empleo. Los datos desagregados muestran que la Construcción cayó en enero un 7,8% interanual, completando un semestre de resultados adversos. La Industria manufacturera acumuló nueve meses deterioro, perdiendo 10,1% en el primer mes del año. La actividad comercial mayorista y minorista, por su parte, se desplomó 12,3%, manteniendo la pendiente negativa que inició en junio de 2018.

El impacto en la recaudación. Este mal desempeño de la actividad económica a nivel nacional está impactando nocivamente en los ingresos del gobierno de Córdoba. Desde abril de 2018 la recaudación de tributos de origen provincial cae mes a mes en términos reales. Esto se explica, fundamentalmente, porque la principal fuente de los ingresos impositivos de la provincia es Ingresos Brutos, un impuesto a la actividad económica. Del total recaudado por el Estado provincial a través de esta vía, casi el 40% lo aporta el rubro Comercio y el 11% proviene de la Industria.

Progresivamente, la Provincia está experimentando un deterioro en sus finanzas agravado por dos factores. Por un lado, la recesión afecta a los sectores sobre los que recae el grueso de la presión tributaria provincial, y por el otro la inflación licúa la variación nominal en la recaudación. Con un segundo impacto adicional: el fisco gasta en bienes y servicios que actualizan sus precios al ritmo vertiginoso de la inflación (pensemos en el combustible de la flota policial, por ejemplo), mientras que sus ingresos no son susceptibles del mismo ajuste automático.

Por su parte, los ingresos de origen nacional que recibe Córdoba -coparticipación, fundamentalmente- están imitando la misma tendencia de pérdida interanual en términos reales. Ello incrementa la presión sobre las fuentes financieras como recurso para mantener el nivel de gasto. Pero aquí radica el otro gran obstáculo a las capacidades financieras del Estado provincial. El 94,7% de la deuda provincial está denominada en dólares, según el último dato disponible. De esta manera, el salto que dio la moneda estadounidense en las tres semanas que pasaron representó un incremento automático de casi 10 mil millones de pesos más de deuda pública.

¿Gasto insuficiente o ineficiente? Como se dijo, el panorama no es alentador y habrá que ver cuánto tiempo más puede la Provincia sostener esta combinación de caída en sus ingresos e incremento de las problemáticas que debe atender. Situaciones como ésta, en las que se abren brechas entre las demandas que sobrepasan al Estado y los recursos o capacidades menguantes con que éste cuenta para hacerles frente, son el germen de una crisis de gobernabilidad. La insatisfacción ciudadana con las políticas públicas y sus resultados terminan erosionando el nivel de apoyo a los gobernantes.

Por lo pronto, el único resultado evidente es que la pobreza crece, pero ello no se traduce en mayor conflictividad social. Parecería que después de todo el gasto social no es tan ineficaz: está permitiendo, al menos, contener la movilización y garantizar la paz social, tan necesaria para cualquier oficialismo en tiempos de elecciones.