El fiscal federal Carlos Casas Nóblega solicitó los procesamientos de los imputados por las actividades desplegadas por las financieras de Villa Belgrano. En el requerimiento figuran los cabecillas de la presunta asociación ilícita: Martín Azar y Diego Sebastián Sánchez, que se suman a los de Melina Marisa Manelli, María Martínez, Miguel Ángel Azar, María Isabel Valoni, Agustina Cherro de Miguel, Nicolás Ferrer Juárez y Mario Jorge Novaro.
A los nueve se les endilga, además, la participación en la intermediación financiera ilegal, es decir actividad no autorizada por el Banco Central de la República Argentina. A Martín Azar y a Diego Sánchez el fiscal también los considera responsables de presunto lavado de activos por comprar bienes a partir de las ganancias ilícitas de las financieras. Y, en el caso del primero de ellos, también lo acusa de tenencia ilegal de arma de guerra, por una de las armas secuestrada en el allanamiento a su vivienda sobre la que no tendría autorización para portar por sus características.
En la descripción de los hechos, Casas Nóblega menciona que la financiera comenzó funcionando en Fader 3606 del Cerro de las Rosas y se trasladó al edificio VistalbaMall de Laplace 5442.
“En esta financiera -precisa el fiscal- los encartados habrían desarrollado actividades relativas a la intermediación financiera no autorizada mediante la captación de dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera (dólares), préstamos onerosos a terceros con ese dinero, descuentos de cheques, compraventa de moneda extranjera (dólares estadounidenses, euros, reales, entre otros) y transferencias de dinero presumiblemente ilegal hacia y desde el extranjero utilizando para ello una maniobra de compensación o conciliación de cuentas propias o de terceros, vulgarmente conocidas como ‘cable’, permitiendo con esta operatoria el movimiento de fondos presumiblemente de origen ilícito o al menos sin justificar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de terceras personas facilitando la concreción de maniobras ilícitas tributarias y aduaneras, dándole apariencia de legalidad a los mismos”. Entre los países donde realizaron operaciones de cable, se detectaron China, Panamá, EE UU, Bolivia, Paraguay y Australia.
Continúan detenidos Diego Sánchez y los tres integrantes de la familia Azar, mientras que Agustina Cherro se encuentra con prisión domiciliaria. Para todos ellos el fiscal solicitó que se dicte la prisión preventiva al no haber variado la situación de peligro procesal que los colocó en esa situación.
