El 15 de diciembre último Javier Marieschi –quien había recuperado la libertad en marzo– volvió a prisión. Fue tras un allanamiento ordenado por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. Una semana después ocurrió la detención de otra persona: Carlos Sebastián Giménez, investigado por el mismo hecho.
Ambos habían sido compañeros en la cárcel de Bouwer donde compartieron el encierro. Quizás en ese ámbito se trabó un vínculo. Lo cierto es que, según la investigación penal, Giménez habría sido una especie de colaborador para intentar concretar el negocio que consistía en la venta del edificio Obispo Salguero Sociedad Civil 2, ubicado sobre la calle del mismo nombre al 611, un sector con alto potencial inmobiliario, en barrio Nueva Córdoba y próximo al Parque Sarmiento. Se trata de una estructura abandonada, ya que la obra que allí se realizaba quedó paralizada.
Este medio accedió a información sobre gestiones para la compra de esa construcción hace tres años, antes de la pandemia. El propósito era inyectar fondos antes de que se produzca la liquidación. A raíz de la investigación penal, el precio podía ser interesante para cualquier inversor.
Finalmente, el año pasado un abogado acercó a la Fiscalía de Delitos Complejos a los interesados: al corredor inmobiliario Juan Manuel Daghero y a los inversores Guillermo de la Fuente y José María Carlos Balatti. Así fue como Gavier tomó noticia fehaciente de la operación en puerta. Según trascendió, pretendían que se abonen US$ 450.000, pero la venta se frustró y derivó en la nueva imputación y detención de Marieschi y Giménez por tentativa de estafa.
No podía vender. El problema es que estaban vigentes las medidas preventivas dispuestas por la Justicia. El edificio en cuestión tenía una medida de no innovar ante el Registro de la Propiedad y, además, Marieschi continuaba inhibido para realizar transacciones con los bienes objeto de la investigación. Desde esa perspectiva, nunca debió encarar ninguna negociación y mucho menos pretender cobrar.
El defensor de Marieschi, Esteban Yangüez Papagenadio, señaló a PERFIL CÓRODBA que espera analizar toda la prueba reunida y también que se pueda conocer el contenido de las comunicaciones telefónicas entre Giménez y su asistido. Para el abogado, Marieschi es una víctima de Giménez, quien se habría presentado como una persona con vínculos cercanos a un miembro de la Fiscalía General. Es más: aseguró que nunca tuvo contacto directo con los interesados en el edificio sino a través de su excompañero en prisión. En síntesis, un estafador estafado.
Hay un aspecto a analizar en relación a las actitudes de Giménez. No habría realizado contactos únicamente en Córdoba, ya que también habría intentado concretar operaciones inmobiliarias ‘flojas de papeles’ en Rosario, donde fue detenido una semana después que Marieschi, más precisamente el 22 de diciembre pasado.
Giménez estuvo preso por una condena por hechos de violencia familiar. Una vez cumplida, recuperó la libertad. Ahora, en paralelo a la causa por la tentativa de estafa, apareció un expediente donde está investigado por otros hechos de violencia doméstica.
La estafa a los amigos. Así se la conoció cuando comenzó la pesquisa y cayeron presos quienes continúan investigados por asociación ilícita para estafar con desarrollos inmobiliarios. La particularidad de la maniobra radica en que los damnificados fueron, en su gran mayoría, amigos o conocidos de los principales acusados: Omar Marieschi (padre), sus hijos Marcelo Javier y Marianella, y otros siete imputados, quienes según la Justicia habrían encabezado una organización que los terminó estafando. Entre ellos están el escribano Adrián Benelbas, el ingeniero Claudio Telésforo Ubios y los inmobiliarios José Civalero y Diego Martín Díaz.
La otra particularidad que se detectó en este caso fue la constitución de sociedades civiles, transfiriendo responsabilidad de cada emprendimiento a los compradores de departamentos o casas en pozo. Las sociedades civiles causaron un doble perjuicio a los compradores, porque además de quedar con las manos vacías los embarcaron en una persona jurídica a título de socios, otorgando el poder como administrador a Marcelo Javier Marieschi para mover el dinero. Ellos se desligaron de las responsabilidades y se las cargaron a los damnificados.
Muchas de las ventas de inmuebles se produjeron por adhesión a las sociedades civiles, mientras que otros obtuvieron boletos de compraventa o contratos privados. En estos últimos casos hicieron figurar a los adquirentes como beneficiarios clase ‘B’ de fideicomisos. El dinero recaudado desapareció. Fue inútil la búsqueda en cuentas de otros países y los emprendimientos quedaron estancados. En barrios privados sobrevendieron las unidades por lo que aparecieron varios titulares sobre un mismo inmueble.
Marieschi hijo estuvo con prisión preventiva durante tres años, el máximo permitido para estar en esa situación. Por eso, en marzo del año pasado recuperó la libertad a partir del cese de prisión dispuesto por el fiscal Gavier. Nueve meses después, y por la presunta intención de vender uno de los edificios en cuestión, operación que no se llegó a consumar, volvió a la cárcel de Bouwer.
