Trabajadores y trabajadoras judiciales de Córdoba protagonizaron una nueva medida de fuerza en reclamo de una urgente recomposición salarial. El paro, que comenzó este lunes 5 de mayo a las 10 de la mañana con una masiva asamblea en Tribunales I, se extenderá por 38 horas y forma parte de un plan de lucha que incluye paros, movilizaciones y protestas a lo largo de la semana.
Los empleados y miembros del gremio AGEPJ (Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial) exige un aumento del 40% al 50% como adelanto hacia una futura equiparación con los salarios que perciben sus pares en la Justicia Federal. Además, denuncian la existencia de "acordadas represivas antisindicales" por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que prohibió mediante una resolución la realización de asambleas y medidas de fuerza, bajo amenaza de sanciones disciplinarias.
El secretario general del gremio, Federico Corteletti, explicó que el paro fue adelantado como respuesta al comunicado emitido por el TSJ. "Estamos reclamando una mejora salarial que venimos pidiendo hace años. Los funcionarios y magistrados fueron equiparados a la Justicia Federal hace 11 años. Nosotros, los empleados, seguimos esperando", expresó.
Durante la jornada del lunes, el ingreso al edificio de Tribunales I fue restringido por completo. AGEPJ denunció un "lock out patronal" por parte del TSJ: se vallaron los accesos y se desplegó un fuerte operativo policial que impidió la entrada de abogados litigantes y del público en general.
Crece el conflicto gremial en tribunales, hay recategorización, pero resulta insuficiente
La medida de fuerza contó con un "muy alto nivel de acatamiento" en todas las sedes tribunalicias de capital e interior, según el comunicado difundido por el gremio. También se sumaron las Unidades Judiciales.
"Queremos ser tratados como iguales"
Desde el sector de los judiciales autoconvocados, Raúl O’Kelly criticó la desigualdad salarial entre los empleados cordobeses y sus pares nacionales: "Hacemos las mismas tareas, trabajamos la misma cantidad de horas, pero en algunos casos cobran un 50% más. Queremos ser tratados como iguales".
O’Kelly también denunció que los nuevos empleados cobran salarios por debajo del umbral de indigencia. "Se ingresa cobrando $700.000, pero con los descuentos de la Caja ese monto es aún menor. Hoy tenemos personal judicial por debajo del índice de indigencia, que ya está en $774.000", advirtió.
Las protestas se dan en un contexto de creciente tensión con el TSJ. El miércoles pasado, el tribunal aprobó ascensos para más de 5.000 empleados y, pocas horas después, emitió un memo advirtiendo sanciones ante futuras asambleas, lo que provocó una reacción inmediata de todo el arco sindical, incluyendo al oficialismo, la oposición y los sectores autoconvocados.
Las acciones gremiales continuarán a lo largo de la semana. El martes 6 de mayo se desarrollará un paro de 24 horas. El jueves 8 se realizará una movilización a la sede de APROSS, mientras que el viernes 9 se reanudará la asamblea extraordinaria para definir nuevas medidas.
