Este jueves comenzaron a exponerse las conclusiones en el juicio a la cúpula del Sindicato Luz y Fuerza de la ciudad de Córdoba en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2). Los principales acusados son: el actual secretario general del gremio, Jorge Molina Herrera; su antecesor, Gabriel Suárez; y el exsecretario de Finanzas -actualmente de Vivienda y Obras- Fernando Navarro.
El fiscal Carlos Casas Nóblega dejó sentadas las bases argumentales para un pedido de penas de montos altos y de cumplimiento efectivo por los delitos de asociación ilícita, defraudación a las arcas gremiales y lavado de activos.
Los alegatos comenzaron esta mañana poco antes de las 10 y se extendieron hasta las 13,30; pero no concluyeron. Continuarán el martes 18 de noviembre. Ese día, Casas Nóblega expondrá sobre las calificaciones legales para cada uno de los acusados y realizará la consecuente solicitud de penas.
La lista de imputados se completa con: Roque Tapia, actual secretario adjunto; Daniel Lozano, subsecretario de Finanzas; Yanina Molina, hija del secretario general; Alexis Daniel Fidelbo, José Ramón Galván y Martín López.
Otros 10 imputados ingresaron a una probation.
El rulo de los cheques
Junto a Casas Nóblega, expuso alegatos el auxiliar fiscal Augusto Richter. Citaron prueba documental incorporada y los testimonios escuchados durante el debate oral y público. A partir del análisis integral señalaron que sin dudas Suárez, Molina Herrera y Navarro “se aprovecharon de la estructura de recursos materiales y humanos, abusaron de facultades estatutarias para perpetrar incontables defraudaciones al patrimonio del sindicato”.
“Existió un desvío intencional de cheques para obtener retornos” subrayó Casas Nóblega.
La Fiscalía explicó que se nutrieron del Fondo Compensador para jubilados y de la Obra Social, a través de cheques librados por ellos mismos, emitidos a proveedores verdaderos y ficticios que, a través de endosos, perdían trazabilidad. Eran cobrados en el Banco de Córdoba y Banco Nación.
Dejaron en claro que se realizó un muestreo para describir los hechos de la acusación, porque sería materialmente imposible incluir la totalidad de operaciones financieras ilícitas. El período juzgado abarca casi nueve años, entre 2011 y el 15 de noviembre de 2019.
Citaron tres modelos de maniobras. En todos los casos, los documentos eran emitidos por Suárez, Navarro y Molina Herrera. Algunos, a nombre de empresas de turismo -se repite una llamada Tropicana- u otras firmas que los endosaban a terceros con vínculos a la mutual y financiera Ampes, que en algún momento socorrió económicamente al gremio. Otros salían a nombre de los apoderados del sindicato (Fidelbo, Galván y Guzmán), quienes a su vez los endosaban a terceros. La última opción fueron cheques a nombre de los apoderados que ellos mismos cobraron en los bancos.
Un detalle: la inmensa mayoría era por un máximo de $50 mil para eludir controles del Banco Central.
Casas Nóblega y Richter calcularon un perjuicio al Fondo Compensador superior a los $215 millones y a la Obra Social, por más de $6 millones.
Aclararon que el Fondo Compensador tenía como objeto otorgar un monto de dinero a jubilados de Epec cuyo haber no llegaba al 82%. Mientras les negaron los pagos a los reales beneficiarios, sacaron el dinero para préstamos a diferentes áreas del gremio, a través de las maniobras descriptas, recalcó la Fiscalía.
Inversiones y casino
Luego, el dinero tuvo como destino final el patrimonio de Suárez, Herrera Molina y Navarro, en inversiones inmobiliarias, compra de autos y divisas con dineros espurios, detalló Richter.
Un capítulo en sí es el referido al actual secretario general quien, en 2012, compró fichas en casinos por $13 millones. Según registros de la Lotería de Córdoba en un mes ingresó 41 veces, más de una vez por día.
El expediente comenzó por siete ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas) a partir de los cuales intervinieron la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos).
El tribunal de juicio es presidido por Noel Costa e integrado por Carolina Prado y Fabián Asís.
Los abogados que asisten a los imputados son Ernesto y Tristán Gavier, especialistas en defensa penal económica; e Iván Mochovsky.
