La semana pasada, el juez federal N°3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, recibió nuevamente el expediente para continuar investigando la posible comisión del delito de lavado de activos por parte de Eduardo Accastello, exintendente de Villa María, y Fernando Boldú, exintendente de Laguna Larga. Lo remitió la Cámara Nacional de Casación Penal que se pronunció así sobre la competencia federal para investigar la existencia de 290 mil dólares en una caja de seguridad de la desaparecida financiera CBI Cordubensis SA a nombre de Boldú, pero que autorizaba también a Accastello para acceder a la misma.
La resolución es unánime y fue adoptada por la Sala II presidida por Ángela Ester Ledesma e integrada por los vocales Alejandro Slokar y Ana María Figueroa. Los jueces calificaron de “errónea y prematura la declaración de incompetencia de la justicia federal para intervenir en estas actuaciones y declinarla en favor del fuero provincial, habida cuenta que aún no se descartó la comisión de algún delito de competencia federal”.
Esta línea de investigación siempre estuvo teñida de especulaciones políticas. Si la Justicia Federal se hizo la distraída para investigar a quien fue referente del Frente para la Victoria en Córdoba y, ahora, sí promueve la investigación en el fuero nacional por el hecho de encontrarse en la oposición al oficialismo nacional.
Los 290 mil dólares. Luego de la debacle de la financiera CBI, en un allanamiento realizado el 27 de agosto de 2014, la justicia secuestró 290 mil dólares de las cajas de seguridad 38 y 39 que figuraban a nombre de Boldú con acceso autorizado a Accastello. Eran 29 fajos de 10 mil dólares en billetes de cien dólares. Posteriormente, el 29 de octubre de 2015, el juez dio intervención a la Fiscalía Federal n.º 1 de Córdoba para profundizar la investigación sobre el origen de esos fondos. Luego de algunas diligencias, el fiscal Enrique Senestrari planteó la incompetencia de la justicia federal señalando que no se había comprobado vinculación con los hechos analizados en la causa CBI. Concretamente, descartaba la posibilidad de investigar lavado de activos y evasión impositiva, delitos de competencia federal.
Ante la disidencia entre el juez y el fiscal, intervino la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Por mayoría, con los votos de Eduardo Ávalos y Graciela Montesi -en disidencia votó Liliana Navarro- en marzo del año pasado el tribunal declaró la incompetencia federal y ordenó remitir los antecedentes a la Justicia Provincial para que investigue el posible enriquecimiento ilícito de los exfuncionarios. La decisión fue resistida por la Unidad de Información Financiera (UIF) y por esa razón la causa llegó a la Cámara Nacional de Casación Penal donde el fiscal general, Raúl Pleé dictaminó que no procedía la declaración de incompetencia federal.
Entre otras razones, la UIF subrayó la necesidad de que se profundice la pesquisa sobre posibles conductas de lavado de activos que surgen de los hechos relatados en los expedientes de CBI. No debe perderse de vista que el lavado es un delito complejo, mediante el cual se introducen al mercado formal fondos de origen espurio que luego adquieren apariencia de licitud. “No debería descartarse , entonces , si efectivamente los imputados se enriquecieron ilícitamente, luego hayan efectuado maniobras para introducir esos bienes en el circuito económico formal -advirtió la UIF-, incluyendo en este caso operaciones en el mercado cambiario, que incluso si se hubieran hecho en contravención de las disposiciones de la Ley N.º 19.359 constituirían un delito precedente a su posterior aplicación en la Caja de Seguridad N.º 38 y 39 requisadas”.
Sobre la base de estos argumentos, Casación devolvió el expediente a Vaca Narvaja para investigar a Accastello y Boldú por presunto lavado de activos.
