A Carlos Menem, presidente de la Nación en 1995 cuando se produjeron las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero, lo espera un juicio en Córdoba. El Tribunal Oral Federal 2 había programado realizar la audiencia en mayo del año pasado. La emergencia sanitaria por el Covid-19 postergó la cita para este año. Sin embargo, la semana pasada su defensor, Omar Daher, se comunicó desde Buenos Aires con el tribunal y la fiscalía para informar que Menem no está en condiciones de salud para asistir al juicio. Lo confirmaron a PERFIL CÓRDOBA la vocal del tribunal de juicio, Noel Costa, y el fiscal federal, Carlos Gonella.
Según informó verbalmente el letrado, Menem se encontraría sedado e internado. En ese caso es imposible que se traslade a nuestra ciudad para ser juzgado. Los jueces fueron resolviendo a lo largo del último año y medio los incidentes presentados por la defensa del expresidente, el único acusado en esta instancia. Tienen la firme decisión de concretar la audiencia, pero, de confirmarse que no está en condiciones de asistir personalmente (en forma presencial o remota), será imposible realizarla. Por eso esperan los certificados de los profesionales que acrediten su situación actual. A partir de lo que informen los médicos que lo asisten, es posible que el tribunal ordene la intervención de peritos judiciales.
En julio del año pasado, Menem fue internado por una neumonía bilateral. Luego, a mediados de diciembre volvió a ser hospitalizado por una infección urinaria y descompensación. En los primeros días de enero se informó que había mejorado y se le quitó la sedación.
Sin licencia. Se produce, no obstante, una situación paradójica porque si tiene capacidad para ser senador nacional también la tiene para afrontar el juicio. En la Cámara Alta, figura como senador en actividad y no hay un pedido de licencia. Si la hubiera solicitado, esta debió ser autorizada por el cuerpo, como ocurre con José Alperovich, quien tiene una denuncia por presunto abuso sexual en su contra y pidió estar al margen de la función para ejercer su defensa.
Es más, a fines de diciembre se especuló con que podría ser dado de alta para asistir a la sesión de la Cámara Alta cuando se votaba la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pero eso no ocurrió. Su hija, Zulemita Menem, publicó el 1 de febrero una foto junto a él con muestras de afecto pero no aportó información sobre su estado de salud. Tampoco dio referencias sobre si la imagen era actual.
LA ACUSACIÓN
Si bien ya se realizó un juicio que terminó con condenas a los responsables directos de la voladura de la Fábrica Militar, queda pendiente el juicio a Carlos Menem como presunto instigador del atentado con el fin de disimular la venta ilegal de armamento a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995. Es la única discusión por saldar en la Justicia sobre aquel trágico episodio, tras quedar confirmado que las explosiones no fueron accidentales.
La instigación, según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, estaría acreditada por los decretos que firmó Menem para autorizar la venta de pertrechos a Panamá y Venezuela. Los decretos no pasaron por el gabinete de ministros y en realidad los envíos se hicieron, no a Venezuela y Panamá, sino a dos países con conflictos graves: Ecuador, que estaba en ese momento en guerra con Perú; y a Croacia, que vivía una guerra civil por la reorganización de las naciones que componían la ex Yugoslavia.
En el juicio del 2015, se llegó a la conclusión de que la voladura se produjo para disimular el faltante (por la venta ilegal) de armas, municiones y pólvora.
El tribunal para juzgar a Menem está encabezado por Noel Costa e integrado por Carolina Prado y Jaime Díaz Gavier. Carlos Gonella es el fiscal que sostiene la acusación.
Entre los numerosos incidentes planteados por la defensa de Menem, solicitó realizar nuevamente una pericia para probar la mecánica de las explosiones; pero esa pretensión fue descartada porque en este proceso no se volverá a analizar lo ocurrido; sino solo la eventual responsabilidad penal de quien era la máxima autoridad del país. De todos modos, los planteos demoraron el juicio.
En el proceso oral anterior resultaron condenados con penas de 10 a 13 años de prisión dos funcionarios de la Dirección General de Fabricaciones Militares (Carlos Franke y Edberto González de la Vega) y dos de la FMRT (Jorge Cornejo Torino, y Marcelo Gatto). La sentencia dictada por el TOF2 en febrero de 2015 fue luego ratificada por la Cámara Nacional de Casación Penal en diciembre de 2017. Fueron declarados responsables por el delito de estrago doloso agravado por la muerte de personas.
