Cuando se escruta si los poderes judiciales en Córdoba investigan al poder político, el primer dato llamativo es que no hay estadísticas de causas por corrupción. El segundo es que sobran los dedos de una mano para contar las condenas, pero no alcanzan para enumerar los expedientes que se cerraron sin participación de querellantes en los juicios por corrupción.
En contrapartida, hay más y mejores investigaciones del delito penal económico, tanto en los tribunales provinciales como federales.
sde 2017, los funcionarios de mayor rango que recibieron condenas fueron dos exintendentes: Mario Bonfigli —de Alta Gracia— y Diego Bechis —de Pilar—. El primero fue juzgado y condenado en julio de 2017 por la Cámara 5ª del Crimen a dos años y medio de prisión condicional, por pedir una coima para concluir un juicio civil a una empresa de Alta Gracia. El año pasado, Bechis fue sentenciado a cinco años de prisión por defraudación calificada en perjuicio del municipio y abuso de autoridad. En ambos casos, también recayeron penas en funcionarios de sus respectivas gestiones.
Números. En septiembre de 2018, el TSJ subió al portal web del Poder Judicial de Córdoba el Observatorio de Causas Anticorrupción, con el objetivo de transparentar la información sobre los expedientes. Las carátulas publicadas son la prueba palmaria de que el fuero no investiga al poder político.
Para medir de algún modo su productividad, PERFIL CÓRDOBA analizó la cantidad de causas elevadas a juicio durante los años 2018, 2019 y 2020. La Fiscalía Penal Económica de 1ª Nominación, a cargo de Matías Bornancini, cerró instrucciones en 32, 43 y 41 expedientes, respectivamente. La de 2ª Nominación, cuyo actual titular es Franco Mondino, elevó a juicio 21, 28 y 35 causas en cada uno de los tres períodos, pero ese número representa el total de casos. Si se discrimina la cantidad de los referidos a funcionarios políticos, puede representar el 5% o menos, según fuentes judiciales. La casi totalidad son ofrecimiento de coimas a la Caminera, defraudaciones entre socios de una empresa, entre otros. En síntesis, nada que ver con la definición de corrupción estructural al que se intentó combatir con su creación.
Las condenas más importantes —por los cargos de intendente que ostentaron— fueron las de Bechis y Bonfigli. La causa contra el exintendente de Pilar fue investigada por la fiscal de Río Segundo, Patricia Bulíes; y la de Bonfigli por la exfiscal Eve Flores (actual camarista penal). Ninguna pasó por el fuero anticorrupción.
“Es otra generación de magistrados diferente a la que tuvimos en los ‘90”, comentó a este medio un camarista penal de larga trayectoria. Se refería a los megaprocesos del Banco Social y el Banco de Córdoba y al juicio por enriquecimiento ilícito del que salió absuelto el exgobernador César Angeloz.
Por el fuero Anticorrupción de Capital pasaron numerosos casos que, después de años, terminaron archivados. Las más resonantes fueron las causas Odebrecht, una de las cuales ya fue cerrada con la firma de Marcelo Fenoll, como subrogante de la Fiscalía 2; la denuncia por presuntas irregularidades en los contratos para la construcción del Camino al Cuadrado, y el de Altas Cumbres. Fueron archivadas por Gustavo Hidalgo, uno de ellos en su despedida de la fiscalía Anticorrupción antes de asumir como juez del mismo fuero.
Otro escándalo que se judicializó fue el viaje a Corrientes de Ramón Javier Mestre, exintendente de Córdoba, invitado por los dueños de un pool de empresas, entre ellas Ersa, prestataria del transporte en la ciudad.
Unidad de Casos Complejos. A partir de 2010 se creó una unidad para los delitos comúnmente llamados “de guante blanco”. Al frente quedó el fiscal Enrique Gavier y luego se sumó Valeria Rissi. A diferencia del fuero Anticorrupción, en el que los expedientes contra funcionarios públicos de mayor rango no existen, en Delitos Complejos la totalidad de causas responden al objeto de su creación. Megaestafas inmobiliarias, la trenza en los remates judiciales, defraudaciones desde las ART y la megacausa del Registro de la Propiedad.
Entre 2018 y 2020, de las fiscalías de Gavier y Rissi fueron elevados a juicio 136 expedientes. Los juicios se llevan a cabo en la Cámara 10ª del Crimen, con un alto porcentaje de condenas y prisiones efectivas de los empresarios acusados.
