La llegada de una pulsera electrónica demora la excarcelación de Rodrigo

El viernes pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada por Eduardo Avalos (de turno durante la feria) y Liliana Navarro, resolvió que el expresidente de CBI Cordubensis, Eduardo Rodrigo, deje la cárcel de Bouwer y recupere la libertad.

Un día antes, el vocal del Tribunal Oral Federal, Julián Falcucci, había decidido en igual sentido ejecutando lo dispuesto, en diciembre, por el Tribunal Oral Federal 2 que lo juzga junto a otras 15 personas en el expediente medular de la megacausa por la actividad de la financiera ilegal.

Sin planteos pendientes, debería efectivizarse su libertad en los próximos días. No obstante, hay dudas. Rodrigo está sometido al régimen de control electrónico que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Para salir de prisión le tienen que colocar una pulsera que dispare alarmas si se acerca a las fronteras o a algún aeropuerto, ya que pesa sobre él la prohibición de salir del país. Si bien las gestiones y pedidos se iniciaron hace semanas, no la envían.

PERFIL CORDOBA consultó al vocal Falcucci quien opinó que no debería frenarse la excarcelación porque no es el único caso en que notan la falta de pulseras. Por el contrario, el juez Vaca Narvaja consideró que no tendría que salir sin el monitoreo.

Por qué tres resoluciones para dejar la prisión. La amplitud y profundidad de los hechos y delitos investigados por la actividad de la financiera CBI hizo que la causa se desdoblara en dos. Hay un expediente que ya está siendo juzgado por el TOF2 donde se analiza el delito central; es decir la intermediación financiera no autorizada.

Se desmembró un segundo bloque de hechos en los que se investiga la presunta asociación ilícita y lavado de activos, entre otros delitos. Este expediente aún no fue elevado a juicio.

En paralelo, cuando ya se había iniciado la pesquisa, la justicia detectó que Rodrigo habría realizado transferencias de bienes a otras personas con intervención de su madre, de profesión escribana, para eludir embargos de damnificados. Por ese hecho fue imputado por insolvencia procesal fraudulenta. Esta línea, la tercera, continúa en instrucción. (Ver “El fiscal Gonella…”)

En cada uno de los tres expedientes, la justicia dictó la prisión preventiva de Eduardo Rodrigo. Por esa razón, hasta que en cada uno de esos casos no se produjeron las resoluciones sobre la excarcelación, esta no podía ejecutarse. De hecho, el decreto del vocal Julián Falcucci estuvo referido a la causa que está con juicio en marcha. Y la de la Cámara Federal, al expediente residual.

Mientras que el 15 de enero, con otra composición, el tribunal de alzada había decidido sobre la prisión dictada en el caso de insolvencia fraudulenta. Se puede decir que ya no quedan impedimentos procesales para que recupere la libertad.

Este domingo se cumplen tres años y 50 días desde su última detención. Desde el momento en que Rodrigo sea excarcelado, no quedarán más personas detenidas por la mayor causa penal económica que se juzga en los tribunales federales de Córdoba.

Las condiciones. Para poder salir de Bouwer, Eduardo Rodrigo tuvo que depositar bienes y dinero por $2 millones, $300 mil –ya los cumplimentó- y en la última causa se le impuso una caución de $1 millón. El abogado defensor, Benjamín Sonzini Astudillo, informó que trabajan para cumplir este trámite a la brevedad. Además, deberá fijar domicilio y no podrá salir del país.

EL FISCAL GONELLA APELO PERO EL TRAMITE NO LO AFECTARA

El 15 de enero, durante la feria, las camaristas Graciela Montesi y Liliana Navarro habían ya resuelto en forma favorable a la defensa la excarcelación de Eduardo Rodrigo. Lo hicieron al analizar un planteo en la causa por insolvencia procesal fraudulenta. Pero no se pudo concretar porque estaban pendientes los otros dos recursos ya comentados.

El fiscal Carlos Gonella apeló el fallo el jueves pasado para que sea revisado por la Cámara Nacional de Casación Penal, sin efectos suspensivos. El trámite no detendrá la excarcelación.

En su queja, el fiscal advirtió que Rodrigo en libertad puede “poner en riesgo la continuidad del caso”. Y, además, señaló contradicciones en los argumentos que expusieron las juezas.

¿Hay o no hay riesgo procesal? Consideró que la vocal Montesi se contradijo porque en un fallo anterior, de noviembre de 2017, ella sostuvo que debía mantenerse la medida cautelar (detención) precisamente por la existencia de riesgo procesal.

En cuanto a los argumentos expuestos por la vocal Navarro, Gonella destacó que a lo largo de sus resoluciones mantuvo siempre la misma postura en pos de la libertad de Rodrigo. No obstante, el fiscal dijo que en “este” caso –quizá como en ningún otro– se verifica el peligro procesal típico que justifica el mantenimiento de la cautelar, pues existen sobrados argumentos para considerar que la libertad del imputado Rodrigo pondría en serio riesgo los fines del proceso, fundamentalmente la aplicación de la ley, ante la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia”.

Rodrigo “desplegó una maniobra tendiente al desprendimiento de sus bienes tras el cierre de su empresa, con el fin de sustraerse de eventuales responsabilidades civiles y/o penales…,prosiguió Gonella. Recordemos que en el mismo, se lo está juzgando en relación con más de 60 hipótesis de estafa a particulares, tres casos de evasión agravada –entre otros delitos-, por montos que (solo respecto de estos ilícitos) superan los $50.000.000. Por sí mismo la maniobra es reveladora de claro riesgo procesal”.

Y recordó que Rodrigo adoptó posturas evasivas, como cuando salió del país apenas cayó CBI, violó controles migratorios; a lo que sumó que sus hijos están radicados actualmente en el exterior, “por lo que se debilita la hipótesis de arraigo en el país”.