Hay algo más detrás de lo que el viceintendente de Córdoba, Felipe Lábaque, definió como “una guerra electoral”. Ese “algo” no tiene que ver con los proyectos políticos de los virtuales contendientes (el intendente Ramón Mestre y el gobernador Juan Schiaretti), sino –directamente– con el bolsillo de los contribuyentes.
Esta historia comienza con el llamado Consenso Fiscal, el acuerdo firmado por Nación y provincias, que fue ratificado por las legislaturas respectivas e implica una armonización de estrategias fiscales, las cuales parten de la Nación, impactan a las gobernaciones y alcanzan a los municipios.
Este pacto fiscal de nueva generación integra el llamado Derecho Intrafederal y posee una jerarquía superior a la de cualquier otra ley local. ¿Qué significa? Lo que él establece es de observancia obligatoria para los municipios. (Ver abajo Derecho Intrafederal vs. autonomía municipal)
Cuando Córdoba firmó el Consenso asumió, entre otros compromisos de jurisdicción provincial, la responsabilidad de acordar con los estados municipales dos puntos clave: 1) que dejen de cobrar tasas que no sean la retribución de un servicio real y concretamente prestado y 2) que no cobren tasas cuyo monto sea desproporcionado en relación al costo del servicio que recibe el contribuyente.
Las dos medidas forman parte de una suerte de obsesión del Gobierno nacional, que es reducir la presión impositiva, sobre todo en provincias donde tiene la base de su caudal de votantes. “Córdoba está cara”, le recordó el presidente Mauricio Macri al intendente Mestre, la última vez que se vieron, el 27 de febrero pasado. ¿Tomó nota el jefe del Palacio 6 de Julio?
Los números muestran. La pauta de recursos prevista por la Municipalidad de Córdoba para 2018 muestra que de los $3.897,4 millones de ingresos por Tasas y Derechos sobre el Patrimonio y Otras Tasas (9 itemes), sólo 16% ($620,4 millones) se muestran en la contabilidad municipal con “afectación específica”, el resto va a Rentas Generales.
Ante la decisión del Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba (Ersep) de prohibir el cobro de tasas municipales en las facturas de energía y agua, Lábaque defendió a Mestre manifestando: "Sería un perjuicio tremendo para la Municipalidad. Las tasas tienen un destino específico, no van a Rentas Generales. El intendente reclama con toda razón". Sin embargo, no está del todo claro según muestra el propio presupuesto municipal y alertó el Ersep.
La mayor controversia surgió en torno al concepto de Contribución Sobre Energía Eléctrica. “Este monto, de acuerdo a la Ordenanza Tributaria Anual, es de $ 350 millones. Pero, ahora el Ersep revela que sólo $ 250 millones que nos cobra el Municipio se corresponden con esos conceptos. Los otros $100 millones no tienen nada que ver con esos ítems, sino con un tributo que no tendría por qué engrosar la boleta", denunció Miguel Siciliano, secretario de Asuntos Institucionales de la Provincia.
Consultada al respecto una alta fuente del Palacio 6 de Julio, que prefirió el off the record para defender la postura municipal, aseguró que en 2017 de la tasa aplicada a la boleta de luz, hasta 67% fue recaudación retenida por Epec en concepto de consumo de energía y 32% se destinó a gastos operativos para el mantenimiento de servicios de alumbrado público. Solo 1% quedó de remanente.
¿Quién se acerca más a la realidad? Por lo pronto en la Ordenanza 2018, casi el 100% de esta polémica tasa incorporada a la boleta de luz está imputada a Rentas Generales. “Pero, es que todo entra por Rentas Generales”, argumentó el funcionario municipal al cuestionársele por qué en el Cálculo de Recursos no se pueden detectar los montos de obras o servicios que justifican las tasas.
Sólo dos de las nueve tasas analizadas no entran expresamente a Rentas Generales porque se han constituido fideicomisos: los $251,9 millones presupuestados para Desarrollo de Gas Natural y los $ 118,5 millones con destino a Infraestructura Sanitaria y Cloacal. De todos modos, al analizarse la pauta de ingresos se observan otras dos tasas adicionales (Derecho de Conexión a Redes de Gas y Derechos Conexión Cloacas) que en total suman $21 millones, los cuales también van a Rentas Generales.
La lógica de asignación de recursos que hace el Palacio 6 de Julio se vuelve más curiosa aun cuando se observa que el total de los ingresos para Obras de Desagüe Pluvial ($414,7 millones) cae igualmente en el pozo de recursos generales.
Aquí el punto no es plantear el desfinanciamiento de la gestión municipal sino de transparentar el retorno de la inversión y la eficacia de esa inversión que hace el contribuyente al cumplir con sus obligaciones fiscales.
En perspectiva. Así entonces, dado este planteo de recaudación que se propuso el Municipio para 2018, resulta que de Tasas y Derechos sobre el Patrimonio y Otras Tasas (9 ítems evaluados), cada vivienda de la ciudad aporta $7.940 anuales, de los que sólo $ 1.270 se conocen con exactitud qué contraprestación de bien público directo recibe.
Los números globales que transparenta el Municipio indican que este año destinará $5.969 millones en inversión física, lo que implica $1.246 millones menos que su gasto en personal. “Es que la partida de personal incluye a los maestros y otros agentes públicos de servicios esenciales”, argumenta, en defensa, el funcionario consultado. Para este año, la gestión de Mestre contará con $8.664 millones de ingresos de origen nacional y provincial; el 83% de esta torta equivale a los gastos en personal.
Hoy por hoy, está claro que a la Municipalidad de Córdoba le costará cumplir con el Consenso Fiscal porque su rígida matriz de ingresos-gastos está enfocada a sostener un aparato burocrático que no muestra flexibilidad al cambio (sin llegar al ajuste). Un 67% de sus erogaciones son corrientes y 33% de capital.
DERECHO INTRAFEDERAL VS. AUTONOMÍA MUNICIPAL
Según argumenta la Municipalidad de Córdoba, decisiones como las adoptadas por el Ersep e incluso medidas contenidas en el Consenso Fiscal no pueden ser violatorias de la autonomía municipal.
Este argumento se ampara en la Constitución Provincial, Título Segundo, “Municipios y Comunas”, donde se “asegura el régimen municipal basado en su autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional”.
Por otro lado, los expertos en Derecho Tributario advierten que el Consenso Fiscal forma parte del llamado Derecho Intrafederal, que reconoce como instancia jurídica superior a la Constitucional Nacional, y por debajo a las Constituciones Provinciales y cartas orgánicas municipales.
