Hace dos meses, a principios de diciembre, el gobernador Juan Schiaretti anunció la creación de una nueva Agencia del Estado, enfocada en “promover la inclusión digital de todos los habitantes de la provincia”. La Agencia de Conectividad es la octava en su tipo y entre otras funciones se ocupará de llevar adelante el Plan Conectividad Córdoba. El acceso a la conectividad se trata de un aspecto estratégico que debe ser contemplado como una política de Estado y que se acentuó con la pandemia del Covid-19, que evidenció la necesidad de brindar un servicio de Internet de calidad a los habitantes. En su presentación, el gobernador Schiaretti recalcó que la nueva entidad debe ser una estructura ágil y dinámica.
Tras ese anuncio, el 30 de diciembre pasado la Legislatura aprobó su creación y el bloque opositor de Juntos por el Cambio acompañó el proyecto del peronismo. Otros sectores de la oposición, como la Coalición Cívica, criticaron la necesidad de crear una nueva agencia, cuando ya hay un espacio dedicado a gestionar el Plan de Conectividad, como es la Secretaria de Conectividad. Uno de los principales proyectos de ese plan es el programa para iluminar unos 2.400 kilómetros de fibra óptica. Para esa obra hay un presupuesto de $645 millones, ya hubo una licitación con cinco oferentes y el ganador será comunicado en los próximos días.
Sin embargo, la gestión de la conectividad en la Provincia muestra hoy algunos puntos sin definición. Primero, porque la flamante Agencia de Conectividad aún no tiene estructura ni directorio definidos. Al cierre de esta edición esas equis no se habían despejado. Tampoco está claro el presupuesto definitivo con que trabajará la nueva sociedad del Estado. Por ahora se le designó un capital inicial de $5 millones, que puede multiplicarse varias veces más. Acefalía. Al escenario de indefinición se suma otro dato: la actual Secretaria de Conectividad, la antecesora de la Agencia y que depende del Ministerio de Coordinación, hoy está acéfala. El funcionario a cargo de esa área, Ignacio Gei, renunció en 2020, poco tiempo después de haber asumido, en diciembre de 2019. Su dimisión no fue comunicada ni se dieron detalles de su motivación.
Desde Coordinación de la Provincia remarcaron que en los próximos días se conocerá el resultado de la empresa adjudicataria de la obra de iluminación de fibra óptica y también que se está trabajando “puertas adentro” en la definición de la estructura, directorio y plan de trabajo de la nueva Agencia. ¿Será operadora? Otra de las incógnitas que aún resta resolverse en torno a la nueva Agencia del Estado es si se trata de una estructura que buscará ser operador y comercializador de servicios de Internet. Para ello debe tramitar una licencia de operador en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), algo que todavía no sucedió. Si logra una licencia, la Agencia podrá solicitar fondos frescos para encarar obras de infraestructura. Lo interesante es que se trata de aportes no reembolsables (ANR), que bajan de Nación y gestiona localmente el Enacom.
Desde esa entidad nacional subrayaron a PERFIL CÓRDOBA que sin licencia de prestador TIC, la Provincia no podrá calificar para los ANR. Esos fondos pueden usarse, por caso, para ampliar la conectividad de una red existente (el aporte es de hasta el 80% del costo de la obra) o para llevar Internet a los puntos donde las redes privadas no llegan porque no les genera negocio desembarcar en puntos con baja densidad poblacional. En ese caso la Nación tiene líneas que cubren hasta el 100% de los fondos necesarios. En el último semestre, el Enacom otorgó $66 millones en fondos no reembolsables para proyectos comunitarios y de cooperativas en el interior de Córdoba.
Poco contacto. Otro aspecto que merece atención es la poca interacción que hay entre los organismos nacionales y provinciales implicados en los planes de conectividad. Según testimonios de funcionarios del área, no hay articulación, ni mesa de trabajo, ni diseño de políticas públicas en conjunto. “La Provincia, desde el año pasado no tiene secretario de Conectividad, pese a que desde la Nación llegan aportes no reembolsables para obras y esos fondos van a parar a muchos licenciatarios del interior. Eso se hace sin intervención de la Provincia. Se han hecho articulaciones con municipios, cooperativas y universidades, pero nada con el gobierno”, remarca una fuente, reforzando la idea de desconexión actual entre esos estamentos.
