Durante la pandemia avanzaron las usurpaciones de terrenos y casas en un fenómeno que puede describirse de variado origen y con diferentes características. En Carlos Paz y alrededores, se produjeron tomas masivas y también ocupaciones individuales.
Fuentes de las fiscalías 2 y 3 de esa ciudad serrana advirtieron que en los últimos meses se presentaron un promedio de 20 denuncias en cada una. Son casos aislados, no organizados.
Al tiempo, hay avances en campos y lotes baldíos que aparentan ser planificados. El Diario de Carlos Paz dio cuenta de situaciones de esta naturaleza en San Nicolás, Cuesta Blanca y un intento frustrado en Villa Parque Siquiman.
El caso de Cuesta Blanca está a cargo de la fiscal de Instrucción, Jorgelina Gómez. Según fuentes judiciales, son unos 20 lotes los que fueron ocupados y donde grupos de personas comenzaron a levantar estructuras precarias pero que generan un asentamiento de hecho. La magistrada inició un relevamiento para identificar a las personas que se instalaron en las tierras que pertenecen a Cuesta Blanca SA. Lo curioso es que la firma propietaria no radicó la denuncia, sino que la hicieron vecinos de las tierras del conflicto. La presidenta de la Comuna, Andrea Jordán, dijo que anotició a la Policía sobre las presuntas irregularidades y en diálogo con la prensa local señaló que su capacidad de acción como autoridad administrativa es limitada.
El caso se ha judicializado y en la denuncia del grupo de vecinos atribuyen la autoría de las ocupaciones a una actividad articulada desde espacios político partidarios.
Previo a la apertura de este expediente, en agosto hubo denuncias por otras dos decenas de lotes usurpados que recayeron en la fiscalía de Ricardo Mazzuchi. Es posible que, de encontrarse conexidad entre esta causa y la radicada en la fiscalía de Jorgelina Gómez, terminen unificándose y tramitándose como un único expediente.
En la Justicia son conscientes de que los hechos se suceden con velocidad. “Se denuncia y a las horas o días ya se instalan y ahí el tema se complica”, opinó ante este medio un funcionario judicial reconociendo que las circunstancias se agravan.
Hay un antecedente en 2012 de una situación similar en la zona, más precisamente en Tala Huasi. En casas y terrenos aislados.
Hay otro fenómeno que también se vio favorecido por la imposibilidad de transitar entre departamentos o provincias. Dueños de casas se encontraron con la pésima sorpresa de que sus casas o lotes fueron violentados.
Este medio accedió a una presentación realizada el 23 de septiembre pasado. La titular dominial de un lote ubicado en Icho Cruz, que vive en Córdoba, denunció que recibió el aviso de vecinos de que habían corrido el alambrado. Certificó que es propietaria y que ejerce la posesión con facturas de consumo de energía, pago de tasas e impuestos. En pocos días, no sólo habían destruido el alambrado perimetral, sino que un grupo de personas ingresó y comenzó a levantar una especie de toldería donde ya están viviendo mayores y niños. En la Justicia explicaron que en estos casos se les da trámite de una usurpación común. En este momento, están identificando a los ‘okupas’, los que serán indagados y, una vez que ejerzan su derecho de defensa habrá orden de desalojo.
Hace 15 días, en barrio La Quinta, con orden judicial. se ejecutó un lanzamiento de personas que se habían instalado en una vivienda. Habían destrozado algunos ambientes. Finalmente terminaron desalojados. Hay casos que no son penales -explican en los tribunales- sino materia civil, como juicios de usucapión, acciones reivindicatorias. Hay un dato no menor, viviendas y lotes en estado de posesión, sin haber regularizado la titularidad dominial. Es otro costado que favorece el avance de las usurpaciones.
"EL FISCAL DEBE HACER CESAR EL DELITO"
El abogado de una damnificada por ocupaciones de terrenos se quejó ante este medio: “ Es un problema de política de persecución penal -dijo- el fiscal debe hacer cesar el efecto del delito”. Advirtió que los fiscales no aplican este criterio y que, a las usurpaciones de este tipo, les dan trámite como si se tratara de un delito común y corriente.
“No puede imperar esta lógica” subrayó y endilgó la ineficacia en la tramitación de estas causas a que no hay criterios claros desde la Fiscalía General, que es la cabeza del Ministerio Público Fiscal y por lo tanto tiene el “gobierno de la acción penal”.
