La pareja de un expresidiario fue el detonante de la causa contra el jefe penitenciario preso
En mayo ingresó una denuncia al Servicio Penitenciario de Córdoba. Disparó alertas y se
abrió un sumario administrativo interno en un marco de gran hermetismo.
CÁRCEL DE CRUZ DEL EJE. La pareja de un interno que recuperó la libertad denunció que le pidieron dinero para obtener beneficios. Así comenzó la investigación administrativa del Servicio Penitenciario que desembocó en un expediente penal. |
Cedoc Perfil
Sergio Guzmán fue subjefe del Complejo Carcelario Francisco Luchesse en Bouwer hasta el miércoles último, cuando fue detenido, tras numerosos allanamientos ordenados por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. Está imputado como jefe de una asociación ilícita. Inmediatamente el Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad y Penitenciarias le dio de baja
El resto de los detenidos fueron: el abogado Alfredo Ciocca y Ramón Salas, empleado de la Subsecretaría de Coordinación y Planificación del Ministerio de Gobierno y Seguridad de la Provincia. Ese mismo día fue desvinculado del cargo que ocupaba desde 2015. Sobre el expediente hay secreto de sumario y no se conocen detalles en relación a los hechos concretos que se endilgan a los acusados. Sólo trascendió que se trataría de un acuerdo entre los imputados para obtener dinero ofreciendo gestiones o documentos para mejorar la situación de los internos de las cárceles. Esa sería una modalidad, pero podría haber otras.
PERFIL CÓRDOBA pudo reconstruir el inicio de la pesquisa y confirmarlo de fuentes judiciales.
El 12 de mayo un interno que cumplía condena en el Complejo Penitenciario de Cruz del Eje obtuvo la libertad.
Una semana después, el 19 de mayo, su pareja se dirigió al Servicio Penitenciario y denunció a Guzmán quien, hasta el 31 de diciembre del año pasado fue la autoridad máxima de ese penal. La mujer dijo que le habían pedido dinero para mejorar la situación de encierro de su marido.
La denuncia generó sospechas. Inmediatamente las autoridades del Servicio Penitenciario abrieron un sumario administrativo interno y dieron participación al Tribunal de Conducta.
Con las conclusiones de la investigación preliminar, el 15 de junio el Servicio formalizó la denuncia en la Unidad Judicial de Delitos Económicos y la Fiscalía General asignó la causa al fiscal Gavier. Se sospecha que varios de los hechos imputados a los detenidos se habrían cometido en Cruz del Eje y que luego continuaron en Córdoba.
Guzmán estuvo en la jefatura del penal cruzdelejeño durante un año, hasta el 31 de diciembre pasado. El 1 de enero asumió como subjefe en Bouwer, cargo que ocupó hasta el miércoles pasado. La rotación de jefes es práctica obligatoria.
Desde 1999 cuando ingresó a la fuerza, no había tenido ninguna denuncia. Por orden del fiscal, está alojado en un sector especial de la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA).
ENCIERRO. Por lo menos 20 personas participan en la observación y elaboración de informes durante el tratamiento penitenciario de los detenidos. Esos documentos serían una de las claves de la investigación judicial.
LOS INFORMES DE DETENIDOS EN LA MIRA
El tratamiento penitenciario es progresivo. Durante el encierro los internos atraviesan distintas fases.
Cuando ingresan, la primera intervención consiste en una observación que realiza un equipo técnico interdisciplinario integrado por trabajadores sociales, psicólogos y médicos, entre otros especialistas. Se realiza un diagnóstico y se definen diferentes cuestiones, como el tratamiento que necesita el detenido según el delito cometido, si tiene consumos problemáticos de sustancias y criterios de agrupabilidad.
Durante el tratamiento progresa según su conducta y va adquiriendo autonomía y beneficios, como pueden ser mayor cantidad de visitas, actividades deportivas o educativas.
Los requisitos y sanciones están fijados en la ley nacional 24.660 y en los decretos reglamentarios con los que adhirió la Provincia de Córdoba. La última es la fase de confianza, que habilita el período de libertad condicional, para los que no son reincidentes en el delito, y de libertad asistida para el resto.
Durante todo este recorrido, a lo largo de meses o años, hay sucesivos informes del Equipo Técnico Interdisciplinario y un control por parte del Consejo Correccional, integrado por profesionales todos con rangos de jefe. En cada reporte intervienen, por lo menos, 20 personas de ambos equipos.
Finalmente, la solicitud de libertad la realiza el detenido ante el Juzgado de Ejecución Penal que pide, antes de resolver si la concede o no, una pericia a peritos del Poder Judicial.
¿Pueden ser alterados fácilmente los informes?
¿Puede haber ocurrido que Guzmán, Ciocca y Salas, con distintos roles, hayan fraguado o modificado algunos a cambio de pagos exigidos a las familias de los internos? En ese caso, Guzmán como jefe del penal de Cruz del Eje y subjefe en Bouwer, ¿fue detectado por pares o superiores que miraron para otro lado actuando con negligencia o complicidad?
¿Pueden haberse confabulado para traficar otro tipo de elementos y sustancias?
¿Pueden haber hecho promesas de brindar beneficios sin ni siquiera tener la posibilidad de cumplirlas?
Son algunas de las preguntas que se hacen los investigadores. En los próximos días, el fiscal Gavier indagará a los tres imputados y los defensores Julio Páez (de Sergio Guzmán), Sebastián Lazcano (de Alfredo Ciocca) y Norma Picco (de Ramón Salas) podrán conocer las pruebas que hay contra cada uno de ellos.
