Con las firmas del gobernador Juan Schiaretti; del ministro de Obras Públicas y Financiamiento, Ricardo Sosa y del Fiscal de Estado, Jorge Córdoba, llegó esta semana al recinto de la Unicameral un pedido de autorización para hacer uso del crédito por hasta US$ 500 millones. En sus argumentos, el Ejecutivo esgrimió la necesidad de “financiar obras públicas, realizar operaciones de cancelación o mejoramiento del perfil de la deuda, el rescate anticipado o la refinanciación de los títulos emitidos”.
La solicitud se produjo a cuatro meses de que el Gobierno recibiera el segundo tramo de US$150 millones -de un crédito de US$300 millones- otorgado por la Corporación Financiera Internacional (CFI) y un grupo de entidades privadas. Acerca de aquel desembolso, el ministro Sosa aseguró: “Nos garantiza la finalización de dos obras”, en alusión al cierre del anillo de la Circunvalación y el acceso este a la zona céntrica, por el puente Letizia, que desemboca en la Terminal de Ómnibus. El próximo jueves 18, Sosa acudirá al recinto para explicar a los legisladores cuáles son las obras que, eventualmente, se quedaron sin financiamiento y, llegado el caso, cuál es la estrategia para mejorar el perfil de la deuda en un contexto donde los bonos provinciales siguen arrojando tasas superiores al 10% anual en dólares. Sin agregar un solo dólar más, Córdoba tiene hoy un stock de deuda cinco veces superior al de Santa Fe ($95.839,70 millones vs. $19.081,70 millones)
¿Es este el mejor momento para engrosar los compromisos del Estado en moneda extranjera? “La idea es tener todo listo ante la eventualidad de que se presente una oportunidad para emitir deuda en el exterior. Se ve como poco probable, pero hay que estar preparados”, explican desde el Ministerio de Finanzas.
Alertas. Para la oposición, el endeudamiento acumulado es riesgoso. Según un estudio elaborado por los equipos técnicos del legislador Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal), “el stock de deuda saltó de $18.506 millones en el 2015 a casi $96.000 millones en la actualidad”. Medido en relación a los ingresos corrientes, “pasó de representar el 28% al 65%”, señala el informe y enfatiza: “En un distrito comparable como es Santa Fe, la deuda asciende al 11% de sus ingresos corrientes, lo que da a la provincia vecina un mayor margen de maniobra para enfrentar crisis y contener a los sectores vulnerables”.
Como consecuencia de los últimos procesos devaluatorios, las amortizaciones e intereses que vencen entre 2018 y 2028 ascienden a $198.523 millones, y esto es a un dólar de $39, valor considerado de “equilibrio inestable” ya que podría escalar unos puntos más hasta fin de año.
Aunque el Gobierno lo minimiza, lo cierto es que la disparada de la divisa hizo crecer en un 93% la agenda total de vencimientos que hay para los próximos 10 años. En términos comparativos, el endeudamiento que ya tiene la Provincia carga a cada ciudadano con una mochila de $56.721 por la próxima década.
Si la comparación se establece con el gasto social, la radiografía es más contundente: con lo que aumentó la deuda por la devaluación ($95.689,3 millones) se podrían cubrir 180 presupuestos anuales del Boleto Educativo Gratuito, construir 149 hospitales similares al Hospital de Niños de la Santísima Trinidad o financiar más de 1.200 presupuestos del Programa de Asistencia y Prevención de Adicciones.
Dicho de otro modo, los números reflejan que hasta el 2028 Córdoba arrastrará compromisos que son dos veces lo que hoy figura en sus planillas como stock de deuda, considerando las amortizaciones e intereses que vencen cada año.
Factor político. “La ambición por ganar elecciones los llevó a hacer obra pública faraónica sobre la base del endeudamiento en dólares. Ahora, pasó lo que tenía que pasar: el dólar se reacomodó y Córdoba quedó chocada. No tuvieron ningún tipo de prudencia ni de responsabilidad, por lo que terminaron hipotecando el futuro de la provincia”, afirma el legislador García Elorrio.
El impacto de la deuda sobre la competitividad de la economía no tardará en sentirse. De acuerdo a los cálculos realizados por los técnicos de Encuentro Vecinal, el endeudamiento significa actualmente el 5% del Producto Bruto Geográfico (PBG), cuando para jurisdicciones como Santa Fe su deuda representa el 1,2% del PBG o para Ciudad de Buenos Aires, el 3,2%. Según el último informe de Balanz sobre bonos provinciales, el stock de deuda de Córdoba respecto del PBG llega a 8,5%, siendo el mayor porcentaje de los últimos siete años.
En este marco, difícilmente el Gobierno pueda profundizar su política de reducción impositiva. A partir del año próximo crecen significativamente los vencimientos, estando en el 2021 la cuesta más difícil de escalar: se deben cancelar $44.385,2 millones.
Según García Elorrio, la Provincia no puede seguir desconociendo que “la evolución de sus ingresos en pesos está más inestable que nunca y no hay seguridades, a corto ni a mediano plazo, sobre la cotización del dólar”.
Todas las señales respecto de que se aproxima una relación estresante entre ingresos y deuda en dólares están dadas: el FMI anticipó que la economía nacional se contraerá un 2,6% este año y un 1,6% en el 2019. Adicionalmente, la negociación por el Presupuesto Nacional 2019 comenzó a tirar abajo ítems de recaudación extra con que contaban las provincias (caso, exenciones a Ganancias). En paralelo, la Reserva Federal sigue su plan de aumento de tasas (pasó de 2,8% a 3,2% entre agosto y la última semana); esta decisión se traducirá en un avance del dólar a nivel global y también en el deterioro de la performance de los bonos, en particular de mercados emergentes.
Decisiones de riesgo. Los cuatro bonos de Córdoba (PDCAR21, CO26, CO24 y PDCAR 27) que actualmente están en el mercado gozan todavía del prestigio de una relación saludable entre intereses a pagar y total de gastos. “Es uno de los más bajos, con 2,1% en el primer semestre del 2018, clasificando solo por detrás de Santa Fe (0,57%) en esta categoría”, informa Balanz.
“Córdoba aún mantiene el optimismo de que será capaz de emitir US$ 500 millones en los mercados de capital para mantener el impulso de su programa de inversión en obras públicas. La preparación legal (de una eventual emisión) se ha completado y el prospecto está listo para su uso si la ventana del mercado se vuelve a abrir para la emisión sub-soberana”, revela Balanz en su informe. Y esta fuente también aclara: “Para todo el 2018, el equipo de Córdoba espera un leve deterioro en el déficit financiero ($ 2.900 millones) y en la brecha primaria ($ 2.500 millones). En cualquier otro emisor provincial de nuestro universo de cobertura, este deslizamiento fiscal sería un motivo de preocupación, pero atribuimos estos déficits al programa de gasto en obras públicas”.
De cara a un 2019 netamente político en el que conservar el poder o perderlo puede hacer toda la diferencia para Unión por Córdoba (UPC), la disyuntiva es: se conserva el prestigio fiscal para honrar las deudas existentes sin desatender otros frentes igualmente estratégicos (como el social), o se juega al límite de la responsabilidad fiscal para no abandonar el plan de obra pública ni hacer esfuerzos de recortes de gastos.
LA PERSPECTIVA DE BALANZ
“DIFÍCIL COLOCAR DEUDA A UNA TASA CONVENIENTE”
“Actualmente los dos principales bonos de Córdoba (Pdcar21 y Pdcar 27) operan con un rendimiento en torno al 10,2% /11,2%, por lo que la tasa de una nueva colocación debería rondar esos valores”, afirma Joaquín Olivera, Head of Research de Balanz. PERFIL CORDOBA dialogó con el experto sobre el contexto para una virtual nueva salida de la Provincia al mercado de deuda.
-¿Cuál es la percepción del mercado y los ratios que tienen hoy los títulos emitidos por Córdoba?
Los bonos de la Provincia de Córdoba mostraron un rebote en las últimas semanas desde niveles del 14% a valores cercanos a 10,2% en las últimas jornadas. Desde nuestro punto de vista, los fundamentos de Córdoba son de los más sólidos del universo provincial. La economía tiene una importante matriz exportadora, tanto industrial como agropecuaria, que se está viendo beneficiada con la fuerte devaluación de este año. En términos fiscales, la Provincia ha venido mostrando en los últimos años un resultado económico fuertemente superavitario que ha sido utilizado para financiar obras de capital. El gasto en intereses de deuda es de apenas 2,1% del gasto total.
-¿Existe posibilidad de que una provincia tome hoy nuevo endeudamiento? ¿Qué tasa le pedirían?
- Dado el difícil contexto económico por el que atraviesa el país vemos difícil que la Provincia logre colocar deuda de largo plazo a tasas convenientes. Actualmente, los dos principales bonos (Pdcar21 y Pdcar 27) operan con un rendimiento en torno al 10,2%/11,2%, por lo que la tasa de colocación debería rondar esos valores.
-¿Para endeudarse necesitaría autorización de la Nación?¿Hay algún condicionamiento del FMI?
Las provincias necesitan el aval de Nación para salir a emitir en mercados internacionales. Sin embargo, teniendo en cuenta que Nación ya tiene completo todo su programa financiero para este año y que la Provincia de Córdoba tiene sus cuentas fiscales en línea, no vemos ninguna razón para que el Gobierno nacional bloquee una potencial emisión.
-¿Si se analiza la relación deuda / ingresos totales: aún es una relación con capacidad de repago?
El ratio deuda/ingresos de la Provincia se ubica por debajo del 40,0%, un número muy saludable si se lo compara con provincias de alto rating crediticio como Ciudad de Buenos Aires (40,9%) y Mendoza (55,8%). Creemos que este ratio es manejable dada la performance fiscal que viene mostrando la Provincia en los primeros seis meses del año en donde acumula un superávit primario de $3.102 millones, lo que representa una mejora interanual del 50,4%.
BEE SELLARES: “DEUDA ES 3,5 VECES PLAN DE OBRA”
“Según nuestros estudios, la deuda de la Provincia asciende a $146.202 millones al tipo de cambio de hoy (BNA $38). Un número inmanejable y equivalente a casi tres veces y medio el plan de obras públicas anunciado para este año”, afirmó el legislador Javier Bee Sellares (UCR - Cambiemos). De acuerdo a su análisis, se trata de un volumen “impagable”, por eso “se hace necesario el funcionamiento de una comisión de seguimiento en la Unicameral”, sostuvo.
Bee Sellares apuntó, también, que “esta situación se da en momentos en que seguimos buscando información transparente y certera respecto a los costos y comisiones que se pagaron en oportunidades anteriores, así como quiénes fueron los intermediarios, en qué lugar fueron depositados los fondos y cuáles han sido las inversiones que se realizaron”.
