La madrugada del 6 agosto del 2020, en un control policial, asesina ron a Valentino Blas Correas. Tenía solo 17 años. A d e m á s d e dispararle, los policías intentaron encubrir el crimen plantando un arma.
Pasaron nueve meses de aquella tragedia para la familia de Blas y del estupor que se extendió en toda la sociedad cordobesa. Mientras el dolor de los allegados se acrecienta, una causa judicial con fuerte impacto político avanza en los tribunales locales.
Hasta el momento la investigación tiene 19 imputados, ocho policías presos y varios jefes policiales involucrados con diferentes responsabilidades. La causa madre, en manos del fiscal José Mana, es en la que se investigan específicamente todas las circunstancias del crimen de Blas.
La investigación, por decisión del propio fiscal, se diversificó y las responsabilidades funcionales de policías y de autoridades policiales fue derivada al fiscal anticorrupción, Matías Bornancini.
La reciente imputación para Ana Becerra, la titular del tribunal de conducta policial, por abuso de autoridad, generó sorpresa y preocupación en jefatura, en el Ministerio de Seguridad y en todo el Centro Cívico.
Si bien desde lo formal aseguran que “son respetuosos de las decisiones judiciales”, la acusación a Becerra retumbó con fuerzas en el Gobierno provincial.
Diversas fuentes ligadas a la causa, sostienen con firmeza que esto es haber llegado “al punto cero de la investigación”. Desde otro lugar, afirman que los cargos, tanto para Becerra como para el comisario retirado Gonzalo Cumplido, serán difíciles de sostener jurídicamente.
A la titular del tribunal de conducta policial, el fiscal Bornancini la responsabiliza por haber dejado en funciones operativas al policía Lucas Gómez, a pesar de tener en sus espaldas una imputación por encubrimiento en la causa de un violador serial de La Calera.
Lucas Gómez está acusado del homicidio de Blas. La primera conclusión es que, de no haber tenido en actividad a este policía, probablemente la historia de Blas hubiese sido diferente. El otro agente acusado del crimen del adolescente también estaba imputado en el momento de los hechos.
Ana Becerra se defendió asegurando que le levantaron la situación pasiva a Gómez porque “no teníamos más pruebas, pero quedó atado al juicio”. “Pasaron muchos años y el juicio aún no se hizo. El tribunal de conducta policial no es quien retira o devuelve un arma, es la fuerza policial. Nosotros desde el tribunal sólo dictamos una situación pasiva o la levantamos. Somos un tribunal administrativo y civil, con las armas no tenemos contacto”, completó Becerra.
Por ahora, el Gobierno provincial sostiene en el cargo a la imputada, aunque la puesta en marcha del nuevo tribunal de conducta policial podría marcar una “sutil salida” de sus funciones.
Este nuevo órgano, encargado de controlar y sancionar a los policías, espera la reglamentación del gobernador. Según el texto de la ley, aprobado a finales del año pasado, este nuevo ente, denominado Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, tendrá como objetivo “instituir un mecanismo de control externo, civil, democrático, autónomo, transparente y eficaz de la actuación de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Córdoba, mediante la prevención, investigación y eventual sanción de las faltas disciplinarias”.
En concreto, la intención es que el control y la eventual sanción de policías no quede en manos de la propia fuerza, como es en la actualidad.
La ley aprobada deja expresamente aclarado que el personal en actividad o en situación de retiro de las Fuerzas Armadas o de seguridad no pueden ser miembros del Tribunal de Conducta ni de la Dirección General de Control e Investigación.
El control principal del nuevo órgano estará en manos del Ministerio Público Fiscal y será la Fiscalía General la que tendrá que designar a la persona que presidirá el tribunal. Allí surge la posibilidad concreta de que, en un breve lapso, Ana Becerra sea reemplazada.
En la semana también resurgieron algunos rumores de una posible salida de Alfonso Mosquera de la cartera de Seguridad, aunque por el momento eso fue desmentido.
Mosquera, Cumplido y una fuerte acusación. Durante los operativos policiales del año pasado, en plenas restricciones por la pandemia, era muy habitual observar juntos al ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y al, por entonces, subdirector de Seguridad de la zona Sur, el comisario Gonzalo Cumplido. El caso Blas determinó meses después la salida de la fuerza de Cumplido, una imputación en su contra y una dura acusación de su parte al ministro.
Según declaró el propio Cumplido, “existe un complot político y policial en contra de mi persona. Mosquera se comportó de manera miserable, me traicionó”.
El excomisario sostiene que Mosquera y también el ex jefe de la policía, Gustavo Vélez, le prometieron resguardarlo y no cumplieron.
Cuatro meses después del crimen de Blas, Gonzalo Cumplido fue pasado a retiro. En marzo, el fiscal José Mana lo imputó por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo responsabiliza por no haber estado en la escena del crimen donde mataron a Blas.
Después de la imputación, el fiscal Mana resolvió que las obligaciones funcionales de los policías sean investigadas por la fiscalía Penal Económica. Allegados a la causa, aseguran que el fiscal Mana se apresuró en la imputación a Cumplido, porque en todo caso, ese reproche penal le debería haber correspondido al fiscal anticorrupción.
Según pudo saber este diario, mediante varias fuentes consultadas, el asesor letrado de la policía cuando declaró en la fiscalía a cargo de Bornancini y tuvo que explicar los procedimientos internos, habría asegurado que según las normas policiales vigentes, el personal superior no está obligado a estar en el lugar del operativo, en el momento de los hechos.
En esta semana Gonzalo Cumplido va a declarar en la fiscalía Anticorrupción, a cargo del fiscal Franco Mondino, cuando solicitará ser sobreseído, “Tengo pruebas contundentes para aportar a la causa y demostrar mi verdad”, le aseguró a PERFIL CÓRDOBA el excomisario.
Además, tiene previsto exigirle explicaciones al fiscal José Mana y hasta evalúa una posible denuncia. También demandará al Gobierno provincial porque considera haber sufrido daños y perjuicios económicos y psicológicos.
Policías presos. Javier Alarcón y Lucas Gómez son los efectivos acusados como coautores de homicidio calificado agravado y homicidio calificado agravado en grado de tentativa. Lucas Gómez es quien habría hecho el disparo mortal que mató a Blas. Los comisarios inspectores Walter Soria y Jorge Ariel Galleguillo y el subcomisario Enzo Gustavo Quiroga, están acusados por encubrimiento agravado y omisión de deberes de funcionario público. La misma imputación corre para el subcomisario Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel y Yamila Florencia Martínez. Las policías mujeres, se encuentran bajo el régimen de la prisión domiciliaria.
Imputados, pero libres. Ana Becerra, titular del tribunal de conducta policial, acusada por abuso de autoridad. El comisario retirado Gonzalo Cumplido acusado por violación de los deberes de funcionario público.
El comisario inspector José Antonio Gatica por encubrimiento agravado.
También están imputados por falso testimonio y encubrimiento agravado el cabo Leonardo Alejandro Martínez, el cabo Leandro Alexis Quevedo, el oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez y el agente Rodrigo Emanuel Toloza.
Por lesiones leves está imputado el cabo Ezequiel Henot, se lo acusa de haber golpeado al conductor del Fiat Argo en el que iban Blas y sus amigos.
Además, hay tres imputados por haberle negado la atención en la clínica Aconcagua. Se los acusa por omisión de auxilio y abandono de persona a Fernando Casalino, Guadalupe Moya y Andrea Mezzaccapo.
